La juez y el empresario

UNA SEMANA de c¨¢rcel es el precio pagado por ahora por el empresario Miguel Coronel, presidente de la Asociaci¨®n de la Peque?a y Mediana Empresa de Ronda (M¨¢laga), que critic¨® p¨²blicamente la actuaci¨®n profesional de la juez de la localidad. Hechos parecidos vienen produci¨¦ndose con cierta frecuencia en Espa?a. El fantasma del delito de desacato, figura delictiva imprecisa y anacr¨®nica, propia m¨¢s bien de ¨¦pocas en que el ejercicio autoritario del poder necesitaba un fuerte escudo penal, acecha continuamente a quien se aventura -con o sin raz¨®n, con o sin acierto- en la cr¨ªtica de los titulares del poder judicial, precisamente los ¨²nicos entre cuantos integran los poderes del Estado que no son democr¨¢ticamente elegidos.Pero la permanencia del empresario en prisi¨®n por haber imputado a la juez de Ronda actuaciones torvas en el ejercicio de su cargo no s¨®lo plantea un problema de probable abuso de poder y de utilizaci¨®n en provecho propio del monopolio jurisdiccional que tienen los jueces, tambi¨¦n constituye un episodio revelador de las situaciones a que puede conducir la demag¨®gica campa?a que desde los primeros a?os de la transici¨®n pol¨ªtica vienen alimentando algunos sectores reaccionarios contra la actuaci¨®n de los jueces en el problema de la seguridad ciudadana.

Miguel Coronel, antiguo militante de Alianza Popular y conocido por sus posiciones conservadoras, se despach¨® a gusto en una emisora local contra determinadas decisiones de la titular del Juzgado de Instrucci¨®n de Ronda, Olatz Aizpur¨²a, en relaci¨®n con la delincuencia. Bas¨¢ndose en informaciones de "confidentes", el empresario ronde?o imput¨® a la juez haber puesto en libertad a cinco presuntos delincuentes antes de haber concluido las diligencias policiales y no haber autorizado un registro policial en busca de un alijo de coca¨ªna. Aun dando por cierta la falsedad de estas imputaciones y su car¨¢cter delictivo, no cabe duda de que la reacci¨®n de la juez fue a todas luces desproporcionada y se parece m¨¢s a una venganza que a un acto de administrar justicia.

La prisi¨®n preventiva tiene otras funciones que la de ser utilizada como arma para coartar los derechos de libertad de expresi¨®n y de cr¨ªtica de los ciudadanos, por m¨¢s exacerbado que sea su ejercicio. Existen procedimientos legales establecidos para perseguir los delitos cometidos en el ejercicio de la libertad de cr¨ªtica. Y entre ellos no figura, en ning¨²n pa¨ªs civilizado, el de meter en la c¨¢rcel sin juicio previo al presunto infractor. La juez de Ronda ha aducido como justificante de su decisi¨®n la alarma que las declaraciones del empresario provocaron en la sociedad local. Pero su desorbitada reacci¨®n ha generado una alarma de mayores proporciones en todo el pa¨ªs. No es posible encontrar ni un solo razonamiento l¨®gico que justifique la privaci¨®n de libertad del acusado. Al mismo tiempo, las imputaciones de ¨¦ste tienen la misma m¨²sica que la cantinela con que desde hace a?os los sectores de la derecha vienen martilleando los o¨ªdos de los espa?oles: los jueces, principalmente ellos, son culpables de la inseguridad ciudadana. "Los delincuentes entran en el juzgado por una puerta y, salen por otra" ha sido su eslogan. El hecho de que existan en estos momentos 30.000 personas en las c¨¢rceles espa?olas por decisi¨®n judicial no ha servido para cambiar en nada un aserto que tiene mucho de arma pol¨ªtica. En realidad, lo que se quiere en estos sectores son jueces imbuidos de criterios policiales y servidores del orden tal como lo conciben las fuerzas vivas de la localidad. Este conflicto nacional, al que tambi¨¦n han contribuido los gobernantes socialistas con decisiones desmerecedoras para la independencia del poder judicial, puede llegar hasta el enfrentamiento personal en sociedades cerradas de ¨¢mbito local. El caso de Ronda est¨¢ ah¨ª para atestiguarlo.

En cualquier caso, los jueces, como el resto de los ciudadanos, tienen todo el derecho del mundo a defenderse de los ataques pol¨ªticos. Pero ni pueden confundir ¨¦stos con atentados a su independencia ni para defenderse de ellos deben llegar al abuso de poder. Es al Consejo General del Poder Judicial y a las asociaciones profesionales a los que los jueces deben instar para que cumplan con decisi¨®n esta tarea.