Pagar religiosamente

SIEMPRE HEMOS defendido que los espa?oles deben pagar religiosamente sus impuestos, pero eso no quiere decir que los impuestos sean religiosos ellos mismos. Los contribuyentes que a partir de ayer se ven en 'la obligaci¨®n de liquidar su impuesto sobre la renta encontrar¨¢n este a?o en el impreso de declaraci¨®n dos nuevas casillas, en las que deben se?alar a qu¨¦ opci¨®n quieren destinar el 0,52%. de su tributaci¨®n total al Estado: si para el sostenimiento econ¨®mico de la Iglesia cat¨®lica o para otros fines de inter¨¦s social. Quien no lo haga se entiende que opta por dedicar este porcentaje de sus impuestos a lo segundo. Se pone as¨ª en marcha un nuevo procedimiento de financiaci¨®n estatal a la Iglesia cat¨®lica en sustituci¨®n de la tradicional dotaci¨®n presupuestaria, que en 1987 se elev¨® a cerca de 14.000 millones de pesetas.La sofisticaci¨®n del nuevo m¨¦todo no oculta la continuidad de una pr¨¢ctica en virtud de la cual el Estado, a despecho de su car¨¢cter aconfesional, sigue teniendo a su cargo los costes de personal y culto de la Iglesia cat¨®lica. Antes no se consultaba a los ciudadanos sobre si quer¨ªan o no contribuir al sostenimiento de la Iglesia. Ahora se les permite optar, pero la decisi¨®n de los que contesten negativamente no es tenida en cuenta, dado que, de todas formas, el Estado suplir¨¢ la diferencia entre lo recaudado por la nueva v¨ªa y la cifra equivalente a la antigua subvenci¨®n directa. En efecto, aunque los acuerdos de 1979 entre el Vaticano y el Estado recogen la expl¨ªcita voluntad de autofinanciaci¨®n de la Iglesia, el sistema transitorio puesto en marcha ahora -con un retraso de cinco a?os- combina la asignaci¨®n tributaria con el compromiso del Estado de cubrir durante tres a?os la diferencia que pudiera resultar en el caso de que lo recaudado sea inferior a la dotaci¨®n hasta ahora percibida por la Iglesia. En 1991 deber¨¢ iniciarse la ¨²ltima fase, en la que el Estado ya no aportar¨¢ a la Iglesia otra financiaci¨®n que la que resulte de la asignaci¨®n tributaria.

Pero no existe ning¨²n plazo para el t¨¦rmino de esa ¨²ltima fase transitoria, a partir de la cual la Iglesia cat¨®lica deber¨¢ autofinanciarse.

Las sospechas de inconstitucionalidad vertidas sobre el sostenimiento de la Iglesia cat¨®lica con fondos p¨²blicos, y en concreto sobre el m¨¦todo de asignaci¨®n tributaria puesto ahora en marcha, han sido reiteradas. La financiaci¨®n estatal de una concreta instituci¨®n religiosa se opone a principios constitucionales como la no discriminaci¨®n por motivos de religi¨®n, el obligado respeto a la intimidad de las creencias y el car¨¢cter aconfesional del Estado. La imposibilidad de determinar en el impuesto sobre la renta qu¨¦ otro tipo de obras sociales quiere el contribuyente no cat¨®lico que sean financiadas con su aportaci¨®n hace de ¨¦sta una medida claramente discriminatoria, y por lo mismo injusta. La propia Iglesia, y por motivos estrictamente religiosos, deb¨ªa ser la m¨¢s interesada en no aceptar este sistema, que resulta humillante para ella, constituye un agravio comparativo y sigue depositando en manos del Estado un formidable resorte de presi¨®n econ¨®mica. De paso, cr¨ªticas como las recientes del cardenal Suqu¨ªa sobre el destino dado por el Gobierno a ciertos fondos p¨²blicos tendr¨ªan la credibilidad de la que carecen en la situaci¨®n actual.

La Iglesia cat¨®lica, sus asociaciones y entidades, gozan en Espa?a de abundantes exenciones fiscales y se benefician de fondos estatales a cuenta de determinadas contraprestaciones docentes, culturales y de asistencia religiosa. No hay raz¨®n para que el Estado no ampl¨ªe todav¨ªa m¨¢s en el futuro su aportaci¨®n econ¨®mica, siempre que corresponda a concretos y evaluables servicios ¨²tiles a los ciudadanos. La medida llevada a cabo en esta declaraci¨®n de renta es sencillamente inadmisible. Existen sobradas razones morales, pol¨ªticas y jur¨ªdicas, por parte de cat¨®licos y no cat¨®licos, para objetarla. Al menos mientras el Estado no explicite claramente qu¨¦ otras actividades sociales piensa financiar con ese porcentaje y el ciudadano no sea libre de optar por ellas.