El fiscal del Estado tiene la palabra

El ministro del Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, y las autoridades de su departamento que ordenaron la fallida operaci¨®n realizada en la madrugada de ayer en Legan¨¦s, aplicaron la ley Antiterrorista todav¨ªa en vigor, pero seg¨²n fuentes jur¨ªdicas consultadas por este peri¨®dico, violaron la Constituci¨®n e incurrieron en responsabilidad penal. Tales fuentes estiman que el fiscal general del Estado debe iniciar las correspondientes acciones.La ley Antiterrorista permite en su art¨ªculo 16 a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "proceder sin necesidad de previa autorizaci¨®n o mandato judicial a la inmediata detenci¨®n" de los responsables de acciones terroristas, "cualquiera que fuese el lugar o domicilio donde se ocultasen o refugiasen". Con ello, se suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Pero tal suspensi¨®n est¨¢ autorizada por la Constituci¨®n "para personas determinadas" relacionadas o integrantes de bandas armadas o elementos terroristas. Y para impedir extralimitaciones en esta autorizaci¨®n, la Constituci¨®n estableci¨® en el ¨²ltimo p¨¢rrafo de su art¨ªculo 55: "La utilizaci¨®n injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley org¨¢nica producir¨¢ responsabilidad penal, como violaci¨®n de los derechos y libertades reconocidos por las leyes".

Las fuentes antes mencionadas aseguraron que, de acuerdo con este precepto constitucional, adem¨¢s de las responsabilidades por los delitos de da?os, coacciones, lesiones y otros que se hayan podido producir durante la operaci¨®n fallida, es exigible a las autoridades de Interior responsabilidad penal por el delito tipificado en el art¨ªculo 194 del C¨®digo Penal, por impedir "el ejercicio de los derechos c¨ªvicos".