La busca que no cesa

LA JUSTICIA francesa insiste en verle la cara al subcomisario espa?ol Jos¨¦ Amedo, ante la acumulaci¨®n de indicios sobre su presunta relaci¨®n con los Grupos Antiterroristas de Liberaci¨®n (GAL), responsables de 23 asesinatos en el sur de Francia. Un juez de Bayona, que ha investigado algunos de estos asesinatos, acaba de cursar una orden de busca y captura a la Interpol contra el polic¨ªa espa?ol. No hace mucho, otro juez franc¨¦s acord¨® la misma medida, si bien ¨¦sta no se llev¨® finalmente a efecto ante la oposici¨®n del ministerio fiscal, instituci¨®n especialmente vinculada en Francia a las instancias gubernamentales.Cualquiera que sea el resultado de estas iniciativas, el hecho de que se produzcan con tanta insistencia colocan en una situaci¨®n desairada no s¨®lo al funcionario, al que conciernen, sino al propio Gobierno espa?ol. La presunci¨®n de inocencia de la que goza cualquier ciudadano mientras no pese sobre ¨¦l una condena firme ha constituido una conquista nada f¨¢cil de la democracia. Todav¨ªa hoy existen en ¨¢reas del mismo Estado fuertes resistencias a su aplicaci¨®n en muchos supuestos de delincuencia com¨²n. Pero una cosa es el obligado respeto a este derecho y otra la pasividad ante las salpicaduras que un caso como ¨¦ste puede arrojar sobre la actuaci¨®n del Estado y sobre su imagen exterior. Las reacciones oficiales habidas hasta ahora ante la iniciativa francesa han mostrado una exclusiva preocupaci¨®n por echar balones fuera como sea. Se ha insistido en que ninguna orden de busca y captura contra el .funcionario espa?ol ha llegado a Espa?a y en que ning¨²n Estado est¨¢ obligado a entregar a otro a uno de sus ciudadanos. Sin embargo, la cuesti¨®n principal para el Gobierno y para los responsables del aparato policial estriba en aclarar cuanto antes a la opini¨®n p¨²blica el grado de consistencia de los indicios que implican a un funcionario policial en los cr¨ªmenes cometidos por el siniestro grupo de los GAL.

La justicia espa?ola ya ha tenido ocasi¨®n de juzgar a algunos facinerosos de los GAL, pero no ha considerado consistentes las confesiones o confidencias que apuntaban a la implicaci¨®n en esta oscura banda de personas al servicio del Estado. En estos momentos, un juez de la Audiencia Nacional investiga el alcance de la documentaci¨®n aportada por los jueces franceses sobre la presunta relaci¨®n del subcomisario Amedo con las actividades de los GAL. Sin duda alguna, esta investigaci¨®n constituye todo un reto para la independencia de la justicia espa?ola. S¨®lo en el supuesto de que siga adelante y no se la obstruya, Espa?a estar¨¢ legal y moralmente autorizada a rechazar cualquier pretensi¨®n de entrega de este funcionario a la autoridad de otro Estado.

Un caso como el que protagoniza el subcomisario Amedo es de los que m¨¢s luz pueden arrojar sobre el verdadero alcance de la cooperaci¨®n internacional contra la delincuencia organizada, de la que tanto alardean los responsables pol¨ªticos. A su condici¨®n de funcionario policial se unen las sospechas de terrorismo de Estado que pesan sobre los GAL. Una y otra circunstancia pueden resultar obst¨¢culos insuperables para que un caso as¨ª encaje en el espacio judicial europeo por el que han apostado los gobernantes de Europa para que ninguno de sus pa¨ªses se convierta en refugio o santuario de criminales. El espeso entramado legal de ayuda mutua -convenios de extradici¨®n, contra el terrorismo, asistencia judicial en materia penal, etc¨¦tera...- que en los ¨²ltimos a?os han tejido los naciones europeas podr¨ªa desacreditarse si la opini¨®n p¨²blica percibe que en ocasiones los Estados encuentran razones para no aplicarlo, seg¨²n sean los hechos y quienes los cometan.