Entrometidos

EL DESCUBRIMIENTO de que el CESID (Centro Superior de Informaci¨®n para la Defensa) controlaba las conversaciones telef¨®nicas del director general de Asuntos Consulares, del Ministerio de Asuntos Exteriores, constituye uno m¨¢s de los oscuros episodios en que se han visto envueltos en la ¨²ltima d¨¦cada los distintos servicios de informaci¨®n espa?oles. Si hab¨ªa alguna duda sobre la ilegalidad de tales actuaciones, ¨¦sta ha quedado despejada con la inclusi¨®n reciente en el C¨®digo Penal de un precepto que sanciona espec¨ªficamente la colocaci¨®n de escuchas telef¨®nicas sin la debida autorizaci¨®n judicial.Pero no solamente desde el plano de la legalidad estas actuaciones deben ser firmemente rechazadas como atentatorias a derechos fundamentales de la persona e incompatibles con los principios del Estado de derecho. Tampoco parece clara su utlilidad para las tareas de prevenci¨®n que esos servicios tienen encomendadas, que son las ¨¢reas de la amenaza exterior a los intereses nacionales y la de los intentos involucionistas contra las instituciones. Al menos, es dudoso que hayan servido a esos fines las investigaciones de este tipo, que en el pasado reciente no han perdonado a pol¨ªticos, magistrados, periodistas, militares o l¨ªderes sindicales. La gran sospecha es que este tipo de actuaciones se debe ¨²nicamente a la suicida guerra que libran entre s¨ª los distintos servicios de informaci¨®n, atendiendo a la ambici¨®n corporativista de cada uno de ellos de acumular el m¨¢ximo poder posible para un beneficio propio.

La investigaci¨®n a que ha estado sometido el director general de Asuntos Consulares, aparte de su manifiesta ilegalidad, encaja perfectamente en estas coordenadas. Ning¨²n indicio abonaba la necesidad de investigar -y menos de modo tan burdo, sin autorizaci¨®n judicial- a este alto funcionario. Sin embargo, su participaci¨®n como representante de Exteriores en las reuniones del Grupo de Trevi, los encuentros de responsables de Interior de los pa¨ªses de la CE para tratar sobre el terrorismo y la delincuencia organizada ha podido convertirle en una fuente importante de informaci¨®n. Si es as¨ª, resulta intolerable que agentes sin escr¨²pulos de un servicio nacional esp¨ªen el cometido oficialmente encomendado a un representante del Estado. Hechos de esta naturaleza no s¨®lo cuestionan el efectivo control que el Gobierno est¨¢ abligado a ejercer sobre estos servicios, sino que ponen en entredicho la capacidad profesional de los mismos.

El que a estas alturas sigan produci¨¦ndose actuaciones as¨ª demuestra que algunos h¨¢bitos enraizados en el pasado no acaban de desaparecer o de transformarse de acuerdo con las exigencias democr¨¢ticas. Nadie debe poner en duda la necesidad de que Espa?a cuente con una organizaci¨®n de inteligencia capaz de abordar el espionaje militar y pol¨ªtico extranjero, as¨ª como la estructuraci¨®n del terrorismo o el involucionismo, y que tambi¨¦n sea solvente para cuestiones como la del espionaje industrial. La creaci¨®n del Centro Superior de Informaci¨®n para la Defensa, en noviembre de 1977, respond¨ªa a esa necesidad. Pero sus 10 a?os de existencia no han sido suficientes para acreditarlo. La inclusi¨®n en su n¨®mina del personal que trabajaba en el antiguo Servicio Central de Informaci¨®n (SECED) del almirante Carrero Blanco ha lastrado, sin duda, desde el principio su orientaci¨®n como organizaci¨®n de inteligencia adecuada a las necesidades del Estado democr¨¢tico. Por otra parte, ha sido demasiado evidente en estos a?os la vigilancia mutua a que se han sometido los todav¨ªa numerosos servicios de informaci¨®n espa?oles, as¨ª como su desmedida inclinaci¨®n a entrometerse en las vidas y haciendas de personalidades y organizaciones democr¨¢ticas. Mientras tanto, la trama civil que sirvi¨® de soporte al frustrado golpe de Estado del 23-F sigue en la oscuridad. Cualquier reforma de los servicios de inteligencia encierra graves dilemas, como el de aceptar o evitar que su buena coordinaci¨®n y eficacia pueda derivar en una gran acumulaci¨®n de poder. En todo caso, ¨¦se es un reto que tiene el Gobierno y al que no parece enfrentarse con decisi¨®n. Porque no existe ninguna raz¨®n que legitime a un servicio de informaci¨®n para entrometerse por su cuenta, de espaldas a las instituciones democr¨¢ticas, en la vida de los ciudadanos o a patrimonializar informaci¨®n que afecte al inter¨¦s nacional.