La pol¨ªtica espa?ola en ?frica austral
La existencia en Sur¨¢frica de un sistema pol¨ªtico en el que el status jur¨ªdico de la persona viene determinado por su adscripci¨®n a un determinado grupo racial constituye un desaf¨ªo a los principios sobre los que se asientan las sociedades libres. La comunidad internacional condena un¨¢nimemente este sistema que tan gravemente conculca los derechos inalienables de la persona humana, cuyo respeto y observancia vienen impuestos por el derecho internacional y en particular por la Carta y las resoluciones de las Naciones Unidas.Por tal motivo, el Gobierno espa?ol, animado adem¨¢s por la filosof¨ªa democr¨¢tica que late en nuestro texto constitucional, y consecuente con la importancia que otorga a la defensa de los derechos humanos en la esfera internacional, ha desarrollado hacia Sur¨¢frica una pol¨ªtica que trata de estimular el tr¨¢nsito pac¨ªfico hacia una sociedad justa y democr¨¢tica, libre de todo vestigio de discriminaci¨®n racial.
A este respecto, Espa?a desempe?a en el seno de las Comunidades Europeas una posici¨®n avanzada, denunciando sin ambages la injustificable opresi¨®n que sufre la mayor¨ªa de color en Sur¨¢frica a manos de un Estado que cuenta para ello con formidables mecanismos de represi¨®n pol¨ªtica.
El Gobierno espa?ol contempla con honda preocupaci¨®n la pervivencia del actual estado de emergencia, bajo cuyo amparo se ahoga la voz de las principales organizaciones de la oposici¨®n, se limitan y prohiben los derechos de expresi¨®n y manifestaci¨®n y se detiene y encarcela masivamente. El Gobierno de Pretoria, al adoptar y ampliar esta legislaci¨®n de emergencia, no hace sino dificultar el camino del di¨¢logo con los representantes de la mayor¨ªa de color, algunos de los cuales, como Nelson Mandela (que ha compartido con el Rey de Espa?a el Premio Sim¨®n Bol¨ªvar de la Unesco), padecen cautiverio desde hace ya varias d¨¦cadas.
Medidas restrictivas
En estas condiciones, Espa?a, junto con sus socios comunitarios, ha solicitado reiteradamente el levantamiento del estado de emergencia, la liberaci¨®n de todos los presos pol¨ªticos y la legalizaci¨®n de las organizaciones antiapartheid, llamamientos que, desgraciadamente, el Gobierno de Pretoria viene desoyendo con reiterada obstinaci¨®n. Espa?a lamenta que las autoridades surafricanas no hayan dado los pasos necesarios para iniciar el indispensable di¨¢logo con los genuinos representantes de la oposici¨®n que permitan sentar las bases adecuadas para garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos de aquel pa¨ªs.
Si bien Espa?a participa de la convicci¨®n de que la imposici¨®n de sanciones al r¨¦gimen surafricano se hace necesaria, en cambio no apoya la posici¨®n de quienes propugnan sanciones globales e indiscriminadas por los riesgos de desestabilizaci¨®n que ello reportar¨ªa a la propia sociedad surafricana.
Espa?a se alinea, en este sentido, con las posturas de la Comunidad Europea, cuyo Consejo de Ministros aprob¨® en 1985 y 1986 sendos paquetes de medidas restrictivas contra sur¨¢frica que han sido escrupulosamente aplicadas por el Gobierno.
Tales medidas han supuesto el embargo de exportaciones e importaciones de armamento y material militar y paramilitar hacia Sur¨¢frica o proveniente de ella, y ha cerrado todo contacto en materia de cooperaci¨®n militar mediante el rechazo de nuevas acreditaciones de agregados militares surafricanos en Madrid.
Espa?a ha extendido asimismo las medidas restrictivas a las relaciones deportivas y al campo de la cultura, y los contactos con aquellas autoridades han quedado pr¨¢cticamente relegados, hoy por hoy, a los estrictamente diplom¨¢ticos.
Esta pol¨ªtica de medidas selectivas comprende tambi¨¦n la suspensi¨®n de exportaciones de petr¨®leo y sus derivados, la prohibici¨®n de cualquier nueva colaboraci¨®n en el sector nuclear, la suspensi¨®n de las importaciones de monedas de oro y de ciertos productos sider¨²rgicos de la Rep¨²blica de Sur¨¢frica. Por ¨²ltimo, el Gobierno espa?ol ha decidido suspender por decreto-ley cualquier nueva inversi¨®n directa espa?ola en aquel pa¨ªs.
Paralelamente a la imposici¨®n de las medidas referidas, Espa?a participa como pa¨ªs comunitario en el programa de medidas positivas, que incluye proyectos de ayuda en ¨¢mbitos tan variados como la educaci¨®n, la sanidad o los medios de comunciaci¨®n social, y cuya ¨²ltima finalidad no es otra que la de desarrollar en el interior de Sur¨¢frica aquellas iniciativas que tiendan a promover el bienestar material, social y cultural de la mayor¨ªa de color.
Junto al programa comunitario, nuestro pa¨ªs ha desarrollado su propio programa de medidas positivas, fijando su atenci¨®n en proyectos cuyo objetivo es tambi¨¦n tratar de aliviar los efectos negativos que se derivan del sistema del apartheid para la mayor¨ªa de color.
Igualmente se promociona el cumplimiento riguroso de las normas contenidas en el c¨®digo de conducta comunitario por parte de las empresas espa?olas que operan en Sur¨¢frica para hacer posible la igualdad de todos los trajadores y el pleno disfrute de los -derechos laborales y de las libertades sindicales sin distinci¨®n racial.
El Gobierno espa?ol advierte con extrema inquietud c¨®mo los efectos de la pol¨ªtica del apartheid desbordan las fronteras de la naci¨®n surafricana y condena los efectos pertubadores de esta acci¨®n desestabilizadora en los pa¨ªses de su entorno, sobre los que se proyecta una estrategia tendente a mantener dependientes a aquellas econom¨ªas.
Esta dependencia, unida a la fragilidad de las estructuras pol¨ªticas y econ¨®micas de estas naciones, las convierte en f¨¢ciles rehenes de esta pol¨ªtica de desestabilizaci¨®n directa o indirecta. Nuestro pa¨ªs se une al esfuerzo de otros pa¨ªses occidentales que conceden a aquella zona una importancia creciente en sus pol¨ªticas de cooperaci¨®n, facilit¨¢ndoles, en la medida de nuestras posibilidades, un creciente volumen de recursos para su desarollo, principalmente a Angola y Mozambique. Asimismo, Espa?a participa activamente en la SADCC, organizaci¨®n econ¨®mica internacional que agrupa a todos los Estados de la regi¨®n y que canaliza cuantiosos recursos financieros de pa¨ªses y agencias donantes con el objetivo de promover la cooperaci¨®n econ¨®mica entre aquellas naciones y disminuir su dependencia respecto a Sur¨¢frica.Conclusi¨®n
El apartheid es una realidad lacerante para ?frica y para la comunidad internacional. La inextricable mezcla de factores presentes y el potencial explosivo que de ello se deriva para Sur¨¢frica y para toda la regi¨®n exigen de los pa¨ªses occidentales considerables dosis de cautela, inteligencia y firmeza.
Movida por la convicci¨®n de que no se puede renunciar a la esperanza de un cambio pac¨ªfico que surja de dentro mismo de la sociedad surafricana, Espa?a trata de incidir en aquellos ¨¢mbitos en los que su acci¨®n puede promover el tr¨¢nsito pol¨ªtico y social deseado. Nuestro pa¨ªs no dejar¨¢ de denunciar el apartheid en los distintos foros internacionales y de ejercer la pol¨ªtica hasta ahora seguida, en la confianza de poder allanar el camino hacia un futuro multirracial y democr¨¢tico en ?frica del Sur, alejando as¨ª la sombra de un ba?o de sangre que ponga l¨²gubre remate a tantos a?os de segregaci¨®n racial.
El tema adquiere una dolorosa vigencia, precisamente cuando el Gobierno de Pretoria tiene pendientes de ejecuci¨®n a seis militantes conocidos como los seis de Sharpeville, a pesar de las numeros¨ªsimas peticiones de clemencia que han llegado de todas las partes del mundo, entre las que se cuentan las del Gobierno y el Parlamento espa?oles. En este sentido, hoy resulta menos exagerado que nunca decir que estamos en presencia de la mayor verg¨¹enza de este fin de siglo.
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