Concesiones encubiertas
LOS DESMEDIDOS escr¨²pulos mostrados por el legislador a la hora de evitar concentraciones de poder empresarial o perturbadoras influencias extranjeras en las futuras televisiones privadas de nuestro pa¨ªs parecen dar paso a la m¨¢s absoluta permisividad cuando de lo que se trata es de alquilar al mejor postor las televisiones p¨²blicas.Viene esto a prop¨®sito del mercadeo que se trae entre manos el representante de una multinacional italiana de televisi¨®n con el objeto de establecer s¨®lidas cabezas de puente dentro de las televisiones auton¨®micas espa?olas, todas ellas de titularidad p¨²blica. Como, seg¨²n lo establecido en la ley del tercer canal, la propiedad de esos medios no se puede abrir al capital privado, los acuerdos a los que se est¨¢ llegando -y los que se est¨¢n negociando para el futuro- obvian el asunto mediante contratos de coproducci¨®n o colaboraci¨®n que, en la pr¨¢ctica, entregan al nuevo socio una porci¨®n de control sobre ese medio que nunca tendr¨¢n los accionistas individuales de un futuro canal privado, cuya participaci¨®n se limita al 25%.
V¨¦anse, si no, los t¨¦rminos de las ofertas que dos grupos espa?oles y el italiano Fininvest hacen a Radio Televisi¨®n Madrid (RTVM) para poner en marcha el canal auton¨®mico madrile?o. De acuerdo con esas propuestas, las empresas se har¨ªan cargo de la producci¨®n y coproducci¨®n de programas, de la emisi¨®n de pel¨ªculas y series cuyos derechos se obtengan para Espa?a, del alquiler de estudios y material t¨¦cnico, y de todos los equipos necesarios para trabajar sin que el ente titular tenga que hacer otra cosa, aparentemente, que sentarse frente a la pantalla. Se le garantiza, eso s¨ª, el control de los contenidos, y en el caso de la oferta italiana se le ofrece adem¨¢s publicidad de la comunidad aut¨®noma madrile?a en las televisiones extranjeras que el grupo controla.
De esta manera, la propiedad no se pone en causa, pero las condiciones en las que podr¨ªa cerrarse un acuerdo semejante suponen de hecho una concesi¨®n encubierta sobre una televisi¨®n p¨²blica. Algo parecido ya ha hecho el grupo Berlusconi con las televisiones p¨²blicas vasca y catalana, pero en el caso de la de Madrid la situaci¨®n ser¨ªa mucho m¨¢s curiosa: RTVM no dispone de medios de producci¨®n ni de equipos alternativos, con lo que se convertir¨ªa, en la pr¨¢ctica, en un reh¨¦n del concesionario. La televisi¨®n p¨²blica socialista gallega y la televisi¨®n p¨²blica socialista andaluza parecen dispuestas a seguir los mismos pasos. En realidad, lo que est¨¢ haciendo el Gobierno con ello, y con la ayuda de una iniciativa privada no preocupada por el contenido de los programas, es organizar una inmensa red de propaganda a su servicio utilizando para ello el dinero y el derecho de todos.
No nos parece criticable la actitud del empresario italiano, que ha demostrado ser un verdadero genio de los negocios, y que en su derecho est¨¢ de aprovechar las oportunidades que el mercado le ofrece. Pero conviene se?alar que esto se produce en un pa¨ªs en el que el Gobierno ha obstaculizado, retrasado y limitado como ha podido las iniciativas privadas de televisi¨®n con l¨ªmites intolerables que en los contratos ahora negociados no aparecen: r¨ªgidas cuotas de producci¨®n propia y de pa¨ªses de la CEE, un elevado porcentaje de emisi¨®n de programas de expresi¨®n original espa?ola y una proporci¨®n limitada de tiempos publicitarios.
Aferrado a la idea del servicio p¨²blico y despreciando, como acostumbra, el respeto a la libertad de expresi¨®n que la Constituci¨®n garantiza, el Gobierno socialista est¨¢ generando un modelo de televisi¨®n que no cuadra en absoluto con las necesidades de la ciudadan¨ªa ni con las exigencias de la democracia. Y lo que al final se debate es la forma en que todas las televisiones, privadas o p¨²blicas, sean gobernadas finalmente por la larga mano del poder.
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