Un instrumento jur¨ªdico fundamentaI

El plan t¨¦cnico se plantea como el instrumento jur¨ªdico fundamental que posibilitar¨¢ el funcionamiento de tres nuevos canales permitidos en la ley de televisi¨®n privada. El Parlamento catal¨¢n acord¨® el pasado 26 de julio presentar recurso de inconstitucionalidad contra esta ley, medida que tambi¨¦n ha sido anunciada por Alianza Popular.Seg¨²n se desprende de las declaraciones del ministro Barrionuevo, que vienen a corroborar otras informaciones anteriores, dicho plan adoptar¨¢ la forma de real decreto, por lo que ser¨¢ aprobado por el Gobierno de forma urgente.

El plan regula los sistemas de transporte y difusi¨®n de las se?ales previstos para la prestaci¨®n de servicios por parte de las sociedades concesionarias, las bandas, canales, frecuencias y potencias reservadas para la emisi¨®n de programas, as¨ª como el emplazamiento y diagramas de irradiaci¨®n de los centros emisores. El sistema de transporte de la se?al -la red- se configura, por tanto, como uno de los puntos m¨¢s esenciales del plan. Parece seguro que se utilizar¨¢ la actual red de Televisi¨®n Espa?ola, que es b¨¢sicamente una red de radioenlaces terrestres. Pero se necesitar¨¢ para ello una adecuaci¨®n de esta red.

A tenor de los c¨¢lculos de algunos ingenieros de telecomunicaci¨®n, la adecuaci¨®n de la red costar¨¢ entre 20.000 y 30.000 millones de pesetas seg¨²n se pretenda alcanzar el 60% o el 80% de cobertura de la poblaci¨®n, respectivamente. Seg¨²n las mismas fuentes de expertos, la adecuaci¨®n de la red tardar¨¢ en hacerse unos 18 meses, por lo que se ha podido deducir que las televisiones privadas no podr¨ªan entrar en funcionamiento antes de 1990, a?o en que acaba la actual legislatura.

Desde el punto de vista t¨¦cnico, cabe otra soluci¨®n que parece ser la que ha adoptado el ministerio para hacer llegar las se?ales a las zonas previstas: el sat¨¦lite, que servir¨¢ para suplir la falta de radioenlaces terrestres.

Por lo dem¨¢s, el plan t¨¦cnico se muestra como un instrumento pol¨ªtico, puesto que el Gobierno ha de decidir, entre otras cosas, las emisiones propias para determinadas comunidades aut¨®nomas.