Sur¨¢frica, "la mayor verg¨¹enza"

La suerte de los seis de Sharpeville, as¨ª como la de otros 250 presos surafricanos condenados a muerte, depende de las presiones internacionales. Y de la comunidad internacional tambi¨¦n depende el desmantelamiento del apartheid, por medio de las sanciones que algunos pa¨ªses se resisten a aplicar frente a las peticiones que ha hecho en este sentido la propia poblaci¨®n negra surafricana.

El pasado d¨ªa 18 se agot¨® el primer aplazamiento de la ejecuci¨®n de cinco hombres y una mujer de raza negra -conocidos internacionalmente por el sobrenombre de los seis de Sarpheville- prevista para el 18 de marzo. El Tribunal Supremo de Sur¨¢frica decidi¨® dos d¨ªas antes aplazar el cumplimiento de la sentencia en virtud de que uno de los principales testigos de cargo en el juicio, Joseph Monefe, manifest¨® despu¨¦s que declar¨® en ¨¦l lo que le dict¨® la polic¨ªa.Millones de hombres y mujeres de todo el mundo, que solicitaron por diversos medios al presidente Pieter Botha que indultara a los seis condenados -solicitud cursada tambi¨¦n por los Gobiernos de EE UU, Reino Unido, RFA y otros, incluido el nuestro-, consideraron este aplazamiento, como un ¨¦xito de su acci¨®n y tienen la esperanza de que la ejecuci¨®n no se consumar¨¢.

El abogado defensor de los seis condenados ahora ha pedido ahora la reapertura del juicio. A los seis de Sarpheville se les conden¨® a la horca bajo la acusaci¨®n de "culpa colectiva" por formar parte de un grupo de un centenar de personas que, hace tres a?os, mataron en un linchamiento colectivo a un consejero municipal. Ninguno de los seis fue acusado directamente de la muerte del consejero.

Ni este antecedente ni el aplazamiento del cumplimiento de la sentencia ni ahora la petici¨®n de reapertura del juicio garantizan, sin embargo, que los seis de Sarpheville no ser¨¢n ahorcados en los pr¨®ximos d¨ªas. El Gobierno de Botha, que prometi¨® solemnemente "dulcificar" el horrible r¨¦gimen del apartheid, mantiene desde 1986 el estado de emergencia y despliega la represi¨®n m¨¢s salvaje contra la poblaci¨®n negra, cinco veces m¨¢s nyunerosa que la blanca, que leg¨ªtimiunente lucha contra la discriminaci¨®n racial a que le somete la minor¨ªa blanca que monopoliza el poder y la riqueza del pa¨ªs.

El 25 de marzo, siete surafricanos de color fueron ahorcados en la c¨¢rceI de Pretoria y, cuatro d¨ªas despu¨¦s, otros siete sufr¨ªan la misma suerte en una c¨¢rcel de otro lugar que no precisan las informaciones publicadas en Espa?a. Pretoria ha difundido que todos ellos eran delincuentes comunes; pero es de conocimiento p¨²blico que cuatro de las v¨ªtimas eran miembros del Consejo de la Juventud, una organizaci¨®n antiapardwd de Addo, localidad cercana a Port Elisabeth.

La Prensa internacional destaca estos d¨ªas que son a 36 los ahorcados en el curso de este a?o y que hay todav¨ªa 250 condenados a la ¨²ltima pena, entre ¨¦stos, 45 por motivos pol¨ªticos, que ser¨¢n ejecutados si las presiones internacionales no lo remedian.

Pretoria lleva la represi¨®n incluso fuera de las fronteras de su pa¨ªs. El 28 de marzo, soldados surafricanos entraron en Botsuana y acribillaron a tiros a tres hombres y una mujer, conocidos activistas de la lucha contra el apartheid. Al d¨ªa siguiente, especialistas del crimen, a sueldo de Pretoria asesinaban en Par¨ªs a Dulcie September, representante en Francia del Congreso Nacional Africano (ANC), principal grupo antiaparheid de Sur¨¢frica, cuyo l¨ªder, Nelson Mandela, lleva m¨¢s de 25 a?os en una c¨¢rcel.

Unas semanas antes, Godfrey Motsepe, portavoz del ANC en Bruselas, escap¨® milagrosamente a un atentado perpetrado por pistoleros pagados por Botha. El Ej¨¦rcito surafricano ocupa Namibia e impide que se cumplan los acuerdos de la ONU que ordenan el acceso a la independencia de este pa¨ªs, realiza operaciones de castigo en el sur de Angola y sostiene las guerrillas que operan en Angola y Mozambique.

El ministro espa?ol de Relaciones Exteriores, en un art¨ªculo aparecido el 20 de marzo pasado, calific¨® el apartheid y la conducta del Gobierno de Botha como "la mayor verg¨¹enza de este fin de siglo". Este juicio contradice, sin embargo, fiagrantemente la pol¨ªtica surafricana de nuestro Gobierno, antiapartheid en las palabras, pero no en los hechos.

La actitud espa?ola

Un diario de Barcelona afirm¨® el 7 de abril que "el volumen del comercio exterior entre Espa?a y Sur¨¢frica no ha sido afectado por el bloqueo econ¨®mico decretado por Espa?a contra el r¨¦gimen de Botha, de acuerdo con la CEE en junio de 1987.

Las ¨²ltimas cifras de la Secretar¨ªa de Estado de Comercio indican que Espaf¨ªa (en 1987) casi ha duplicado en toneladas las exportaciones a Sur¨¢frica y ha incrementado el volumen de los productos importados". Espa?a export¨® -dice la informaci¨®n- 151.519 toneladas de productos incluidas armas cortas y municiones, por un valor total de 12.094 millones de pesetas.

El valor de las importaciones ascendi¨® a 38.850 millones de pesetas. Mantenemos, por tanto, un intercambio comercial con Sur¨¢frica desfavorable para Espa?a, lo que explica y justifica que se acuse a nuestro Gobierno de hacer una pol¨ªtica de doble cara y de colaborar econ¨®micamente al mantenimiento del Gobierno de Botha, que no cambiar¨¢ de actitud mientras la comunidad internacional no aplique contra ¨¦l en¨¦rgicas sanciones.

El se?or Fern¨¢ndez Ord¨®?ez proclama en el art¨ªculo citado anteriormente que Espa?a cumple con su deber aline¨¢ndose con las posturas de la CEE y afirma que .no apoya la posici¨®n de quienes propugnan sanciones globales indiscriminadas, por los riesgos de desestabilizaci¨®n que ello reportar¨ªa a la propia sociedad surafricana". Pero este es un argumento hip¨®crita, como bien sabemos los que durante a?os reclamamos que los Gobiernos democr¨¢ticos aislaran internacionalmente al r¨¦gimen dictatorial del general Franco.

Sobre esta cue sti¨®n deber¨ªa tenerse en cuenta, en primer t¨¦rmino, el criterio de los propios surafricanos, que reclaman con insistencia a los Gobiernos democr¨¢ticos que rompan sus relaciones con Pretoria.

En cualquier caso, es evidente que para impedir que la horca siga funcionando, y para desmontar el apartheid, es necesario que la comunidad internacional aplique sanciones en¨¦rgicas contra Pretoria, sanciones que el Gobierno espa?ol deber¨¢ ser el primero en propugnar y cumplir.