El Supremo ordena al Tribunal de Cuentas que se pronuncie sobre la reprivatizacion de Rumasa

El pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha anulado dos autos del Tribunal de Cuentas por los que se denegaba la exigencia de responsabilidades contables por la reprivatizaci¨®n de determinadas empresas del grupo Rumasa. El Supremo considera que Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos tiene derecho a la tutela judicial efectiva y, por tanto, declara que el Tribunal de Cuentas deber¨¢ tramitar la reclamaci¨®n del financiero jerezano "en funci¨®n del resultado de la fiscalizaci¨®n de las cuentas originadas por la reprivatizaci¨®n". Esto significa que el Tribunal de Cuentas deber¨¢ pronunciarse sobre la legalidad y el alcance de la venta del holding, por tratarse de fondos p¨²blicos.

El alto Tribunal que ¨²nicamente ha reconocido el derecho de Ruiz-Mateos a que se abra el procedimiento para depurar responsabilidades, si las hubiera, por la reprivatizaci¨®n, no ha cuestionado la legalidad de la operaci¨®n.El Supremo, en la sentencia, distingue que el Tribunal de Cuentas tiene dos funciones: una fiscalizadora y otra jurisdiccional. Por la primera, se fiscalizan las cuentas y la gesti¨®n econ¨®mica del Estado y del poder p¨²blico; mientras que por la segunda, se juzga la responsabilidad contable en la que incurren quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos p¨²blicos. De la primera funci¨®n, el Tribunal de Cuentas responde ante las Cortes, en tanto que contra las decisiones de la funci¨®n jurisdiccional cabe recurso ante el Tribunal Supremo, por lo que, agrega la sentencia, "cualquier limitaci¨®n que se establezca respecto a la posibilidad de enjuiciar por la jurisdicci¨®n contencioso administrativa las resoluciones del Tribunal de Cuentas dictadas en su funci¨®n jurisdiccional, suponen una violaci¨®n del art¨ªculo 24 de la Constituci¨®n", que proclama el derecho a la tutela judicial efectiva.

La sentencia se?ala que "si como consecuencia de una fiscalizaci¨®n puede resultar un alcance -y subsiguiente reintegro- este debe entenderse referido y puede producirse en todas y cada una de las operaciones o negocios que el Tribunal de Cuentas puede y debe de fiscalizar y entre otros en los contratos celebrados por la Administraci¨®n del Estado y entidades del sector p¨²blico". El Supremo puntualiza que esto era pr¨¢ctica corriente en el Tribunal de Cuentas, por lo que al no seguirla, se adoptaron soluciones distintas ante situaciones iguales.

El Supremo considera que no se debi¨® de inadmitir la acci¨®n p¨²blica de reintegro por alcance fuera del juicio de cuentas instada por el abogado de Ruiz Mateos, sino subordinarla a la actividad fiscalizadora.

El informe del Tribunal de Cuentas fue aprobado a finales del mes de junio por ocho votos a favor y cuatro en contra. En el mismo se se?alaba que el coste global de la expropiaci¨®n, gesti¨®n p¨²blica y reprivatizaci¨®n hab¨ªa costado 652.000 millones de pesetas.

Informe favorable

El Tribunal precisaba en el informe de fiscalizaci¨®n que el proceso de reprivatizaci¨®n de las empresas del grupo se hab¨ªa desarrollado con regularidad en los aspectos legales, financieros y contables. Sin embargo, cuatro de los miembros del Tribunal de Cuentas emitieron un voto particular en el que afirmaban que no hab¨ªa habido suficientes verificaciones o comprobaciones de los datos.El informe de fiscalizaci¨®n ser¨¢ debatido en el Parlamento en septiembre, aunque no parece que vaya a haber problemas para que la c¨¢mara de su visto bueno, habida cuenta de que los socialistas cuentan con mayor¨ªa absoluta.

La decisi¨®n del Supremo obliga ahora al Tribunal de Cuentas a pronunciarse sobre el resultado de la fiscalizaci¨®n de las cuentas originadas por la reprivatizaci¨®n. Parece evidente que los miembros del tribunal considerar¨¢n que no existe responsabilidad contable alguna, subordinando su decisi¨®n al informe de fiscalizaci¨®n. Pero de ah¨ª podr¨ªa surgir el problema, ya que contra el juicio emitido por el Tribunal de Cuentas sobre su propio informe fiscalizador cabe recurso de casaci¨®n ante el Tribunal Supremo.

El ministro de econom¨ªa, Carlos Solchaga, ratific¨® ayer la transparencia y limpieza que ha existido en el proceso de reprivatizaci¨®n de Rumasa. Seg¨²n Solchaga, el Gobierno ha dado por conclu¨ªda la venta del holding al sector privado.

Ram¨®n Pelayo, abogado de Ruiz-Mateos, declar¨® ayer que la sentencia supone "la primera grieta seria abierta en el muro del poder del PSOE, informa Europa Press.

Por su parte, Alianza Popular anunci¨® su intenci¨®n de personarse ejercitando la Acci¨®n Popular en el juicio sobre la reprivatizaci¨®n de Rumasa.