Espa?a rechaza la acusaci¨®n de que se conden¨® sin pruebas a los implicados en el 'caso Bult¨®'

El Tribunal Internacional de Estrasburgo juzg¨® ayer a Espa?a por supuesta infracci¨®n del Convenio de los Derechos Humanos, presuntamente cometida al juzgar sin garant¨ªas suficientes y condenar sin pruebas claras a los independentistas catalanes Xavier Barber¨¢, Antoni Messeguer y Ferran Jabardo a 78 a?os de prisi¨®n por el asesinato del industrial Jos¨¦ Mar¨ªa Bult¨®. El representante del Gobierno espa?ol desminti¨® en la vista oral estas acusaciones y asegur¨® que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo hab¨ªan actuado con escrupulosidad y respeto a la ley y a las costumbres.Espa?a fue juzgada ayer por primera vez ante el Tribunal Internacional de Estrasburgo por supuesta vulneraci¨®n del- art¨ªculo 6 del Convenio de los Derechos Humanos, en el que se garantiza un juicio justo y equitativo para todos los ciudadanos.

Las acusaciones contra Espa?a fueron formuladas en primer lugar por el representante de la Comisi¨®n de los Derechos Humanos, que investig¨® en su d¨ªa el caso e instruy¨® el correspondiente expediente. El representante de la comisi¨®n realiz¨® ayer ante el tribunal funciones similares a las del ministerio p¨²blico. Tambi¨¦n participaron en la labor de acusaci¨®n los abogados Christian Eteline, August Gil Matamala y Sime¨® Miquel, que actuaron en representaci¨®n de los tres independentistas. Estos demandantes reclaman que se dicte una sentencia condenatoria contra Espa?a y una compensaci¨®n econ¨®mica total de 30 millones.

La acusaci¨®n argument¨® que durante el juicio oral a estos independentistas no se aportaron pruebas concretas de su culpabilidad, que hubieran provocado su an¨¢lisis y debate, a pesar de lo cual se dict¨® una sentencia condenatoria. En segundo lugar, alegaron que se sustituy¨® al presidente del tribunal de forma imprevista e irregular, impidiendo que los procesados pudieran recusar al magistrado. Por ¨²ltimo, que los imputados no se encontraban en condiciones f¨ªsicas y ps¨ªquicas adecuadas en el momento del juicio, ya que hab¨ªan llegado a Madrid, procedentes de Barcelona, seis horas antes de iniciarse la vista.

Vac¨ªo de pruebas

"El juicio estuvo vac¨ªo de pruebas", asegur¨® el representante de la Comisi¨®n de los Derechos Humanos, quien afirm¨® que las pruebas en las que se fundamenta la condena deb¨ªan de haberse aportado a la sala durante la vista y debatido "en profundidad" delante del tribunal. Recalc¨® la ausencia de testigos y de pruebas. En su opini¨®n, el tiempo que se dedic¨® a la vista oral fue insuficiente para examinar un procedimiento de estas caracter¨ªsticas.

La acusaci¨®n critic¨® especialmente con dureza el hecho de que se hubiera utilizado como elemento inculpatorio los documentos acumulados en el sumario, sin haberlos analizado ni examinado con minuciosidad ante el tribunal. A este respecto los abogados de los demandantes afirmaron que se trataba de una pr¨¢ctica forense viciada, en la que incurre habitualmente el ministerio fiscal.

Estas acusaciones fueron, rechazadas por los portavoces del Estado espa?ol, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Manuel Peris, y el teniente fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido. ?stos fueron los ¨²nicos que hablaron en castellano durante la vista. Los dem¨¢s intervinientes lo hicieron en franc¨¦s. El abogado Gil Matamala s¨®lo utiliz¨® el castellano al final de la vista, cuando tuvo que improvisar ante el tribunal y le costaba expresarse correctamente en franc¨¦s.

Los representantes del Gobierno espa?ol aseguraron que se hab¨ªa actuado con rigor y respeto hacia la ley. Recalcaron que los demandantes hab¨ªan expuesto ante el Tribunal de Estrasburgo muchas cuestiones que no hab¨ªan planteado con anterioridad ante la corte espa?ola, por lo que se deb¨ªa rechazar su demanda. Los recurrentes "no actuaron de buena fe, escondiendo y no exponiendo en su d¨ªa los problemas procesales para que pudiera corregirlos el tribunal", asegur¨® la representaci¨®n de la Administraci¨®n espa?ola.