No son modos

EL AUTO de prisi¨®n incondicional dictado por un juez de Pamplona contra la abogada Cristina Almeida tiene todos los ingredientes del esperpento y del abuso de poder, y es un ejemplo clamoroso de la indefensi¨®n del ciudadano ante personas investidas de autoridad que no resisten la tentaci¨®n de utilizar la ley como arma arrojadiza m¨¢s que como instrumento pac¨ªfico para resolver los conflictos en un Estado de derecho.No son ¨¦stos modos ni formas de actuar, y menos cuando quienes as¨ª se comportan son titulares del poder judicial, que est¨¢n m¨¢s obligados que ninguna otra autoridad a aplicar la ley con absoluta ponderaci¨®n y ecuanimidad, sin llevarse por delante al mismo tiempo los derechos elementales de la persona. Pero es que adem¨¢s es ¨¦ste un caso en el que la autoridad judicial deber¨ªa haber puesto especial inter¨¦s en despejar cualquier duda sobre la posible utilizaci¨®n de la funci¨®n jurisdiccional al servicio de intereses personales o corporativos. Hechos de esta naturaleza, por otra parte, muestran lo acertado de la iniciativa patrocinada por la reciente Asamblea de Gentes del Derecho del Estado espa?ol de llevar hasta el Parlamento en forma de una proposici¨®n de ley la creciente inquietud popular sobre los males de la justicia espa?ola.

La abogada Cristina Almeida evoc¨® en unas declaraciones p¨²blicas la existencia de un expediente sobre supuestas dolencias ps¨ªquicas a un juez de Pamplona que dict¨® recientemente un pol¨¦mico auto de procesamiento contra cuatro m¨¦dicos y una mujer por un delito de aborto. No vamos a entrar en si tal imputaci¨®n es cierta o no lo es, y en si es o no delictiva. Defenderse de esta imputaci¨®n es un derecho del juez afectado por estas declaraciones, y la ley le ampara en este supuesto en cuanto ciudadano. Tambi¨¦n, en todo caso, es un deber de la autoridad judicial iniciar diligencias si existen indicios de que tales declaraciones ponen en cuesti¨®n la debida independencia de los jueces. Pero esta clarificaci¨®n tiene sus cauces marcados en la ley, que s¨®lo en determinadas circunstancias autoriza a utilizar la fuerza para conducir ante el juez al ciudadano que ha podido incurrir en delito. Ninguna de estas circunstancias se daban en este caso: la persona en cuesti¨®n estaba plenamente identificada, salvo que el juez act¨²e con la m¨¢s supina de las ignorancias, y era m¨¢s que presumible que no iba a eludir sus posibles responsabilidades.

Pero hay todav¨ªa algo m¨¢s en esta decisi¨®n judicial, adoptada con el m¨¢s flagrante desprecio a todas las garant¨ªas procesales establecidas en las leyes, y en primer lugar en la propia Constituci¨®n. No s¨®lo se utiliza la fuerza para conducir a un ciudadano ante el juez, cuando hubiera bastado una simple citaci¨®n, sino que se decide privarle de libertad sin oirle previamente y sin averiguar siquiera si el hecho presuntamente delictivo se ha cometido realmente.

No son pocas las decisiones confusas a que nos tienen acostumbrados los jueces, pero es dudoso que alguna de ellas pueda reunir tal c¨²mulo de infracciones legales como la dictada por el juez de Pamplona contra la abogada Cristina Almeida. La utilizaci¨®n de la legislaci¨®n sobre la prisi¨®n provisional con fines intimidatorios ha sido en este caso especialmente evidente, y el juez que ha hecho un uso tan abusivo de su poder en contra de un ciudadano no deber¨ªa quedar exento de la exigencia de responsabilidades.

La actuaci¨®n a tiempo del ministerio fiscal en defensa de la legalidad conculcada ha impedido que el atropello cometido alcanzase cotas de dif¨ªcil reparaci¨®n. En todo caso, la esencia abusiva de la orden de prisi¨®n del juez de Pamplona permanece intacta y demuestra la imposibilidad que tienen en ocasiones los ciudadanos de ponerse a cobijo de la arbitrariedad judicial.

La junta de jueces de Pamplona ha actuado con diligencia al salir al paso de las declaraciones de Cristina Almeida como posiblemente atentatorias contra la independencia judicial. Pero no s¨®lo se infringe la legalidad cuando se ataca la independencia de los jueces, sino tambi¨¦n cuando se conculcan los derechos de los ciudadanos. La diligencia de la junta de jueces de Pamplona en un caso y su pasividad en otro muestran a las claras el corporativismo de su proceder. Sobre todo cuando la tarea m¨¢s excelsa que la Constituci¨®n encomienda a los jueces es precisamente la de tutelar las libertades y derechos de todos los ciudadanos sin distinci¨®n.

Los poderes p¨²blicos, y en primer lugar el Gobierno, est¨¢n enfrentados a un reto cada vez m¨¢s dif¨ªcil en el terreno de la justicia y har¨ªan bien en no deso¨ªr cuantas iniciativas les llegan desde la sociedad. La Asamblea de Gentes del Derecho, que ha reunido el pasado fin de semana a 1.500 representantes de 14 asociaciones profesionales bajo el lema La justicia tiene soluci¨®n, se ha revelado como una excelente caja de resonancia del clamor que viene de la calle sobre el deterioro de la justicia. Con demasiada frecuencia, algunas decisiones judiciales dan la impresi¨®n de responder a un concepto particular del propio juez respecto de un mundo hosco que avanza por unos derroteros ideol¨®gicos y morales que juzga descarriados.