El regreso del somat¨¦n

LA AUSENCIA en la comunicaci¨®n del Gobierno sobre el estado de la naci¨®n de cualquier referencia expl¨ªcita a la pol¨ªtica de orden p¨²blico y seguridad ciudadana es un signo palpable de que la atenci¨®n gubernamental est¨¢ m¨¢s pendiente de la macropol¨ªtica que de cuestiones que afectan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos. Que el Gobierno decline tomar posici¨®n sobre el clima de inseguridad que reina en nuestras ciudades es prueba de una ceguera que no augura nada bueno para el enderezamiento de la situaci¨®n.En este terreno, la impresi¨®n es que el Gobierno bascula entre el autoritarismo represivo, del que son ejemplo las llamativas operaciones especiales, de dudosa legalidad y de resultado casi nulo, y la permisividad impune a que aboca la impavidez con que los responsables del orden contemplan la escalada de la delincuencia. Los socialistas no han sido capaces de articular un modelo de pol¨ªtica de orden p¨²blico. Las propuestas sobre libertad y seguridad contenidas en el programa electoral con el que accedieron al poder en octubre de 1982 est¨¢n hoy arrinconadas. La ausencia de una alternativa clara, si no significa la aceptaci¨®n vergonzante de algunos de los tics m¨¢s obsesivos del discurso de la derecha, muestra la indigencia del Gobierno en esta cuesti¨®n.

El ministro del Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, acaba de, ofrecer un ejemplo luminoso de dicho trasvase ideol¨®gico. "Hemos puesto los derechos de los delincuentes por delante de los de las v¨ªctimas", ha declarado con desparpajo, copiando hasta en su literalidad uno de los apolillados mensajes con los que martillea la derecha, el m¨¢ximo responsable de unos servicios que tienen en su historia el estigma de la desaparici¨®n de El Nani. La frase tiene un tufillo inaguantable de coartada con que encubrir la ineficacia y pasividad de la polic¨ªa en la prevenci¨®n de la delincuencia. En todo caso, deber¨ªa recordarse que hasta no hace muchos a?os los derechos y garant¨ªas procesales del detenido o preso eran pr¨¢cticamente inexistentes en Espa?a, y que ha sido en los dominios del departamento de Interior donde m¨¢s resistencias ha encontrado su reconocimiento. La suposici¨®n de que el aumento de garant¨ªas procesales para los acusados y sospechosos hace m¨¢s dificil la represi¨®n de la criminalidad es no s¨®lo gratuita, sino del todo inadmisible en cualquier dem¨®crata. No son las garant¨ªas jur¨ªdicas de que gozan los ciudadanos, sino la ineptitud pol¨ªtica de los gobernantes -concretamente, de los responsables de Justicia e Interior-, lo que viene sumiendo a este pa¨ªs en un clima de miedo al crimen dif¨ªcilmente soportable.

En orden p¨²blico y seguridad, el Gobierno socialista siempre ha estado a la espera del descubrimiento de alguna f¨®rmula que no acaba de llegar. Expresi¨®n de esta permanente b¨²squeda ha sido la l¨ªnea zigzagueante que se ha seguido, 'pasando sin soluci¨®n de continuidad de la reforma a la contrarreforma y de la espectacularidad de las operaciones primavera a la apat¨ªa policial. Es hora de que Felipe Gonz¨¢lez exponga p¨²blicamente cu¨¢les son las l¨ªneas maestras de la pol¨ªtica que debe garantizar la seguridad de la poblaci¨®n. Y de que explique c¨®mo en el pa¨ªs con m¨¢s polic¨ªas de Europa por cabeza se baten tambi¨¦n los r¨¦cords de delincuencia y proliferan las polic¨ªas y servicios de seguridad privados, incluso en edificios oficiales, aeropuertos y lugares bajo la estricta responsabilidad del Estado. Para no hablar de los nuevos somatenes de barrio, que se lanzan a la autodefensa ante la impericia flagrante del equipo de este ministro que Dios guarde.