Inspectores en celo

DE LOS casi 11 millones de personas obligadas a presentar su declaraci¨®n de la renta, cerca de cuatro millones -m¨¢s de una tercera parte- no lo hicieron el pasado a?o. El fraude fiscal sigue siendo enorme y su distribuci¨®n muy desigual. Mientras que el 71,28% de los asalariados cumple escrupulosamente con sus obligaciones tributarias, tan s¨®lo el 30,36% de quienes perciben rentas procedentes del capital, de actividades profesionales, empresariales o agrarias declara correctamente.La reforma iniciada en los primeros a?os de la transici¨®n fue acompa?ada de intensas campa?as con argumentos morales del tipo Hacienda somos todos. La experiencia demostr¨® pronto que esa argumentaci¨®n apenas hac¨ªa mella en las conciencias de los ciudadanos. En parte alguna -independientemente del r¨¦gimen pol¨ªtico, tradici¨®n cultural o desarrollo del Estado del bienestar- los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales por impulsos morales. El que paga lo hace a rega?adientes, por temor a la sanci¨®n y pensando siempre que su aportaci¨®n a las arcas del Estado ser¨¢ empleada para los m¨¢s innobles fines, variando s¨®lo lo que cada cual entiende por fines nobles y fines innobles.

La existencia de inspectores de Hacienda se convierte en la ¨²nica garant¨ªa eficaz contra el fraude. La actual Administraci¨®n, consciente de ello, ha decidido aumentar considerablemente -unos 800 m¨¢s, de aqu¨ª a 1990- el n¨²mero de inspectores disponibles. A tal fin ha aprobado un plan de reforma de las v¨ªas de acceso a ese cuerpo, acompa?ado de unos criterios tendentes a favorecer la movilidad entre las distintas especialidades. Los inspectores han expresado su rechazo frontal al plan y, tras el fracaso de sus negociaciones con el ministerio, han acordado iniciar esta semana una huelga de celo (de trabajo a reglamento, m¨¢s precisamente), que se convertir¨¢ en huelga total los pr¨®ximos d¨ªas 15 y 16.

En el conflicto subyacen las resistencias corporativas de un cuerpo de la Administraci¨®n a la apertura de los sistemas de reclutamiento de la misma. Los inspectores no son ya, por lo que a sus emolumentos respecta, el sector privilegiado que fueron en el pasado. Pero la dureza de las oposiciones, m¨¢s la experiencia adquirida en su tarea, los convierte en profesionales muy cotizados por el sector privado. Si existe un desfase entre los inspectores necesarios y los disponibles es en parte porque muchos de ellos, una vez ganada la oposici¨®n y tras ejercer durante el m¨ªnimo de dos a?os exigido por la ley, solicitan la excedencia y se pasan a empresas privadas, donde cobran mucho m¨¢s, disfrutando de la seguridad de poder reincorporarse a la Administraci¨®n cuando lo deseen. Es esa situaci¨®n la que algunos de estos profesionales temen perder con el nuevo sistema.

No son convincentes los inspectores cuando afirman que lo que se pretende es introducir mecanismos de selecci¨®n por criterios pol¨ªticos. El sistema que se propone es una evaluaci¨®n continuada durante nueve meses, con ex¨¢menes trimestrales, y otro curso posterior de tres meses de especializaci¨®n. Considerar que ello supone desprofesionalizar el cuerpo de inspectores de finanzas s¨®lo se explica desde posiciones corporativistas.

El conflicto viene a plantear nuevamente la cuesti¨®n de fondo de la falta de una reforma general de la Administraci¨®n, incluyendo los criterios retributivos y del escaso acierto que el Gobierno ha tenido en su trato con los funcionarios. Un Estado moderno necesita un cuerpo administrativo, y unas normas regula doras del mismo, acorde con esa modernidad. Los repetidos errores, las dudas y la falta de convicci¨®n de los socialistas a la hora de emprender el saneamiento de lo antes existente, junto a la defensa de intereses corporativos, han confluido en una situa ci¨®n cada vez m¨¢s ca¨®tica. El criterio de intercambiar seguridad en el empleo por salarios inferiores a los del mercado est¨¢ vaciando a la Administraci¨®n de los profesionales m¨¢s capacitados. Y es la eficacia del Estado la que sufre las consecuencias.