Un centenar de parlamentarios est¨¢ vinculado a entidades financieras y sociedades mercantiles

CARLOS G?MEZ Al menos un centenar de parlamentarios espa?oles comparte sus responsabilidades legislativas y de representaci¨®n con la defensa de intereses mercantiles ajenos a su cargo. Los parlamentarlos de las formaciones de derecha y centro (AP, Democracia Cristiana, Converg¨¨ncia i Uni¨®, Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna y Centro Democr¨¢tico y Social) est¨¢n vinculados al mando financiero y empresarial en mucha mayor proporci¨®n que los socialistas o los de Izquierda Unida. La mayor¨ªa no ha declarado estas vinculaciones en el registro de intereses de las Cortes.

De los m¨¢s de cien parlamentarios con claros intereses empresariales, seg¨²n un estudio realizado por EL PA?S, al menos doce est¨¢n vinculados a los siete grandes de la banca y otros doce a cajas de ahorro o sociedades financieras; ocho est¨¢n relacionados con empresas de seguros, y otros tantos con el sector tur¨ªstico. Un n¨²mero similar tiene intereses empresariales en peri¨®dicos y emisoras de radio. Una veintena son propietarios de empresas de alimentaci¨®n o explotaciones agr¨ªcolas. Otros tantos est¨¢n relacionados con grupos industriales o con industrias que cuentan con m¨¢s de 100 millones de capital social. Varios se dedican al comercio exterior y los dem¨¢s est¨¢n vinculados a peque?as sociedades o empresas familiares de otros sectores.La pertenencia a consejos de administraci¨®n de sociedades mercantiles no presupone en s¨ª corrupci¨®n o tr¨¢fico de influencias, aunque en ocasiones algunos diputados y senadores han planteado interpelaciones o preguntas al Gobierno, relativas a la actividad mercantil de sus empresas particulares. El caso m¨¢s reciente se ha planteado hace apenas siete d¨ªas en el Congreso, el mi¨¦rcoles 13 de abril, coincidiendo con el malestar que se vive. estos d¨ªas en el sector de criadores de ganado porcino por el aumento de las importaciones y la ca¨ªda de los precios.

El diputado de Minor¨ªa Catalana Manuel Ferrer i Profitos, vinculado a la Sociedad de Trasformaci¨®n de Tornafenit (L¨¦rida), interpel¨® al ministro de Agricultura sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para la salvaguarda de los precios del cerdo nacional. No es un caso aislado. En las p¨¢ginas de los diarios de sesiones del Congreso y del Senado en los ¨²ltimos meses se encuentra f¨¢cilmente, si se conocen las vinculaciones empresariales de los parlamentarios, multitud de ejemplos similares. El propio Ferrer i Profitos, el 16 de marzo pregunt¨® tambi¨¦n al ministro de Agricultura por las medidas que se iban a adoptar para paliar el efecto de las heladas en los cultivos de almendras y frutos secos. Juan Casals Thomas, diputado por Baleares del Grupo Mixto e importante empresario tur¨ªstico y hotelero de Menorca, ha preguntado en reiteradas ocasiones al Gobierno sobre indemnizaciones por cancelaci¨®n de centros de inter¨¦s tur¨ªstico en Baleares o sobre las subvenciones de los programas de vacaciones para la tercera edad. El aliancista Alberto Dur¨¢n Nu?ez, vinculado una consignataria de buques y una agencia de aduanas en Vigo, pregunt¨® recientemente al Gobierno sobre sus apoyos para el mantenimiento de la zona franca de Vigo en el marco de la Comunidad Europea.

En estas preguntas e interpelaciones coinciden en muchos casos intereses particulares de los parlamentarios que las plantean con intereses generales de grandes colectivos sectoriales. Fuentes parlamentarias resaltaron que los problemas del precio del cerdo, de la ocupaci¨®n hotelera en temporada baja, o los efectos de un puerto franco sobre una regi¨®n deprimida son vividos y conocidos con mayor intensidad por los parlamentarios vinculados empresarialmente a los mismos que por otros compa?eros de sus respectivos grupos parlamentarios. Dilucidar qui¨¦nes o en qu¨¦ momento utilizan su cargo en beneficio propio y qui¨¦nes o en qu¨¦ momento lo hacen al servicio de intereses generales resulta casi imposible sin caer en un juicio de intenciones.

Los escasos datos sobre pertenencia a consejos de administraci¨®n, vinculaciones econ¨®micas o profesionales que la mayor parte de los diputados y senadores han confesado en el registro de intereses de las Cortes no facilita la trasparencia. Muchos parlamentarios han callado voluntariamente sus actividades empresariales o profesionales, porque ninguna de ellas es legalmente incompatible y no est¨¢n obligados a declararlas. Esta situaci¨®n no favorece la identificaci¨®n de los intereses particulares de cada parlamentario y la necesaria independencia, fuera de toda sospecha, de sus intervenciones y tomas de posici¨®n en el Parlamento. Esta situaci¨®n, sin embargo, todav¨ªa no ha sido abordada por la comisi¨®n creada para investigar el tr¨¢fico de influencias.