Sentencia ejemplar

LA SALA Segunda del Tribunal Supremo ha condenado a los jueces de primera instancia de Barcelona Carlos Lorenzo-Penalva y Joaqu¨ªn Garc¨ªa Lavernia a penas de c¨¢rcel (cinco a?os y cuatro a?os y cuatro meses, respectivamente) por un comprobado delito de cohecho. La sentencia del alto tribunal pone as¨ª fin a un proceso ejemplar en el que la judicatura, ante la dif¨ªcil prueba que un juicio de esta naturaleza supon¨ªa para la carrera en conjunto, ha salido notablemente fortalecida. La separaci¨®n y el castigo de los miembros podridos no puede redundar sino en la salud y fortaleza de la totalidad de un cuerpo.La sentencia del Tribunal Supremo debe ser ejemplar para otros grupos del aparato del Estado, de cuya transparencia y limpieza depende en gran medida la pervivencia de la democracia y el respeto de los ciudadanos por nuestro sistema pol¨ªtico. Y muy concretamente eso es aplicable a los cuerpos de seguridad del Estado, algunos de cuyos integrantes comparecen ahora ante los tribunales. Las reacciones corporativas en casos semejantes, lejos de fortalecer el prestigio de los colegas de los acusados, lo da?an gravemente, al tiempo que la disposici¨®n de los propios profesionales a erradicar de su seno a personas o sectores indeseables no hace sino enaltecer a esos cuerpos.

La condena contra los des jueces de primera instancia de Barcelona pone t¨¦rmino a la presunci¨®n de impunidad que acompa?aba a determinados servidores del Estado. La memoria no guarda recuerdo de algo semejante al menos desde la muerte de Franco, y tal vez pueden contarse con los dedos de una mano los jueces condenados por alg¨²n delito desde principios de este siglo. La simple querella contra un magistrado era algo impensable solamente hace algunos a?os, y cualquier cr¨ªtica contra un juez pod¨ªa ser considerada inmediatamente como un delito de desacato, una figura penal que la magistratura ha utilizado con frecuencia como una barrera para defenderse de cualquier juicio, profesional o pol¨ªtico, sobre su actuaci¨®n.

Al mismo tiempo, la importante resoluci¨®n del Supremo viene a poner coto a un mal que amenaza como un c¨¢ncer a importantes instancias del Estado: la corrupci¨®n. Y en este sentido es de destacar la resoluci¨®n de los juzgadores, a quienes no ha importado remover dentro de un lodo que algunos pod¨ªan temer les salpicara, con tal de acabar con un estado de cosas insostenible. La reforma del sistema de tasas y un mayor celo por parte de la magistratura est¨¢n consiguiendo avances en la lucha contra las astillas, un sistema end¨¦mico de peque?as corrupciones con el que todos los actores de la justicia han aprendido a convivir en Espa?a tal vez desde siglos.

M¨¢s grave es la corrupci¨®n propiciada por las subastas judiciales de bienes sometidos a embargo. Desde hace a?os, los medios de informaci¨®n han venido denunciando las irregularidades que se produc¨ªan, sobre todo en Barcelona, en este terreno. Los beneficiarios son grupos aut¨¦nticamente mafiosos que monopolizan este tipo de subastas obteniendo importantes beneficios. No se sab¨ªa, sin embargo, que la corrupci¨®n pudiera llegar hasta los propios jueces encargados de velar por la limpieza de ese tipo de subastas. Cuando la implicaci¨®n de los dos jueces ahora condenados salt¨® a las p¨¢ginas de la Prensa, ambos tuvieron la desfachatez de presentar un aluvi¨®n de demandas por supuesto atentado contra el honor contra los periodistas autores de la informaci¨®n, que en algunos casos llegaron incluso a prosperar y ahora est¨¢n recurridas. Establecida la veracidad de la acusaci¨®n por el Supremo, los recursos deber¨ªan ser atendidos.

La sentencia ahora pronunciada contribuir¨¢ a acabar de ra¨ªz con la extensi¨®n del mal de la corrupci¨®n y estimular¨¢ a todos aquellos que, desde dentro y desde fuera de la magistratura, est¨¢n luchando por una justicia m¨¢s limpia y m¨¢s eficaz en nuestro pa¨ªs.