Insuficiencias de la ley

El aborto vuelve a ponerse de actualidad de manera peri¨®dica en Espa?a. La ley de interrupci¨®n voluntaria del embarazo actualmente en vigor pretend¨ªa, o al menos eso aseguraba el Gobierno y el PSOE, resolver la mayor¨ªa de los problemas que Creaba el aborto en nuestro pa¨ªs, y ello no ha sucedido. En su momento, la Federaci¨®n de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad P¨²blica, como otros muchos sectores pol¨ªticos y sociales, se?alamos que la ley, por su ambig¨¹edad y por su limitaci¨®n, no s¨®lo no resolver¨ªa los problemas de los abortos, sino que adem¨¢s crear¨ªa otros sobrea?adidos, obligando a corto plazo, si se quer¨ªa afrontar el problema en toda su dimensi¨®n, a una nueva legislaci¨®n que fuera homologable a la de otros pa¨ªses de nuestro entorno sociopol¨ªtico.

La aplicaci¨®n de la ley

Los hechos son bastante contundentes. Desde la aplicaci¨®n de la ley. de "interrupci¨®n voluntaria del embarazo", tras la sentencia del Tribunal Constitucional, se han realizado pocos abortos en nuestro pa¨ªs, y los que se han hecho han seguido un rosario de incidentes, procesamientos, etc¨¦tera, que demuestran la poca viabilidad pr¨¢ctica de la misma.Los datos oficiales se?alan que todav¨ªa el 40% de los abortos siguen realiz¨¢ndose en el extranjero, y que de los que se realizan en nuestro pa¨ªs, el 97% lo son en cl¨ªnicas privadas.

Esta situaci¨®n es entendible si se considera la verdadera persecuci¨®n que se realiza tanto sobre los profesionales sanitarios dispuestos a colaborar en este tema como sobre las mujeres que se deciden a acogerse a las posibilidades de la legislaci¨®n vigente.

Si en un primer momento los m¨¦dicos antiabortistas encabezaron el movimiento interesado en impedir la aplicaci¨®n del mismo en nuestro pa¨ªs utilizando la llamada objeci¨®n de conciencia, para, en alg¨²n caso, incluso, negar la asistencia a mujeres que hab¨ªan abortado, la realidad es que la permisividad de la Administraci¨®n hacia estos sectores y la marginaci¨®n profesional que se ha impuesto a los m¨¦dicos abortistas han hecho innecesarias las presiones de este grupo.

Ahora parece que son sectores judiciales los que toman la iniciativa. Se ha procesado a cuatro m¨¦dicos navarros y a una mujer en un caso de aborto que dif¨ªcilmente puede pensarse no est¨¢ incluido en la legislaci¨®n actual; se realiza una redada en una cl¨ªnica vallisoletana sin el m¨¢s m¨ªnimo respeto a los derechos de los pacientes que en ella se encontraban, ni del personal que all¨ª trabajaba, secuestrando unos centenares de historias cl¨ªnicas; a la vez contin¨²an pendientes de juicio en Salamanca, en Madrid, en M¨¢laga y en Valencia profesionales sanitarios acusados de participar en abortos ilegales, y todav¨ªa en alg¨²n juzgado de Madrid contin¨²an miles de historias cl¨ªnicas de mujeres que acud¨ªan a varios centros de planificaci¨®n que fueron incautados hace ya cerca de un a?o.

La consecuencia de estos hechos es una situaci¨®n de verdadera intimidaci¨®n para las mujeres que quieren abortar legalmente en nuestro pa¨ªs y para los profesionales sanitarios que est¨¢n dispuestos a practicar estas intervenciones. Se ha creado un clima en el que cualquier mujer prefiere viajar al extranjero a resolver su problema antes que verse expuesta en la picota, humillada, investigada y posiblemente procesada; as¨ª las cosas, se establece una nueva discriminaci¨®n: s¨®lo pretende acogerse a la ley quien carece de medios econ¨®micos para hacerlo fuera de nuestras fronteras o las que tienen una actitud especialmente, militante. Lo mismo sucede con los profesionales sanitarios dispuestos a colaborar en la soluci¨®n de un importante problema de salud de las mujeres, expuestos a la marginaci¨®n profesional y a la c¨¢rcel.

A ello hay que sumar la indefensi¨®n en que la Administraci¨®n deja a los profesionales. Ya que esta Administraci¨®n ha hecho una legislaci¨®n que todos se?alamos en su d¨ªa que era insuficiente, es ella quien deber¨ªa, de manera inequ¨ªcova, defender a unos profesionales que no han cometido otro delito que el de no obstaculizar la aplicaci¨®n de una legislaci¨®n vigente en este pa¨ªs.

En cualquier caso resulta curioso el inter¨¦s de algunas de sus se?or¨ªas en vigilar algunos aspectos de la pr¨¢ctica sanitaria en este pa¨ªs, inter¨¦s que no demuestran en otros aspectos de esta pr¨¢ctica, como lo es tambi¨¦n el uso indiscriminado de las historias de las pacientes de los centros de planificaci¨®n.

Creemos que es preciso para la pr¨¢ctica del aborto en nuestro pa¨ªs la realizaci¨®n de una nueva ley que contemple, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Un sistema de plazos que permita la libre decisi¨®n de las mujeres durante las 12 primeras semanas del embarazo, combinado con el de indicaciones.

2. La regulaci¨®n de la objeci¨®n de conciencia de los profesionales para evitar que sean objetores en lo p¨²blico quienes no lo sean en lo privado y que se produzca la marginaci¨®n de quienes est¨¦n dispuestos a colaborar en estas intervenciones.

3. La cobertura de los abortos legales en el sector p¨²blico, para evitar la discriminaci¨®n econ¨®mica en el acceso al mismo.

Habr¨ªa que regular el secreto de las historias cl¨ªnicas para que los datos que confidencialmente aportan los pacientes no pudieran ser usados en su contra y para evitar los abusos en cuanto al manejo indiscriminado de las mismas.

Se supon¨ªa que la ley en vigor solucionaba los problemas de las mujeres que deseaban abortar en nuestro pa¨ªs, y a la vez no generaba tensiones sociales. Ambos objetivos se han demostrado imposibles con ella. Hora es ya de que se cambie la ley y ¨¦sta se adapte a las necesidades sociales y culturales de un pa¨ªs que, aunque a algunos les disguste, ya no es el de Torquemada.

Mar¨ªa Teresa M¨ªas del Barrio y Consuelo Ruiz-Jarabo Quemada y 400 profesionales sanitarios m¨¢s, miembros de la Federaci¨®n de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad P¨²blica.