La herencia encarcelada

NADA PERMITE afirmar que la situaci¨®n de las c¨¢rceles espa?olas sea hoy mejor que la que se encontraron los socialistas en el momento de acceder al poder, a finales de 1982. Quiz¨¢ la ¨²nica aunque fundamental batalla ganada en estos a?os sea la de la erradicaci¨®n de los malos tratos y sevicias, como los que se hicieron patentes en casos como el de la muerte del recluso anarquista Agust¨ªn Rueda o en los que estuvo implicado un grupo de funcionarios de la c¨¢rcel de Herrera de la Mancha. Pero mientras tanto, en los seis a?os transcurridos desde entonces hasta ahora, la poblaci¨®n penitenciaria ha batido el r¨¦cord de su historia: supera actualmente los 30.000 internos; la cr¨®nica masificaci¨®n de las prisiones situadas en los grandes n¨²cleos urbanos se ha agravado hasta l¨ªmites humanamente inconcebibles; los efectos del tr¨¢fico y del consumo de droga no han dejado de extenderse entre los reclusos, y, por si esto no fuera ya bastante, la irrupci¨®n del SIDA a partir de 1983 ha puesto tr¨¢gicamente al descubierto la precariedad del sistema asistencial y sanitario vigente en las prisiones espa?olas. La herencia recibida -de origen exclusivamente socialista- es, sin duda, pesada, y el nuevo director general de Instituciones Penitenciarias deber¨¢ echar mucha imaginaci¨®n al asunto para tratar de aligerarla y evitar que le aplaste bajo su peso.Lo que ocurre actualmente en las c¨¢rceles espa?olas no puede desligarse de la contradictoria y zigzagueante pol¨ªtica practicada por el Gobierno socialista en estos a?os en materia de orden p¨²blico y seguridad ciudadana y de las dudas que le han atenazado en el tratamiento a seguir con el problema de la drogadicci¨®n y con la alarmante y sorpresiva llegada del SIDA. El hacinamiento y la masificaci¨®n es un efecto directo del endurecimiento legal de las condiciones para la libertad provisional del detenido -el 42% de los 30.000 reclusos actuales est¨¢ a la espera de juicio- y de la falta de adaptaci¨®n de la infraestructura carcelaria al fuerte ritmo de aumento de la poblaci¨®n penitenciaria en los ¨²ltimos a?os. La eficacia judicial, a pesar de lo que pueda parecer, ha aumentado, y a ello se debe que, por primera vez en la historia de las c¨¢rceles espa?olas, los reclusos penados superen sustancialmente a los preventivos. Sin embargo, el todav¨ªa alto porcentaje de estos ¨²ltimos pone en evidencia la existencia de una legislaci¨®n sobre la prisi¨®n preventiva m¨¢s pensada en virtud de criterios de alarma social que de las garant¨ªas constitucionales que amparan a personas todav¨ªa no juzgadas y sobre las que no pesa condena alguna.

No cabe duda de que el proceso de masificaci¨®n a que est¨¢n sometidas las c¨¢rceles espa?olas dificulta todo intento de mejora de su situaci¨®n sanitaria. Pero en este terreno tambi¨¦n ha producido verdaderos estragos la conducta irresponsablemente paralizante practicada estos a?os por las autoridades penitenciarias en relaci¨®n con el tratamiento de los reclusos afectados por la drogodependencia y el SIDA. La reciente decisi¨®n de entregar lej¨ªa a los reclusos drogadictos para desinfectar las jeringuillas con que se inyectan parece reflejar un cambio de actitud y el inicio del reconocimiento de una realidad que, al margen de que sea o no legal, tiene una evidente dimensi¨®n sanitaria. No basta afirmar, como ha hecho el nuevo responsable de prisiones, que es necesario impedir el trasiego de la droga en el interior de la c¨¢rceles. Es, sin duda, una obligaci¨®n legal a la que se debe. Pero no lo es menos atender m¨¦dica y sanitariamente a los miles de reclusos drogadictos y afectados por el SIDA y no dejarlos pr¨¢cticamente abandonados a su suerte. Los problemas acumulados durante el sexenio socialista en las c¨¢rceles espa?olas no se arreglan con declaraciones bienintencionadas o con frases ambivalentes. Es urgente un giro radical en la actual pol¨ªtica penitenciaria y su sustituci¨®n por otra que retome de nuevo el imperativo constitucional de respeto a la dignidad del preso.