Uranio de Namibia

CUANDO el d¨ªa 17 llegue a Madrid el obispo surafricano Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz, es muy probable que se pregunte si acude a una capital amiga u hostil. Si ha le¨ªdo el art¨ªculo del ministro espa?ol de Asuntos Exteriores publicado en EL PA?S el pasado 20 de marzo, describiendo las que ¨¦l declara como ¨²nicas sanciones posibles que Espa?a y la CE imponen a Pretoria (entre otras, "la prohibici¨®n de cualquier nueva colaboraci¨®n en el sector nuclear"), es probable que piense que el Gobierno de Madrid siente cierta simpat¨ªa, no excesivamente calurosa, por el calvario de la mayor¨ªa negra en Sur¨¢frica; si hubiera o¨ªdo las declaraciones del mismo ministro ayer a Radio Nacional de Espa?a, su confusi¨®n ser¨ªa completa, porque la del ministro no es menor; si le cuentan que una entidad p¨²blica espa?ola (ENUSA) es importante compradora de uranio de Namibia, deducir¨¢ correctamente que el apoyo de Espa?a a su causa es, como el de la mayor¨ªa del mundo civilizado, puramente ret¨®rico.La comunidad internacional est¨¢ lejos de hacer lo que debe con el r¨¦gimen racista de Pretoria. En vez de aislarlo seriamente, pierde el tiempo en condenas verbales, que a nada conducen y de las que el Gobierno del apartheid se r¨ªe a mand¨ªbula batiente. Lo mismo puede decirse de la actitud de la Europa comunitaria. Hace a?os que la CE deshoja la margarita de "cu¨¢l es la sanci¨®n m¨¢s eficaz" o del tu quoque invocado por unos para defender su propio comercio con espurios ejemplos del vecino. A la hora de la verdad, nunca pasa de prohibir los vuelos econ¨®micamente ruinosos de la l¨ªnea a¨¦rea nacional o las importaciones de monedas surafricanas de oro. Tres pa¨ªses son realmente culpables de que se perpet¨²e esta situaci¨®n en Europa: el Reino Unido, Portugal y la Rep¨²blica Federal de Alemania. El primero, con tremendos v¨ªnculos de todo tipo con el ?frica austral, porque dice que las sanciones no son eficaces o que, si lo fueran, da?ar¨ªan a la propia mayor¨ªa negra (como si los habitantes de Soweto fueran el estrato m¨¢s rico del pa¨ªs). El segundo, porque tiene un mill¨®n de habitantes en Sur¨¢frica y no es cuesti¨®n de enajenarles al Gobierno de Pretoria. Y el tercero, porque sus intereses econ¨®micos m¨¢s o menos vitales son gigantescos.

En la cumbre comunitaria de La Haya de junio de 1986, el presidente del Gobierno espa?ol se mostr¨® dispuesto a sumarse a un boicoteo de las compras de carb¨®n surafricano y del comercio hortofrut¨ªcola y de vino. Su iniciativa fue vetada. Desde entonces, Espa?a, junto con Italia y la RFA, ha incrementado sus compras de carb¨®n surafricano. Adapt¨¢ndose al cinismo general, le hace un favor al pa¨ªs: el carb¨®n surafricano es barato (porque est¨¢ primado, claro) y contamina menos que el espa?ol. Podr¨ªa comprarse uno de las mismas caracter¨ªsticas en Australia o en Colombia, lo que ser¨ªa generoso hacia la comunidad negra de Sur¨¢frica, pero resultar¨ªa mucho m¨¢s caro para el erario espa?ol. ?Castigar a Pretoria? Es posible. Pero no debe olvidarse que tenemos una flota que pesca una ingente cantidad de merluza precisamente en las costas de Namibia, lo que alimenta a nuestra industria y al est¨®mago agradecido de los espa?oles.

No denunciar ahora unos contratos de adquisici¨®n de uranio namibio firmados en 1974 y 1976, en momentos de aislamiento franquista, resulta del todo inmoral. Sobre todo si se recuerda que Espa?a acept¨® el compromiso aprobado en este sentido por la CE en oto?o de 1985 y si se supone que nuestro pa¨ªs acata las disposiciones contrarias a tal comercio dictadas por el Consejo de Naciones Unidas para Namibia.