Verg¨¹enza de Sur¨¢frica

EL GOBIERNO de Pretoria acaba de adoptar una nueva medida represiva prohibiendo toda actividad a 17 organizaciones enemigas del apartheid y defensoras de los derechos humanos. Esta medida incrementa la indignaci¨®n en el mundo ante lo que ocurre en ?frica del Sur. Los 19 millones de negros, que representan la aplastante mayor¨ªa de la poblaci¨®n, adem¨¢s de sufrir la escandalosa discriminaci¨®n del apartheid, viven sometidos a una represi¨®n cuyas formas se endurecen. Desde la declaraci¨®n del estado de emergencia, en junio de 1986, el n¨²mero de muertos a causa de la represi¨®n es elevad¨ªsimo. Unas 25.000 personas han sido encarceladas durante per¨ªodos que, en muchos casos, han sido muy prolongados. Las leyes de excepci¨®n otorgan poderes absolutos a la polic¨ªa y a las unidades militares de represi¨®n.Las 17 organizaciones afectadas por la prohibici¨®n, si coincid¨ªan en su posici¨®n contraria al apartheid, ten¨ªan actividades de diverso car¨¢cter: culturales, sindicales, juveniles; una de ellas se dedicaba a la solidaridad con las familias de los encarcelados; otra hacia campa?a por la puesta en libertad de Nelson Mandela, figura legendaria de la causa de la libertad, condenado a cadena perpetua. Cabe destacar el caso de dos de las organizaciones prohibidas, ya que se trata de las m¨¢s numerosas, con enorme diferencia, de todas las existentes en Sur¨¢frica: por una parte, el Congreso de Sindicatos de ?frica del Sur (Cosatu), con unos 700.000, la mitad de ellos mineros; por otra, el Frente Democr¨¢tico Unido, una coalici¨®n de 700 asociaciones antiapartheid que agrupa a m¨¢s de tres millones de personas. Hace falta recalcar que todas las organizaciones v¨ªctimas de la nueva medida represiva de Pretoria desarrollaban una actividad pol¨ªtica no violenta. No puede el Gobierno de Botha invocar el pretexto del peligro de violencia como ha hecho en otros casos. Es m¨¢s: entre masas juveniles indignadas por una situaci¨®n insostenible es obvio que impedir la expresi¨®n pol¨ªtica pac¨ªfica no puede sino estimular la evoluci¨®n hacia el radicalismo extremo. Al mismo tiempo, el Gobierno de Pretoria, utilizando su aplastante superioridad militar y econ¨®mica, prosigue e intensifica sus intervenciones en los pa¨ªses vecinos, y especialmente en Angola. Fomenta y alimenta guerrillas, env¨ªa incluso sus tropas, impide una vida econ¨®mica normal. Su pol¨ªtica interior y exterior es un factor de tensiones internacionales.

Desde hace varios a?os, el presidente Botha se ha presentado como un reformador que pondr¨ªa fin al racismo. La nueva medida represiva es quiz¨¢ el golpe definitivo a las escasas ilusiones suscitadas por su promesa. Algunos t¨ªmidos retoques de leyes sobre habitabilidad o la creaci¨®n de unas c¨¢maras para las minor¨ªas india y mestiza no han modificado el hecho b¨¢sico de que m¨¢s del 70% de la poblaci¨®n, los negros, sigue privado de los derechos m¨¢s elementales y no tiene ninguna voz en la gobernaci¨®n del pa¨ªs. La prohibici¨®n de las 17 asociaciones demuestra que la reforma de Botha avanza como los cangrejos, hacia atr¨¢s. Como ha dicho el portavoz de la poderosa organizaci¨®n sindical Cosatu, "estamos volviendo 28 a?os atr¨¢s".

El caso de Sur¨¢frica es sin duda el que concita una condena m¨¢s un¨¢nime de la opini¨®n p¨²blica europea, desde la izquierda a la derecha. Resulta por ello sorprendente que un peri¨®dico espa?ol, rompiendo esa unanimidad, haya ofrecido recientemente una tribuna a la exaltaci¨®n de los racistas surafricanos, con afirmaciones sobre las excelencias de la reforma de Botha alejadas a?os luz de la realidad. No parece probable que, ni siquiera en una p¨¢gina de publicidad pagada, el Gobierno de Botha se hubiese atrevido a un falseamiento de los hechos tan desmedido. Por fortuna para la estimaci¨®n espa?ola por la libertad, esta posici¨®n surge de la m¨¢s rancia caverna y s¨®lo representa a quienes le dan cobijo.

En el mundo de hoy, la defensa de los derechos humanos fundamentales es responsabilidad de la comunidad internacional. El caso de Sur¨¢frica es el m¨¢s evidente. Adem¨¢s de reiteradas condenas de la ONU, la Comunidad Europea impuso en 1986 sanciones econ¨®micas al Gobierno surafricano para obligarle a poner fin a su pol¨ªtica racista. A la luz del nuevo endurecimiento de la pol¨ªtica de Botha, la CE deber¨¢ considerar qu¨¦ nuevas medidas son precisas para que esa presi¨®n sea m¨¢s efectiva.