El Gobierno propone que los procesados por delitos de terrorismo queden suspendidos en sus cargos p¨²blicos
El ministro del Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, ha anunciado a las principales fuerzas parlamentarias de la oposici¨®n el deseo del Gobierno de que la ley de Enjuiciamiento Criminal establezca que el auto de procesamiento contra un cargo p¨²blico por delitos de terrorismo acarree la autom¨¢tica suspensi¨®n de las funciones institucionales del procesado. Seg¨²n uno de los interlocutores de Barrionuevo en las conversaciones llevadas en secreto, el Gobierno se propone mantener casi en los mismos t¨¦rminos que en la ley antiterrorista el papel de la Audiencia Nacional en la instrucci¨®n y enjuiciamiento de los delitos terroristas.
Las propuestas expuestas por el ministro del Interior en las conversaciones que ha mantenido con dirigentes de la oposici¨®n, a los que pidi¨® discreci¨®n, suponen la reforma de tres leyes org¨¢nicas -el C¨®digo Penal, la ley de Enjuiciamiento Criminal y la del Consejo General del Poder Judicial- y la modificaci¨®n del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1988. El PSOE est¨¢ dispuesto a introducir una enmienda que fije una indemnizaci¨®n especial, aparte de la ya existente, para las v¨ªctimas del terrorismo.Uno de los aspectos innovadores del planteamiento del Gobierno ante la derogaci¨®n de la ley antiterrorista es el de incorporar a la ley de Enjuiciamiento Criminal un precepto que deje en suspenso el desempe?o de cualquier cargo p¨²blico en personas procesadas por un delito terrorista. Tanto Nicol¨¢s Sartorius, portavoz parlamentario de Izquierda Unida, como Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s, principal representante de Euskadiko Ezkerra, manifestaron ayer su preocupaci¨®n por esta propuesta, dada la "provisionalidad" inherente a los autos de procesamiento.
Seg¨²n fuentes pr¨®ximas a algunos de los interlocutores de Barrionuevo, la documentaci¨®n aportada por el ministro del Interior muestra una intenci¨®n de trasladar casi ¨ªntegramente a las leyes ordinarias art¨ªculos enteros de la vigente ley antiterrorista.
El Gobierno pretende, seg¨²n varios grupos de la oposici¨®n, mantener el que sean la Audiencia Nacional y los juzgados de instrucci¨®n central los que asuman en exclusiva la instrucci¨®n y enjuiciamiento de los delitos terroristas. Esta competencia, recogida en el art¨ªculo 11 de la ley antiterrorista, pasar¨ªa casi en su literalidad como disposici¨®n transitoria a la ley org¨¢nica del Consejo General del Poder Judicial, seg¨²n la versi¨®n ofrecida por Barrionuevo a varios de sus interlocutores.
Jueces naturales
El portavoz de Izquierda Unida, Nicol¨¢s Sartorius, expres¨® ayer su total disconformidad con esta propuesta por considerar "imprescindible el protagonismo de los jueces naturales en la instrucci¨®n y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo".Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s, portavoz de Euskadiko Ezkerra, adelant¨® que es "prioritariamente, partidario de que quienes intervengan sean los jueces naturales y la Audiencia Provincial". Y precis¨®: "En el caso de que se aduzcan dificultades t¨¦cnicas insalvables, yo defender¨¦ que en los tribunales superiores de justicia de las comunidades aut¨®nomas haya un juzgado de instrucci¨®n dedicado espec¨ªficamente a los delitos terroristas". Ante la conversaci¨®n que sobre estas cuestiones mantendr¨¢ con Barrionuevo esta semana, Bandr¨¦s manifest¨® que no va a ser "el m¨¢s tolerante con decisiones que supongan una continuidad" en la legislaci¨®n ordinaria de lo que es la ley antiterrorista.
El ministro del Interior ha confirmado a las fuerzas parlamentarias el prop¨®sito de permitir que, con autorizaci¨®n judicial, pueda ser prorrogado en 48 horas el plazo de tres d¨ªas de detenci¨®n de los presuntos terroristas. Una sugerencia que critican tanto Euskadiko Ezkerra, que exige que el juez se entreviste con el detenido antes de conceder la pr¨®rroga, como Izquierda Unida, que reprocha al Gobierno que mantenga esta potestad en manos de los juzgados centrales, en vez de cederla a los jueces naturales.
El Gobierno est¨¢ dispuesto a incluir en el C¨®digo Penal el delito de apolog¨ªa del terrorismo, si bien tiene dudas entre formular una definici¨®n general de qu¨¦ entiende por apolog¨ªa o realizar una enumeraci¨®n de casos que incurren en este delito. Sartorius se opuso al mantenimiento de esta figura delictiva, que propuso sea sustituida por la de "incitaci¨®n" o "provocaci¨®n", y Bandr¨¦s lament¨® la permanencia de "cualquier elemento de ambig¨¹edad o subjetivismo" en la legislaci¨®n antiterrorista.
Cautela de Su¨¢rez
Adolfo Su¨¢rez, presidente del Centro Democr¨¢tico y Social, expres¨® ayer su aceptaci¨®n inicial de la propuesta gubernamental de ampliar, con autorizaci¨®n judicial, en 48 horas el plazo de detenci¨®n de los terroristas.El l¨ªder centrista se mostr¨® m¨¢s cauto respecto al papel de la Audiencia Nacional y precis¨® que la opini¨®n de su partido depende de la formulaci¨®n definitiva del Gobierno, a la vez que subray¨® que la conformidad del CDS con la traslaci¨®n a la legislaci¨®n ordinaria de algunos preceptos antiterroristas depender¨¢ de "la visi¨®n de conjunto" de las reformas.
El ex presidente del Gobierno reiter¨® que est¨¢ "satisfecho del acuerdo antiterrorista", suscrito por 14 fuerzas parlamentarias, por considerar que se trata de "un documento abierto" a posibles progresos en Euskadi para la erradicaci¨®n del terrorismo.
Su¨¢rez opin¨® que Felipe Gonz¨¢lez aprovechar¨¢ su presidencia semestral del Consejo de Ministros de la Comunidad Europea para convocar elecciones legislativas anticipadas en junio de 1989.
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