El coste de jueces baratos

Los jueces y magistrados perciben sueldos inferiores a los de funcionarios de similar nivel profesional y con incompatibilidades menos duras, los pluses de penosidad no los cobran todos los jueces que la padecen, un magistrado de Trabajo est¨¢ mejor pagado que uno del Supremo. Estas irregularidades, unidas a la indeterminaci¨®n del volumen de trabajo judicial, aumentan el caos de la justicia y hacen que unos profesionales baratos resulten caros a la sociedad.

Cerca de la mitad de los 2.396 miembros de la carrera judicial -exactamente 1. 119 jueces- perciben al mes una retribuci¨®n l¨ªquida inferior a las 200.000 pesetas. En el otro extremo, los 75 magistrados del Tribunal Supremo cobran algo m¨¢s de 300.000 pesetas, que con la antig¨¹edad pueden alcanzar las 350.000 pesetas. Los 1.202 magistrados restantes cobran 230.000 pesetas, que en Madrid y Barcelona pueden elevarse hasta 260.000 pesetas, sin contar la antig¨¹edad (7.964 pesetas brutas por trienio). Los aproximadamente 200 magistrados destinados a Magistraturas de Trabajo incrementan adem¨¢s su retribuci¨®n en 100.000 pesetas brutas procedentes de la Seguridad Social, que les permite superar el sueldo de los magistrados del Supremo.?stas son las cifras oficiales, contrastadas con las asociaciones judiciales. Las facilitadas por el Ministerio de Justicia hinchan todas las retribuciones, al incrementar en todas las categor¨ªas un total de ocho trienios, por un importe bruto mensual de 63.712 pesetas, que naturalmente s¨®lo perciben quienes cuentan con 24 a?os de servicio. De ah¨ª que las cantidades l¨ªquidas m¨ªnimas proporcionadas por Justicia atribuyen a los jueces situados en los escalones m¨¢s bajos del escalaf¨®n sueldos l¨ªquidos superiores a las 230.000 pesetas.

Los representantes de jueces y magistrados resaltan que su preparaci¨®n y la oposici¨®n que la mayor¨ªa ha tenido que superar es similar a la de notarios, registradores de la propiedad o letrados del Estado, mientras que las remuneraciones que muchos de ellos perciben est¨¢n por debajo de las de un subinspector de Trabajo, un letrado de Hacienda o un comisario de Polic¨ªa. Reivindican su derecho a negociar y que una empresa especializada determine si las actuales retribuciones son adecuadas y se establezca el volumen de trabajo. Porque, seg¨²n dicen, un juez de distrito puede tramitar 2.500 diligencias al a?o y est¨¢. tramitando 6.000 y un juez de primera instancia e instrucci¨®n, que podr¨ªa llevar 1.500 diligencias penales y 300 civiles, est¨¢ llevando, respectivamente, 5.000 y 600.

Independencia econ¨®mica

Recuerdan asimismo que la ley org¨¢nica del Poder Judicial establece: "El Estado garantiza la independencia econ¨®mica de los jueces y magistrados mediante una retribuci¨®n adecuada a la dignidad de la funci¨®n jurisdiccional". Y explican este precepto en las graves responsabilidades que pesan sobre ellos, la posibilidad de ser sancionados disciplinariamente por el retraso en la tramitaci¨®n de asuntos y la incompatibilidad con cargos o empleos y con el ejercicio de "toda actividad mercantil", incluso la realizada a trav¨¦s del c¨®nyuge.

El complemento de mayor penosidad que perciben los jueces que prestan servicios de guardia en las grandes capitales, en las que est¨¢n separados los juzgados civiles de los penales, es negado por el Ministerio de Justicia a los jueces destinados en juzgados de primera instancia e instrucci¨®n, que simultanean la funci¨®n civil y la penal y, en cuanto a ¨¦sta, permanecen de guardia todo el a?o. La Audiencia Territorial de La Coru?a estim¨® una reclamaci¨®n en este sentido, pero el Tribunal Supremo la rechaz¨®.

La situaci¨®n retributiva viene a incidir sobre la deficiencia general de medios que padecen los juzgados y repercute sobre el servicio al ciudadano. Los nuevos jueces que llegan a la periferia de Madrid o Barcelona o a zonas tur¨ªsticas en donde el alquiler de un apartamento vale 100.000 pesetas -m¨¢s de la mitad de su sueldo-, adem¨¢s de tener que viajar permanentemente acompa?ados por un localizador por si es necesario levantar un cad¨¢ver, atender un habeas corpus o autorizar un trasplante de ¨®rganos, sufren la penuria no ya del papel de oficio, sino del mismo papel higi¨¦nico del juzgado.

En el nuevo juzgado de Aranjuez la compa?¨ªa suministradora de electricidad exigi¨® que se colocara el contador fuera del edificio judicial, para poder cortar la luz por falta de pago. En el juzgado de la localidad canaria de San Bartolom¨¦ de Tirajana el forense tuvo que comprar de su bolsillo los guantes esterilizados. Un juez de Madrid, Guillermo Sanchis, de 34 a?os, comenzaba el 19 de febrero ¨²ltimo los fundamentos jur¨ªdicos de una sentencia con estas palabras: "Quiso Dios que lleg¨¢semos al final de este desgraciado procedimiento". M¨¢s adelante se extend¨ªa en consideraciones sobre los problemas del juzgado y se refer¨ªa al "naufragio" del mismo.