El Supremo pide al Congreso que levante la inmunidad de ?balos al apreciar ¡°indicios cualificados¡± de que cometi¨® al menos cuatro delitos

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor de la causa abierta por posibles irregularidades en el Ministerio de Transportes durante la etapa de Jos¨¦ Luis ?balos, ha dictado este mi¨¦rcoles un auto en el que acuerda pedir permiso al Congreso de los Diputados para suspender la inmunidad del exministro al haber encontrado contra ¨¦l ¡°indicios bastantes¡± de la posible comisi¨®n de, al menos, cuatro delitos: integraci¨®n en organizaci¨®n criminal, tr¨¢fico de influencias, cohecho y malversaci¨®n. El instructor entiende que ¡°ha llegado un momento en el que la constancia de indicios cualificados¡± de la posible participaci¨®n de ?balos en los hechos hace imprescindible recabar la autorizaci¨®n de la C¨¢mara para avanzar en la investigaci¨®n. La presidenta del Supremo, Isabel Perell¨®, se dirigir¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas al Congreso para cursar el denominado suplicatorio, el permiso necesario para investigar a los diputados.

El instructor del Supremo no ha esperado ni 24 horas desde que, este martes, acabara la ronda de declaraciones de los tres imputados en la causa para solicitar el fin de la inmunidad de ?balos, que mantiene el blindaje de los aforados al pasarse al Grupo Mixto del Congreso despu¨¦s de que el PSOE le reclamara el acta cuando estall¨® el caso. En un auto dictado este mi¨¦rcoles, el juez advierte de que las declaraciones prestadas esta semana por el principal comisionista de la trama, el empresario V¨ªctor de Aldama, y el que fuera el asesor de ?balos, Koldo Garc¨ªa, as¨ª como la del propio exministro del pasado jueves, han apuntalado los indicios que ya exist¨ªan contra todos ellos.

¡°Existen elementos bastantes para, siempre en los t¨¦rminos indiciarios que resultan propios de la fase procesal en la que nos encontramos, considerar que el aforado pudiera, prevali¨¦ndose de su condici¨®n de Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), y a cambio de determinados beneficios econ¨®micos que obtuvo por ello para s¨ª, haber determinado la adjudicaci¨®n de varios contratos de la Administraci¨®n p¨²blica o  el sector p¨²blico institucional con empresas privadas, en el marco de la situaci¨®n de emergencia determinada por la pandemia del Covid-19, en particular relativos a la adquisici¨®n, por v¨ªa de urgencia y emergencia, de material sanitario, mascarillas, trajes especiales y laboratorios para identificar vestigios de la enfermedad¡±, se?ala el instructor.

El funcionamiento de la trama

El magistrado considera que, con lo investigado hasta ahora, se puede hacer ya un esquema muy detallado de c¨®mo funcionaba la red corrupta que se teji¨® en el Ministerio de Transportes aprovechando la ausencia de controles para la compra de material sanitario durante la pandemia. Y en esa trama, seg¨²n el instructor, participaron los tres investigados por el Supremo, cada uno con su papel. El juez ve indicios de que el empresario Aldama se aprovech¨® de ¡°la relaci¨®n personal¡± que le un¨ªa con ?balos y con Koldo Garc¨ªa para obtener informaci¨®n previa sobre las necesidades derivadas de la urgencia sanitaria, lo que le permiti¨® articular una oferta para asegurar la adjudicaci¨®n del contrato de suministro de ocho millones de mascarillas en favor de la empresa Soluciones de Gesti¨®n, con cuyo due?o hab¨ªa colaborado en otros negocios. El magistrado Puente cree que Aldama podr¨ªa haber logrado tambi¨¦n, ¡°antes y despu¨¦s, por un procedimiento semejante¡±, la adjudicaci¨®n de otros contratos con la Administraci¨®n p¨²blica.

El juez no detalla los contratos bajo sospecha, pero la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha puesto el foco a los que Soluciones de Gesti¨®n y dos empresas de Aldama firmaron con Adif, el ministerio del Interior y las comunidades de Baleares y Canarias. El Ministerio P¨²blico cifra en 15 millones de euros las ganancias de la trama solo por la venta de mascarillas (las compraban a 1,5 euros en China y las vend¨ªa a 2,5 en Espa?a).

Los resultados obtenidos hasta ahora en la investigaci¨®n, seg¨²n el juez, apuntan a que Koldo Garc¨ªa interven¨ªa activamente en la contrataci¨®n, gestionaba los contratos de adjudicaciones a las empresas y, al tiempo, realizaba operaciones para ocultar los cobros recibidos de la organizaci¨®n. ?balos, a?ade el magistrado, tambi¨¦n interven¨ªa en esas operaciones, ¡°personalmente y utilizando los oficios de su asesor en el Ministerio¡± e, indiciariamente, ¡°disfrutando de los il¨ªcitos beneficios econ¨®micos que tales actuaciones pudieran haberle generado¡±.

Indicios contra ?balos

?balos neg¨® en su declaraci¨®n ante el instructor haber recibido cualquier tipo de contraprestaci¨®n por la adjudicaci¨®n de la compra de material sanitario o de contratos de obras a determinadas empresas. Pero, seg¨²n el juez, lo afirmado por el exministro ¡°no se aviene¡± con los indicios recabados hasta ahora en la investigaci¨®n a partir de las declaraciones de los investigados, la intervenci¨®n de los tel¨¦fonos de Aldama y Koldo Garc¨ªa y los registros en los domicilios de ambos. En el caso de ?balos, al estar aforado, el juez no ha podido a¨²n practicar ninguna prueba similar, por lo que necesita que el Congreso le levante la inmunidad para poder avanzar en la instrucci¨®n. El suplicatorio tambi¨¦n permitir¨¢ al instructor indagar en las cuentas y propiedades del ahora diputado del Grupo Mixto para poder determinar si, como se aprecia en los casos de Aldama y Koldo Garc¨ªa, ha experimentado un incremento patrimonial que podr¨ªa vincularse al supuesto cobro de comisiones.

No obstante, con los datos que ya se han recabado y que ha dado por acreditados la Guardia Civil en sus informes, el juez considera que ?balos, al menos, pudo haberse beneficiado econ¨®micamente con el pago, por parte de Aldama o de personas terceras por ¨¦l interpuestas, del alquiler de la vivienda en la que resid¨ªa quien fuera entonces su pareja; as¨ª como que tambi¨¦n podr¨ªa haber concertado con las empresas de la trama el alquiler con opci¨®n a compra de un chalet en C¨¢diz; y haber obtenido de Aldama otro contrato de alquiler con opci¨®n a compra de un piso de unos 250 metros cuadrados en el Paseo de la Castellana de Madrid en el que se fijaba un precio de venta (750.000 euros), para el caso de que se ejercitara esa opci¨®n, ¡°aparentemente muy inferior al de mercado¡±, advierte el instructor.

El magistrado Puente ha remitido la exposici¨®n razonada con los indicios recabados hasta ahora al presidente de la Sala Penal para que, tras el visto bueno de la sala, se env¨ªe a la presidenta del Supremo, que es quien debe cursar el suplicatorio a la Presidencia del Congreso de los Diputados. Seg¨²n el reglamento del Congreso, una vez que la presidenta, Francina Armengol, reciba esa petici¨®n, debe llevarlo a la Mesa de la C¨¢mara, y, tras el acuerdo de esta, enviarlo a la Comisi¨®n del Estatuto de los Diputados en el plazo de cinco d¨ªas. Esta comisi¨®n dispone de un mes para debatir la propuesta, que despu¨¦s se someter¨¢ a votaci¨®n en el primer pleno ordinario de la C¨¢mara. El pr¨®ximo previsto es en febrero y, seg¨²n fuentes parlamentarias, en principio hay tiempo suficiente para completar la tramitaci¨®n y que el suplicatorio se vote en esa sesi¨®n. Fuentes socialistas se?alan que, cuando llegue el momento, apoyar¨¢ la concesi¨®n del suplicatorio para investigar a quien fuera su secretario de Organizaci¨®n.