La pasi¨®n y el inter¨¦s

El debate sobre el tr¨¢fico de influencias de los pol¨ªticos es en realidad una discusi¨®n sobre la relaci¨®n entre la ¨¦tica y la pol¨ªtica, seg¨²n el autor de este art¨ªculo. De acuerdo con su criterio, una caracter¨ªstica de la democracia es la de saber establecer un adecuado contrapeso entre los intereses y las pasiones.

A finales del siglo XVIII, en el debate constituyente norteamericano, Hamilton afirmaba que un hombre avariento que llega a ocupar un cargo p¨²blico, al reflexionar sobre el momento en que irremediablemente deber¨¢ renunciar a sus emolumentos, puede sentir la tentaci¨®n, no f¨¢cilmente resistible, de aprovecharse de su cargo mientras dure y recurrir sin escr¨²pulos a los procedimientos m¨¢s corruptos para obtener una cosecha tan abundante como ef¨ªmera. En cambio, es probable que el mismo hombre, contemplando una perspectiva diferente, se contentara con los privilegios regulares de su situaci¨®n, siendo capaz de arriesgarse a resistir las consecuencias de un abuso de sus oportunidades.La cita tiene plena vigencia en la Espa?a de hoy. En efecto, estamos viviendo un debate sobre la relaci¨®n entre la ¨¦tica y la pol¨ªtica que conviene situar en sus justos t¨¦rminos. Una caracter¨ªstica b¨¢sica de la democracia es precisamente la de saber establecer un adecuado contrapeso entre los intereses y las pasiones, gracias a un sistema de controles y equilibrios que tengan un valor disuasorio para los seres humanos que formamos la sociedad. Y ello partiendo de que somos falibles, es decir, susceptibles de caer en la tentaci¨®n de meter la mano en el caj¨®n del pan, por decirlo en rom¨¢n paladino, y no seres perfectos.

La regulaci¨®n de los comportamientos pol¨ªticos, el autocontrol de los intereses y de las pasiones, es, por tanto, una pieza esencial de la democracia. No es, por ello, extra?o que este: debate se haya ido abriendo camino en Espa?a en paralelo con la construcci¨®n democr¨¢tica actual. Ello no significa ignorar que ha habido precedentes en nuestro pa¨ªs, que han coincidido con las etapas progresistas de nuestra atormentada y bamboleante historia pol¨ªtica. En cualquier caso, quien no se preocup¨® por este tipo de normas fue la dictadura; en ella, por definici¨®n, el cr¨ªtico era marginado, silenciado y postergado, cuando no eliminado. Al mismo tiempo, el poder por definici¨®n estaba patrimonializado. En su dimensi¨®n actual, el debate ha ido avanzando en esta v¨ªa en los ¨²ltimos a?os de la democracia; entre 1977 y 1982, los socialistas fuimos especialmente activos en el Parlamento a la hora de plantear batallas que afortunadamente han tenido ¨¦xito y forman parte de nuestras costumbres pol¨ªticas. As¨ª se han ido, afirmando principios como el de las incompatibilidades para los funcionarios y el registro de intereses para los parlamentarios, el de un regulaci¨®n adecuada de las cesant¨ªas de los ex ministros o el establecimiento de un Tribunal de Cuentas aut¨®nomo del poder ejecutivo.

La UCD

Aunque ello gener¨®, en su momento, indudables tensiones, hoy en d¨ªa estos principios se han consolidado y ya nadie se atreve a defender frontalmente corruptelas y pr¨¢cticas inaceptables que eran la norma hace no m¨¢s de una d¨¦cada en Espa?a. Creo que merece la pena recordar que en estos debates nos enfrentamos en principio con la entonces mayoritaria UCD, que, aunque no llev¨® la iniciativa, supo comprender la necesidad de este proceso y lo apoy¨® activamente. Lo que est¨¢ claro es que en esta etapa no contamos en absoluto con el apoyo de AP.

Pero el sentido de este art¨ªculo no es el de hacer una ex¨¦gesis del pasado, sino tratar de abrir caminos de futuro. Desde 1982, el partido en el que milito est¨¢ en el Gobierno de la naci¨®n y ha ocupado cargos de gesti¨®n de manera muy mayoritaria en los ¨¢mbitos auton¨®micos y municipales, y el desarrollo del sistema de incompatibilidades fue una de las prioridades del Gobierno, con innegables costes. Yo mismo he podido constatar mis ideas con la pr¨¢ctica vivida, y me puedo ratificar en lo que dec¨ªa en el debate de los Presupuestos de 1981 acerca de los cambios de la pensi¨®n vitalicia de ex ministros por una indemnizaci¨®n de ceses. Desde entonces hasta hoy he expuesto mi situaci¨®n patrimonial y de incompatibilidades ante el Congreso y el Parlamento Europeo.

Quiz¨¢ la distancia me permita opinar con m¨¢s libertad ante el debate de la Comisi¨®n de Tr¨¢fico de Influencias. Sobre sus objetivos, me parece loable y necesario regular la actuaci¨®n de los grupos privados en su relaci¨®n con los parlamentarios y los cargos p¨²blicos en general. Eso s¨ª, partiendo de la legitimidad de la relaci¨®n entre los ciudadanos y sus representantes, no de la imputaci¨®n sospechosa que parte de la presunci¨®n de culpabilidad e invierte la carga de la prueba obligando a demostrar una inocencia imposible. Con ello se sigue el viejo proverbio de "calumnia, calumnia, que algo queda...".

Porque el objetivo del trabajo a realizar tiene sentido si se refiere a la regulaci¨®n de las conductas con un criterio de transparencia, partiendo de que la influencia es algo presente en todas las relaciones humanas, tanto en el ¨¢mbito p¨²blico como en el privado. En este terreno hay supuestos cl¨¢sicos y tipificados del tr¨¢fico de influencias inherentes a la vida en sociedad, desde el asedio afectivo a la persona adorada hasta el regalo inesperado. Como tampoco son ileg¨ªtimas las llamadas telef¨®nicas, las peticiones de entrevista al parlamentario, al ministro o al alcalde. Es el ejercicio del lobbying, es decir, el hacer pasillos o antesala.

Sus resultados se pueden ver en el debate de cualquier texto legislativo y, en su caso, en la frase oportunamente introducida en un decreto o en una orden. Cuando se ven las enmiendas a un proyecto de Presupuestos o a un impuesto o a la regulaci¨®n de los precios agr¨ªcolas -sea en el Parlamento espa?ol, sea en el europeo- no hacen falta profundas investigaciones para saber a qui¨¦n se apoya o defiende. Por ello es conveniente regular el tr¨¢fico de influencias, porque hay que regular los comportamientos humanos, no siempre puros y altruistas. Es como manejar mercanc¨ªas peligrosas: hay que actuar con cuidado. El Parlamento puede hacer un trabajo importante y positivo en la necesaria regulaci¨®n de los intereses y el control de las pasiones.

Sin embargo, mucho me temo que no se haya escogido el mejor camino. Hay que recordar que los posibles comportamientos delictivos en que pueden incurrir los responsables p¨²blicos est¨¢n tipificados en el C¨®digo Penal (la malversaci¨®n de fondos, el cohecho, el agio, la prevaricaci¨®n ... ) y que en nuestro sistema democr¨¢tico existe un poder judicial independiente, am¨¦n de un Tribunal de Cuentas aut¨®nomo con respecto al Ejecutivo.

Por ello no tiene sentido crear un seudotribunal popular que cortocircuite a la jurisdicci¨®n ordinaria sobre la base de acumular carpetas de fotocopias de los m¨¢s variopintos documentos (que no ser¨ªan admitidos a tr¨¢mite en un juzgado de instrucci¨®n) para sembrar la sospecha y la duda sistem¨¢tica.

Autocontrol

Es m¨¢s ¨²til y positivo que sigamos una l¨ªnea de comportamiento que, admitiendo el car¨¢cter falible y apasionado del ser humano, trate de perfeccionar los controles necesarios para que su acci¨®n sea transparente. Y esta reivindicaci¨®n de? car¨¢cter necesariamente ¨¦tico de la acci¨®n p¨²blica creo que debe establecerse sobre la base de la transparencia y del autocontrol tanto entre los responsables pol¨ªticos directos como entre todos aquellos que tienen una responsabilidad p¨²blica, sean magistrados, funcionarios o profesionales de la Prensa.

La creaci¨®n de un clima de presunci¨®n generalizada en contra de una fuerza pol¨ªtica o un Gobierno es un flaco servicio a la consolidaci¨®n de las instituciones. Como votante de la ley de Amnist¨ªa de 1977, creo que no es bueno volver a sacar el pasado pol¨ªtico y econ¨®mico de muchos hombres p¨²blicos que empezaron su carrera con la dictadura. Ahora bien, resulta parad¨®jico que una derecha amn¨¦sica de sus propios comportamientos insista siempre en criticar el eslogan socialista de los "100 a?os de honradez y firmeza". En un doble sentido: ya que no sabemos, por una parte, cu¨¢l ha sido el eslogan de nuestra derecha durante 90 a?os en relaci¨®n con la honradez y la firmeza, y por otra porque parece que se establece una doble moral, con una obligaci¨®n diferencial para los socialistas a la hora de ser honrados. La ¨²ltima ratio de este argumento es la de concluir: "Ya veis, con lo que presum¨ªan... tambi¨¦n son como nosotros".

No me parece bueno el hacer de esta labor, necesaria para la profundizaci¨®n y la v¨¦rtebraci¨®n democratica, una pelea de patio. No pienso tampoco que sea necesario, por fidelidad pol¨ªtica a un carn¨¦ o a una causa, salir fiador o presentarse como avalista de los cientos de miles de decisiones que pueden adoptar cada d¨ªa o a lo largo del a?o decenas de miles de responsables p¨²blicos. Cuando, en su momento, me he encontrado ejerciendo una funci¨®n en virtud de la cual ten¨ªa conocimiento de hechos que eran susceptibles; de una valoraci¨®n cr¨ªtica o de un posible enjuiciamiento, he dado conocimiento de ellos a quien pod¨ªa corresponder: Intervenci¨®n General, Fiscal¨ªa o Trilbunal de Cuentas. Y ello dentro del comportamiento ex?gente y de vigilancia continua que debe tener todo responsable p¨²blico, pero siempre aprovechando y potenciando las instituciones democr¨¢ticas.

Si conseguimos dar este paso haremos un buen servicio a un sistema democr¨¢tico que es a¨²n joven en nuestro pa¨ªs y necesita consolidaci¨®n. Un primer criterio es precisamente que no nos ciegue la pasi¨®n partidaria para considerar que los intereses de cada uno o del grupo justifican un ataque indiscriminado a las instituciones. Lo importante es que ¨¦stas tengan mecianismos para refrenar las pasiones y moderar los intereses en las mujeres y hombres quie en ellas participamos.

, ex ministro de Transportes, es eurodiputado socialista y vicepresidente del Parlamento Europeo.