Jueces para la Democracia acusar¨¢ al poder p¨²blico de no defender la Constituci¨®n

El III Congreso de Jueces para la Democracia, que reunir¨¢ del 3 al 5 de junio pr¨®ximo en Santiago de Compostela a unos 150 jueces y magistrados -sobre un total de 241 asociados-, har¨¢ un pronunciamiento cr¨ªtico sobre el Parlamento, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relaci¨®n con la defensa de la Constituci¨®n.

Un documento preparado por el magistrado Luciano Varela, del secretariado de Jueces para la Democracia, reprocha al Parlamento y al Gobierno que no defiendan los principios y garant¨ªas constitucionales, y denuncia la complicidad permanente" del ¨®rgano de gobierno del poder judicial, incapaz de "medirse con los otros poderes del Estado".En el informe -bien recibido por el sector m¨¢s izquierdista de la asociaci¨®n judicial progresista- se estima que en el plano legislativo "persisten criterios poco compatibles con las garant¨ªas constitucionales en la elaboraci¨®n de los instrumentos jur¨ªdicos para la represi¨®n del terrorismo y en las opciones de pol¨ªtica criminal vigentes en la legislaci¨®n penal". Como ejemplos "especialmente preocupantes", se refiere a la reciente reforma de los delitos contra la salud p¨²blica o a la no descriminalizaci¨®n de determinados supuestos de aborto.

En cuanto al Ejecutivo, el documento se?ala que tanto la actuaci¨®n como la inhibici¨®n del Gobierno "resulta motivo de profunda preocupaci¨®n en lo que a la efectividad de los valores constitucionales se refiere". En concreto, el documento describe numerosas actuaciones del aparato policial y las operaciones "que le convierten en noticia period¨ªstica", "tan frecuentes como larnentables". Resalta, en cambio, la pasividad de ese mismo aparato policial para someter a los tribunales conductas como las que atentan a los derechos de los trabajadores o a intereses colectivos protegidos por el C¨®digo Penal.

En el informe de Varela, sobre el que existe divisi¨®n de criterios en el seno del secretariado, se denuncia al ¨®rgano de gobierno del poder judicial por lo que denomina su "asignatura pendiente": su capacidad para "medirse con los otros poderes del Estado". Como motivos de esta actitud sugiere la ausencia de un marco de competencias adecuado" y la "falta de voluntad pol¨ªtica". En contraste con esta pasividad, destaca que el CGPJ es proclive a "desencadenar los mecanismos disciplinarios".

El jurado, urgente

La introducci¨®n "de manera urgente, aunque gradual", de la instituci¨®n del Jurado es una de las propuestas elaboradas por los magistrados Juan Alberto Belloch y Juan Luis Ibarra, autores de la ponencia sobre Control democr¨¢tico de los ¨®rganos judiciales y de los ¨®rganos gubernativos del poder judicial. Frente a las posiciones del Ministerio de Justicia y de los sectores jur¨ªdicos que consideran la instituci¨®n del Jurado "perturbadora" en el. momento actual para el aparato de la justicia, los ponentes estiman que la instauraci¨®n del Jurado "dinamizar¨ªa el proceso de reforma en profundidad de, nuestro sistema penal". Asimismo, denuncian a "quienes se escudan en el mal funcionamiento de la administraci¨®n de justicia", dice, para retardar sin plazo el Jurado.

Otras f¨®rmulas de control que se proponen son la descriminalizaci¨®n del delito de desacato -que facilitar¨¢ la cr¨ªtica en profundidad de los ¨®rganos judiciales y de su contribuci¨®n a la "realizaci¨®n de los valores constitucionales"-, la creaci¨®n de un defensor p¨²blico -para desempe?ar un papel an¨¢logo al de acusador p¨²blIco que asume el fiscal-, la eliminaci¨®n de los obst¨¢culos al ejercicio de la acci¨®n popular, as¨ª como la ampliaci¨®n de las funciones del Defensor del Pueblo sobre la justicia y su legitimaci¨®n para interponer recursos en las causas judiciales sobre defensa de derechos fundamentales.

Como medios de control democr¨¢tico el informe propone, "siquiera sea a largo plazo, un modelo de designaci¨®n electiva de todos los jueces", comenzando por la elecci¨®n por los ciudadanos de los jueces de paz.