'Penenes'

El pasado martes 29 de septiembre se recog¨ªan en las p¨¢ginas de Educaci¨®n de EL PAIS algunas declaraciones hechas telef¨®nicamente por m¨ª como responsable de Universidad de CC OO que, quiz¨¢ por una redacci¨®n poco afortunada, cuya responsabilidad no puedo asumir, han herido, l¨®gicamente, la susceptibilidad de algunos rectores, por lo que, como portavoz de CC OO al respecto, creo necesario hacer algunas puntualizaciones, que no dudo usted no tendr¨¢ inconveniente en publicar.La posici¨®n de las Comisiones Obreras de la Ense?anza ha sido siempre clara sobre el tema de los PNN y la fecha del 30 de septiembre: las disposiciones de la LRU no podr¨ªan entrar en vigor en dicha fecha salvo que se violentase la propia ley. Y en esa convicci¨®n, basada en el conocimiento de datos reales, hemos defendido por todos los medios -desde los intentos de negociaci¨®n hasta la huelga legal- la imperiosa necesidad de modificar la transitoria 10.2 de la LRU y trasladar la fecha de entrada en vigor de las disposiciones sobre profesorado a octubre de 1992, horizonte al que el ministerio ajusta la dotaci¨®n financiera necesaria seg¨²n sus c¨¢lculos (bastante deficientes, por otra parte). Ello habr¨ªa permitido que el proceso de elaboraci¨®n de plantillas tuviera en cuenta las necesidades docentes e investigadoras de la reforma de los planes de estudio, cuyo plazo de sometimiento a informaci¨®n p¨²blica se ha abierto el pasado 4 de octubre.

La negativa del ministerio, acuciado por la necesidad de presentar resultados, ha hecho que los criterios de racionalidad en la discusi¨®n pasaran a segundo plano y, lo que es a¨²n m¨¢s peligroso, se han distorsionado desde la propia Direcci¨®n General de Ense?anza Superior los contenidos legales y se ha presionado a las universidades, cuya autonom¨ªa tanto dice el director general respetar, para que sin excusa ni demora transformaran sus plantillas.

Los rectores y las juntas de gobierno se han visto as¨ª cogidos entre dos fuegos: la obligaci¨®n de seguir prestando el servicio p¨²blico a la sociedad que es el funcionamiento de la Universidad y el cumplimiento de la disposici¨®n legal que, aplicada al tenor de la ley, hac¨ªa imposible dicho funcionamiento. En esta disyuntiva, cada universidad y seg¨²n el talante m¨¢s o menos democr¨¢tico de los equipos de gobierno y la mayor o menor fuerza de las organizaciones sindicales, ha llegado a soluciones de compromiso cuyo objetivo era iniciar el curso con normalidad, aunque no a cualquier precio. Pero el problema sigue en pie y nuestra denuncia al MEC, que no a los equipos rectorales democr¨¢ticos, tambi¨¦n.-

Responsable de Universidad de la Federaci¨®n de Ense?anza de CC OO.