El Defensor del Pueblo denuncia a los organismos que no colaboran

El informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 1987 incluye una relaci¨®n de organismos y empresas p¨²blicas que han incumplido el deber de colaborar con la instituci¨®n encargada constitucionalmente de "supervisar la actividad de la Administraci¨®n". Por lo que se refiere a las denuncias de torturas y malos tratos, manifiesta que "no ha sido siempre sencillo y f¨¢cil para el Defensor del Pueblo investigar las quejas recibidas en esta materia". En concreto, se?ala que en los escalones policiales inferiores y, en algunos casos "la no colaboraci¨®n de los implicados y sus compa?eros hacen dif¨ªcil la tarea de investigaci¨®n".El Defensor del Pueblo aclara, en todo caso, que en relaci¨®n con la gran cantidad de polic¨ªas y guardias civiles existentes, "el n¨²mero de quejas sobre estas pr¨¢cticas resulta muy reducido". Con esta reflexi¨®n, el titular de la instituci¨®n, ?lvaro Gil-Robles, viene a se?alar que no todos los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado son objeto de las quejas de los detenidos. En otros informes anteriores, a esta observaci¨®n se a?ad¨ªa que basta una sola denuncia para extremar la vigilancia.

Entre los organismos que destacan por no haber colaborado con el Defensor del Pueblo figura el Tribunal Econ¨®mico Administrativo Central, del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda. Entre las comunidades aut¨®nomas menos colaboradoras resalta la de Madrid, y en concreto, las consejer¨ªas de pol¨ªtica territorial, salud, instituto de la vivienda y el propio presidente de la comunidad, el socialista Joaqu¨ªn Leguina. Igualmente, los gobiernos de Navarra y Pa¨ªs Vasco, la Xunta de Galicia, las juntas de Extremadura, Andaluc¨ªa, Canarias y Castilla-La Mancha, as¨ª como 40 ayuntamientos de toda Espa?a han dejado de colaborar. Entre las empresas p¨²blicas, el defensor denuncia a Agrosegur, al director de Campsa y al presidente de Minas y Arrayanes.

Resistencias

En su informe al Parlamento, ?lvaro Gil-Robles declara: "La resistencia a colaborar con el Defensor del Pueblo en la tarea de esclarecer la realidad de los supuestos en que se basan las quejas y denuncias de los ciudadanos en relaci¨®n con posibles irregularidades, abusos o desviaciones de poder, cuando no de violaci¨®n de derechos fundamentales, a m¨¢s de poner de relieve unas actitudes poco respetuosas con los principios democr¨¢ticos y de control parlamentario plasmados en nuestra Constituci¨®n, permite que perviva la duda o acusaci¨®n de una actuaci¨®n irregular o ilegal de los responsables de la gesti¨®n p¨²blica".El m¨¢ximo n¨²mero de quejas recibidas en 1987, como en a?os anteriores, correspondieron al ¨¢rea de justicia y hacen referencia al funcionamiento de los ¨®rganos jurisdiccionales, menores, enfermos mentales, drogadicci¨®n, actuaci¨®n de los colegios de abogados y procuradores y derecho fundamental a la defensa y asistencia letrada.