La juez Huerta pide que se procese a 12 guardias civiles del 'caso Linaza'
La magistrada Mar¨ªa Elisabeth Huerta, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Bilbao, considera que existen indicios delictivos de dos oficiales, un suboficial, un cabo y ocho n¨²meros de la Guardia Civil, a los que se acusa de malos tratos, prevaricaci¨®n, denegaci¨®n de auxilio y falsificaci¨®n de documento oficial. As¨ª lo indica en un auto por el que remite a la Audiencia Provincial las diligencias por presuntos malos tratos a Tom¨¢s Linaza. Este tribunal deber¨¢ decidir sobre el procesamiento de esos 12 miembros de la Guardia Civil.
La resoluci¨®n de la juez pone fin a una instrucci¨®n de tres a?os, marcada en septiembre de 1986 por un serio conflicto entre el Gobierno y el poder judicial, al ordenar el Ministerio del Interior a 90 guardias civiles que desatendieron la orden de comparecencia a las ruedas de identificaci¨®n. La orden fue conocida y aprobada por el Ministerio de Justicia y el presidente Felipe Gonz¨¢lez.Los miembros del instituto armado cuya participaci¨®n en los hechos se considera probada indiciariamente son el sargento Alfredo Serrano Pastor y el n¨²mero Lucio de Sosa Robledo, por un supuesto delito de malos tratos, y el comandante Jos¨¦ Mart¨ªn Llevot, el capit¨¢n Rafael Masa Gonz¨¢lez, el cabo ?ngel Fuente Romero y los n¨²meros Juli¨¢n P¨¦rez Montesinos, Miguel Caballero S¨¢nchez, Paulino Santos Campa?a, Felipe Mateos Robles, Diego Cer¨®n Garc¨ªa, Santiago L¨®pez Rico y Eduardo Herrero Prieto, por un presunto delito de prevaricaci¨®n.
El procesamiento de los guardias civiles es competencia de las audiencias provinciales, y no de los jueces de instrucci¨®n, de acuerdo con la ley de Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado.
Los dos oficiales son presuntos autores de otro delito de denegaci¨®n de auxilio, y el comandante, adem¨¢s, de un delito de falsificaci¨®n de documento oficial.
El C¨®digo Penal castiga el delito de malos tratos por funcionarios p¨²blicos con penas de un mes y un d¨ªa a seis meses de arresto mayor; el de prevaricaci¨®n, con penas de inhabilitaci¨®n especial, de seis a 12 a?os; el de denegaci¨®n de auxilio, tambi¨¦n con inhabilitaci¨®n especial, de seis a 12 a?os, y el de falsificaci¨®n de documento p¨²blico, con penas de presidio mayor, de seis a 12 a?os.
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