Desde la sociedad civil

Los autores exponen los objetivos de reforma de la actual situaci¨®n judicial que animan al I Congreso Asamblea de Gentes del Derecho del Estado Espa?ol, cuya celebraci¨®n est¨¢ prevista los d¨ªas 21 y 22 de noviembre en Madrid. A su juicio, existe una alternativa progresista al actual caos de la justicia.

Los d¨ªas 21 y 22 de noviembre se va a celebrar en Madrid el I Congreso Asamblea de Gentes del Derecho del Estado Espa?ol, bajo el lema La justicia tiene soluci¨®n, en el que se pretende ofrecer un an¨¢lisis de la situaci¨®n legislativa posconstitucional y de la pr¨¢ctica jurisdiccional, ofreciendo una salida alternativa a la situaci¨®n lamentable de la Administraci¨®n de justicia en Espa?a.La convocatoria ofrece todos los ingredientes para que tenga una amplia resonancia en la sociedad espa?ola, porque es la primera vez que los distintos agentes que trabajan en o para la Administraci¨®n de justicia se unen para discutir y encontrar soluciones, con un esp¨ªritu enmarcado en el cumplimiento y desarrollo de los principios constitucionales, e intentando superar cualquier prejuicio corporativo. Bastar¨ªa esto para justificar este congreso-asamblea, que, en principio, se ha puesto la meta de congregar a 1.000 personas de todo el Estado relacionadas con el derecho: jueces y fiscales, secretarios judiciales, oficiales, auxiliares y agentes de la Administraci¨®n de justicia, procuradores, abogados y asociaciones de usuarios de la justicia, con el objeto de encontrar y proponer una salida progresista a la situaci¨®n ca¨®tica en que se encuentra.

El momento, por otra parte, es ¨®ptimo, porque desde los sectores m¨¢s conservadores y corporativos se est¨¢ intentando dar una imagen de que no existe salida posible al caos reinante si no se deja de atosigar a los funcionarios de la justicia, porque, seg¨²n ellos, est¨¢n siendo acosados por una campa?a de desprestigio, no s¨®lo en lo que ata?e a su profesionalidad, sino tambi¨¦n a su honestidad, con continuos ataques en la Prensa y viendo adem¨¢s c¨®mo parte de sus compa?eros se encuentran procesados por la posible comisi¨®n de distintos delitos.

Adem¨¢s de dejar a este sector del funcionariado libre de toda cr¨ªtica p¨²blica, se pretende transmitir que la Administraci¨®n de justicia no funciona, ¨²nica y exclusivamente porque est¨¢ deficientemente dotada de medios materiales y humanos. Soluci¨®n, pedir la duplicaci¨®n del n¨²mero de juzgados existentes, como medida complementaria a la anterior, para poder solucionar m¨ªnimamente el caos reinante. Para este sector, no es cierto lo obvio y conocido por todos los ciudadanos, y mucho m¨¢s por aquellos que desgraciadamente est¨¢n o han estado sometidos a cualquier procedimiento judicial. Que la justicia es lenta, que el principio de inmediaci¨®n no se cumple, que existe corrupci¨®n, que muchos abogados no tienen un comportamiento m¨ªnimamente ¨¦tico, que la figura del procurador es cuando menos cuestionable, que el fiscal pr¨¢cticamente se limita a dar contenido jur¨ªdico al atestado acusatorio, que no se sabe cu¨¢l es la funci¨®n del secretario judicial y que es muy dif¨ªcil, cuando se entra a una oficina judicial, distinguir, por ejemplo, a un oficial de un administrativo u otras tantas disfunciones que el entorno de la justicia padece.

Salida constitucional

Por el contrario, existe otro sector, que se cree socialmente minoritario y que Pretendemos demostrar que no lo es, que, aun partiendo de una posici¨®n muy cr¨ªtica al actual estado de lajusticia, piensa que existe una salida, pero que ¨¦sta se encuentra inexorablemente unida al cumplimiento y desarrollo de los principios constitucionales, y que hay tiempo para recuperar la ocasi¨®n perdida por la ley org¨¢nica del Poder Judicial. Todav¨ªa el Gobierno puede y debe tener una pol¨ªtica coherente y valiente para reformar la Administraci¨®n de justicia, y todas las medidas que se tomen en aras de racionalizar la oficina judicial, de hacer cumplir los principios de celeridad, inmediaci¨®n y oralidad, ser¨¢n apoyadas no s¨®lo por gran parte de los profesionales y funcionarios del derecho, sino por todos los ciudadanos con un m¨ªnimo de sensibilidad.Porque -y se ha dicho ya en incontables ocasiones- la obligaci¨®n de los jueces no es s¨®lo la de juzgar, sino tambi¨¦n, y en el mismo grado de importancia, hacer ejecutar lo juzgado. De lo contrario, nos encontrar¨ªamos, como sucede en la actualidad, con que, al no cumplirse lo fallado en un plazo m¨ªnimamente razonable y en algunos casos al no cumplirse nunca, se quiebra totalmente a efectos reales el Estado de derecho, y generalmente por la parte m¨¢s d¨¦bil del tejido social. En contrapartida, se deja impune a toda una serie de personas o entidades judiciales, que pasan ol¨ªmpicamente de las resoluciones judiciales, porque saben que de esta actuaci¨®n antisocial no se va a derivar consecuencia alguna en el peor de los casos, o va a resultar menos gravoso su cumplimiento que si lo hubiera ejecutado en el momento de la condena.

A este desprecio por las resoluciones judiciales se apuntan las distintas administraciones p¨²blicas, demorando de forma indignante el cumplimiento de lo fallado y recurriendo las sentencias de forma sistem¨¢tica, con la ¨²nica intenci¨®n de demorar a¨²n m¨¢s si es posible su cumplimiento. Adem¨¢s, a las Administraciones p¨²blicas les incumbe, sobre todo en algunas jurisdicciones -como puede ser la laboral-, el aumento caprichoso de la litigiosidad, no concediendo pensiones, restringiendo las mismas, etc¨¦tera, cuando ya los tribunales se han manifestado con reiteraci¨®n en considerar no ajustados a derecho criterios de los organismos administrativos en aplicaci¨®n de una determinada norma.

Procedimiento judicial

Este estado de cosas es evidente que no se puede mantener por mucho tiempo, y que es acuciante poner en marcha las medidas para su soluci¨®n, con voluntad pol¨ªtica, sin que quepan m¨¢s actuaciones diletantes a la hora de afrontar los problemas planteados, teniendo en cuenta que la justicia es un servicio p¨²blico, ya que nuestra Constituci¨®n establece que la misma emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados. Por tanto, el impulso de cualquier reforma que se establezca debe estar dirigido a hacer realidad esa declaraci¨®n de principios, sin que para ello pueda ser obst¨¢culo cualquier reivindicaci¨®n corporativa de ning¨²n sector profesional.Conclusi¨®n imprescindible para seguir esa l¨ªnea de actuaci¨®n pol¨ªtica es aflorar al conjunto de la sociedad los problemas existentes, para poder contar con su apoyo en aquellas medidas dr¨¢sticas que se deban adoptar, y que, sin duda alguna, como ha ocurrido hasta el presente, van a intentar boicotear sectores profesionales de todos conocidos, que por ideolog¨ªa o intereses puramente ego¨ªstas pretenden que las cosas sigan como est¨¢n o, mejor a¨²n, retornen a un pasado reciente. Por ello, en las discusiones del congreso no vamos a obviar ning¨²n tema de discusi¨®n, afecte o no a un colectivo profesional determinado o de su an¨¢lisis se derive una mayor o menor cr¨ªtica a la pol¨ªtica gubernamental referida a la justicia. M¨¢xime si se tiene en cuenta que el colectivo-n¨²cleo en la aplicaci¨®n de la justicia -los jueces y magistrados- est¨¢ sometido, bien es cierto que por el impulso de unos cuantos, a un proceso de autocr¨ªtica social, lo que legitima una discusi¨®n sin ambages, y en la que abogados, fiscales, procuradores, secretarios judiciales y funcionarios de la Administraci¨®n de justicia estamos dispuestos a entrar, con el ¨²nico objeto de que la justicia funcione y se convierta en un aut¨¦ntico servicio p¨²blico, que es de la ¨²nica forma que puede cumplir uno de sus m¨¢s importantes fines: ser modificadora, hacia la solidaridad, de los comportamientos individuales y sociales. El congreso asamblea nace, en definitiva, porque estamos convencidos de que para que nuestro Estado social y democr¨¢tico de derecho no sea una mera enumeraci¨®n te¨®rica sin contenido, es necesaria una serie de medidas tendentes a que se utilicen todos los recursos existentes, antes de producir nuevos incrementos de oficinas sin que previamente se haya modificado el procedimiento judicial y evaluando con justeza las necesidades, tanto para intentar poner al d¨ªa lo atrasado como para que en el futuro no se puedan producir situaciones como la actual. Para que, en definitiva, la justicia sea r¨¢pida, oral y practicada por el juez natural, como exige nuestro texto constitucional.