Interior se contradice en dos informes oficiales sobre el 'caso el Nani'

La Brigada Regional de Polic¨ªa Judicial de Madrid y la Unidad Especial de Polic¨ªa Judicial -Tepol-, ambas dependientes de Ministerio del Interior, han remitido sendos informes al tribunal del caso el Nani, cuya vista oral comienza ma?ana que se contradicen sobre la cifra de delincuentes comunes a quienes se aplic¨® la ley antiterrorista entre 1981 y 1983. El 12 de noviembre de este ¨²ltimo a?o desapareci¨® Santiago Corella despu¨¦s de que se le aplicase esa legislaci¨®n especial en dependencias de aquella brigada.

La brigada regional, a la que pertenecen los siete agentes que ma?ana comparecerEm como acusados ante la Secci¨®n Cuarta de la Audientia Provincial de Madrid remiti¨® en enero de 1987 al juez instructor, Andr¨¦s Mart¨ªnez Arrieta, un oficio relativo -a la aplicaci¨®n de la ley antiterrorista a delincuentes comunes "integrados en bandas armadas" o supuestamente participantes "en delitos que incid¨ªan gravemente en la seguridad ciudadana". Seg¨²n este texto, la Ley 1111980 [antiterroristal se aplic¨® en 1983 a 128 delincuentes en tales circunstancias; en 1982, a 109, y en 1981,al95.Estos datos, seg¨²n el mismo documento de la brigada, se refenan exclusivamente al ¨¢mbito de actuaci¨®n de la misma -que comprende las provincias de Madrid, ?vila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalaj ara y Toledo-, y remit¨ªa al juez a la Tepol para recabar datos sobre toda Espa?a.

El oficio de la Tepol, que ayer lleg¨® a la Audiencia, indica, de su lado, las siguientes cifras de delincuentes "integrados en bandas armadas" a quienes se aplic¨® la citada legislaci¨®n: 59 personas en 1983; 96, en 1982, y 145 en 1981.

La Tepol es la secci¨®n competente para canalizar al ministro del Interior las peticiones sobre aplicaci¨®n de la ley antiterrorista de todas las brigadas policiales espa?olas. Por tanto, Interior da una cifra m¨¢s baja para el total nacional que la ofrecida antes exclusivamente para la regi¨®n policial de Centro.

Letrados de la acusaci¨®n popular y de la defensa de uno de los procesados en el caso se?alaron que este hecho demuestra la falta de control de las autoridades pol¨ªticas del departamento que encabeza Jos¨¦ Barrionuevo sobre la aplicaci¨®n de la ley antiterrorista.

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