Los 26 trabajadores de Foarsa, condenados a multas de 50.000 y 20.000 pesetas
A sendas multas de 50.000 y 20.000 pesetas ha condenado el juez de instrucci¨®n de Reinosa, Ignacio Pando, a los 26 trabajadores de Forjas y Aceros (Foarsa) de Reinosa que retuvieron durante los d¨ªas 11 y 12 de marzo de 1987 en el recinto de la f¨¢brica al presidente, Enrique Antol¨ªn.
En la sentencia, de 15 folios, el juez les hace responsables de un delito de coacciones previsto y penado en el art¨ªculo 496 del C¨®digo Penal concurriendo la atenuante anal¨®gica del delito de muchedumbre y la eximente incompleta del estado de necesidad previsto en los art¨ªculos 9.10 y 9.1 en relaci¨®n con el 8.7 del C¨®digo Penal.Los condenados deber¨¢n, en caso de impago, sufrir un d¨ªa de arresto sustitutorio por cada 2.000 pesetas. Asimismo, indemnizar¨¢n a la empresa Forjas y Aceros, de forma conjunta y solidaria, en la cantidad de 574.905 pesetas por los da?os ocasionados a las instalaciones en el curso de la liberaci¨®n de Antol¨ªn por las fuerzas de orden p¨²blico en las primeras horas del 12 de marzo. Los encartados son tambi¨¦n condenados al pago de las costas correspondientes.
El juicio oral se hab¨ªa celebrado en el juzgado de instrucci¨®n de Reinosa durante los d¨ªas 20 y 21 pasados. En el curso de la vista, el fiscal Jos¨¦ Ignacio Tejido elev¨® a definitivas sus conclusiones provisionales; ped¨ªa para los procesados la pena de tres meses de arresto mayor y 50.000 pesetas de multa con arresto sustitutorio, caso de impago, accesorias y costas.
En los fundamentos del derecho, el juez considera que los hechos son constitutivos de un delito de la autor¨ªa de la acci¨®n que se desarroll¨® a lo largo de las horas que mediaron entre la llegada del presidente, Antol¨ªn, a la f¨¢brica hasta su rescate por las fuerzas antidisturbios al d¨ªa siguiente. Seg¨²n el juez, durante ese tiempo los directivos se vieron compelidos a efectuar lo que no quisieron, esto es, permanecer en el recinto fabril y negociar los puntos que no ten¨ªan previsto negociar.
Los trabajadores tienen un plazo de cinco d¨ªas para presentar una apelaci¨®n.
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