El Tribunal Supremo inicia ma?ana el juicio contra dos magistrados acusados de cohecho y prevaricaci¨®n

Carlos Lorenzo-Pe?alva de Vega y Joaqu¨ªn Garc¨ªa Lavernia, magistrados de los juzgados de primera instancia n¨²meros 6 y 2 de Barcelona, se sentar¨¢n ma?ana en el banquillo de los acusados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo para ser juzgados por los delitos de prevaricaci¨®n y cohecho. El fiscal mantiene que ambos magistrados obtuvieron alrededor de 26 millones de pesetas de beneficios por un pacto al que llegaron con dos despachos de abogados de Barcelona. ?ste es el segundo juicio que celebra el Tribunal Supremo contra magistrados despu¨¦s del proceso contra Ricardo Var¨®n Cobos y Jaime Rodr¨ªguez Hermida por un delito de prevaricaci¨®n al dejar en libertad al mafioso Antonio Bardellino.

El fiscal mantiene, en el escrito de calificaciones provisionales, que los dos magistrados y seis profesionales del Derecho llegaron a un acuerdo por el que los jueces designaban como depositarios e interventores en los procedimientos de suspensiones de pago y quiebras, instados en sus juzgados, a profesionales de dos despachos de abogados de Barcelona: el dirigido por el letrado Luis Lorenzo-Penalva, hermano de uno de los magistrados, y el del fallecido Antonio Capmany.Los jueces cobraban comisiones a cambio de estas designaciones, de acuerdo con la acusaci¨®n. Fruto del pacto, el magistrado Lorenzo-Penalva obtuvo m¨¢s de 18 millones de pesetas entre 1980 y 1983. Los ingresos por el mismo mecanismo del magistrado Garc¨ªa Lavernia, entre 1981 y 1982, ascendieron a m¨¢s de siete millones de pesetas, siempre de acuerdo con la investigaci¨®n judicial realizada.

El letrado Luis Lorenzo-Penalva tambi¨¦n est¨¢ procesado en la causa por cohecho, as¨ª como los interventores y depositarios Juan de la Cruz Magri, Mar¨ªa Gloria Vidal, Joaqu¨ªn Carlos Vidal Rius, Pedro Norberto Trull¨¢s Cabana y Fernando S¨¢nchez S¨¢nchez.

Los nombres del letrado Lorenzo-Pe?alva y de los otros cinco profesionales se repiten en 15 procedimientos de suspensiones de pago y quiebras instados entre los a?os 1979 y 1981 en el Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 2, cuyo titular era el magistrado Garc¨ªa Lavernia. Los mismos nombres, a excepci¨®n del abogado Lorenzo-Penalva, aparecen en 11 pleitos entre 1980 y 1981 como interventores o comisarios en el juzgado del magistrado Lorenzo-Penalva.

En la investigaci¨®n judicial constan informes de la polic¨ªa y de la Guardia Civil que detallan las supuestas entregas de diferentes cantidades como comisi¨®n a los magistrados, la mayor¨ªa de las cuales se hac¨ªa mediante talones bancarios. Sin embargo, los magistrados siempre han negado durante la instrucci¨®n del sumario haber cobrado dinero por la designaci¨®n de determinados interventores. En el caso del magistrado Lorenzo-Penalva, las entregas de dinero por parte de su hermano corresponden, seg¨²n la versi¨®n mantenida por el juez procesado, a la liquidaci¨®n de la herencia de su padre.

Penas de prisi¨®n

En el escrito de calificaciones provisionales del fiscal solicita la imposici¨®n de siete a?os de prisi¨®n para el juez Garc¨ªa Lavernia y de 13 para el magistrado Lorenzo-Penalva, seis de ellos por presunta falsedad en documento. Para los dos magistrados tambi¨¦n requiere al tribunal la inhabilitaci¨®n por 20 a?os para el ejercicio de la carrera judicial.El fiscal pide siete a?os de prisi¨®n para cada uno de los restantes procesados con excepci¨®n del letrado Lorenzo-Penalva y de Mar¨ªa Gloria Vidal, para quienes solicita tres a?os m¨¢s de c¨¢rcel por falsedad. Esta acusaci¨®n se fundamenta en la supuesta falsificaci¨®n de documentos con los que se pretend¨ªa justificar las entregas de dinero por motivos ajenos a los juzgados. El fiscal ha requerido la comparecencia de 47 testigos a la vista, as¨ª como dos informes periciales: contable y caligr¨¢fico. El origen de la investigaci¨®n se desencaden¨® por una supuesta denuncia an¨®nima producida en julio de 1982. Cuatro meses m¨¢s tarde, un mando de la Guardia Civil entreg¨® una documentaci¨®n a la Audiencia de Barcelona en la que se hac¨ªa referencia a las supuestas irregularidades de los juzgados de los magistrados ahora procesados.

La documentaci¨®n no provoc¨® la apertura de una investigaci¨®n inmediata, sino que ¨¦sta se demor¨® hasta 1983 por causas no esclarecidas. El 19 de mayo de ese a?o el Consejo General del Poder Judicial abri¨® un expediente contra los magistrados y dos d¨ªas m¨¢s tarde la Fiscal¨ªa, General del Estado interpuso una querella criminal contra los jueces.

En julio de 1984, la Sala Segunda del Tribunal Supremo proces¨¦ a los magistrados por los presuntos delitos de cohecho y prevaricaci¨®n y al letrado Lorenzo-Penalva por cohecho. Un a?o m¨¢s tarde, el Supremo ampli¨® el procesamiento a los otros cinco profesionales del Derecho. El defensor de los magistrados es Joan Piqu¨¦ Vidal, abogado que tambi¨¦n llev¨® la defensa del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en el caso Banca Catalana.

Tribunal y fiscal

El tribunal que juzgar¨¢ a los dos jueces estar¨¢ integrado por cinco magistrados de la Sala Segunda del Supremo: Enrique Ruiz Vadillo, Gregorio Garc¨ªa Ancos, Eduardo Moner Mu?oz, Marino Barbero Santos y Jos¨¦ Luis Manzanares.Ruiz Vadillo, de 61 a?os, presidente de la Sala Segunda y ponente de la causa, redactar¨¢ la sentencia. Ruiz Vadillo es fiscal de carrera, letrado del Estado en excedencia y lleva s¨®lo ocho a?os en la judicatura, en la que tambi¨¦n ha sido presidente de la Sala Sexta de lo Social del Tribunal Supremo. Ruiz Vadillo ha duplicado las ponencias de cada magistrado en las salas que ha dirigido, por lo que est¨¢ considerado como un trabajador incansable.

El fiscal de la causa ser¨¢ C¨¢ndido Conde Pumpido, teniente fiscal del Supremo, que ya intervino en el proceso contra los magistrados Jaime Rodr¨ªguez Hermida y Ricardo Var¨®n Cobos. Conde Pumpido ha actuado tambi¨¦n como fiscal en la vista de los recursos de casaci¨®n contra la sentencia sobre el intento de golpe de Estado del 23-F.