Inquietud judicial por la respuesta que d¨¦ el Gobierno a las reivindicaciones

Las diferencias existentes entre el Gobierno y las reivindicaciones de jueces y magistrados asumidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) preocupan a la mayor¨ªa del Consejo, que se plantea la actitud a adoptar en el caso de que el Ejecutivo no acepte puntos concretos, como el incremento de los sueldos de los jueces por encima de un 3?%.

Para fecha todav¨ªa no fijada est¨¢ prevista una entrevista del presidente del Consejo, Antonio Hern¨¢ndez Gil, con el presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, y ma?ana mismo, el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, se reunir¨¢ con los miembros del Poder Judicial.

Aunque la entrevista, a instancias de Ledesma, tiene como objeto oficial explicar la futura ley de Demarcaci¨®n y Planta, en fuentes del Consejo no se descarta que se aborden algunas diferencias de criterio, como la posici¨®n del Ministerio de Justicia, contraria a un incremento de las remuneraciones en 1988.

Seg¨²n inform¨® a EL PA?S un vocal de la mayor¨ªa, entre los consejeros se ha planteado la posibilidad de dimitir si el Ejecutivo se niega a atender peticiones estimadas razonables. El mismo vocal se?al¨® que el CGPJ record¨® hace meses al Gobierno que los jueces son los ¨²nicos funcionarios que no perciben cuatro mensualidades cuando se jubilan y no ha habido respuesta.

Pacto de Estado

Mientras tanto, se generaliza la denuncia del mal funcionamiento de la justicia. El presidente de la Audiencia Territorial de Madrid, Clemente Auger, y el presidente del Consejo General de la Abogac¨ªa, Antonio Pedrol, coincidieron el lunes ¨²ltimo en el Club Siglo XXI en la necesidad de un pacto de Estado sobre la materia y el subsecretario de Justicia, Liborio Hierro, dijo compartir la preocupaci¨®n de ambos. Sin embargo, Pedrol dijo que el presupuesto para la justicia no alcanza el 1% del total, "inferior al de la Renfe", mientras en el resto de Europa suele ser del 2% o 3%.

Auger record¨® que en cuesti¨®n de retribuciones "lo barato es caro" y propugn¨®, junto a los medios materiales, una reforma procesal en profundidad que acabe con el sumario y las pruebas por escrito y haga realidad los principios constitucionales de oralidad e inmediaci¨®n.