La venta del yate 'Fortuna' tiene que autorizarla el Gobierno

La decisi¨®n sobre la venta del yate Fortuna, perteneciente al Patrimonio Nacional y actualmente a disposici¨®n de la Corona, corresponde al Gobierno, seg¨²n la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora de dicho patrimonio. Esta ley considera que los bienes integrados en el Patrimonio Nacional son, entre otras cosas, "inalienables", si bien su consejo de administraci¨®n puede realizar al Gobierno la propuesta de "desafectaci¨®n", cuando "hubiesen dejado de cumplir sus finalidades primordiales".El yate Fortuna, regalo del rey Fahd de Arabia Saud¨ª a don Juan Carlos y como tal adscrito al Patrimonio Nacional en 1979, se ha puesto en venta seg¨²n un folleto publicitario elaborado por la compa?¨ªa brit¨¢nica Asociated Yacht Brokers (ve¨¢se EL PA?S de ayer), sin que: exista constancia de que se haya producido el acuerdo gubernamental que permita la enajenaci¨®n. Una vez cumplidos los tr¨¢mites legales, el Fortuna podr¨¢ ser vendido, por no tratarse de un bien de valor hist¨®rico-art¨ªstico. La desafectaci¨®n [p¨¦rdida de la condici¨®n de bienes adscritos al Patrimonio Nacional] de ¨¦stos ¨²ltimos no est¨¢ permitida "en ning¨²n caso".

Consenso en la Constituci¨®n

La regulaci¨®n por ley del Patrimonio Nacional es una exigencia del art¨ªculo 123.3 de la Constituci¨®n, que establece: "Por ley se regular¨¢n el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administraci¨®n, defensa y conservaci¨®n". Este precepto fue introducido en el ¨²ltimo tramo de la elaboraci¨®n parlamentaria del texto constitucional, que dur¨® unos 15 meses. En concreto, se incorpor¨® en las reuniones de la comisi¨®n mixta Congreso-Senado, encargada de concordar los proyectos aprobados por una u otra C¨¢mara.El texto elaborado por el Congreso no hac¨ªa referencia al Patrimonio Nacional. Sin embargo, en el Senado, a propuesta de Fernando Chueca Goitia, de UCD, y con la oposici¨®n de los socialistas, prosper¨® que el patrimonio art¨ªstico nacional se considerara como un ente unitario, una especie de Patrimonio de la Corona. Cuando la cuesti¨®n lleg¨® a la comisi¨®n mixta, los socialistas insistieron en que se suprimiera todo el p¨¢rrafo y se estableciera solamente la obligaci¨®n de los poderes p¨²blicos de garantizar la conservaci¨®n del patrimonio hist¨®rico, art¨ªstico y cultural de los pueblos de Espa?a.

El presidente de la comisi¨®n mixta y de las Cortes Constituyentes, Antonio Hern¨¢ndez Gil, no se opuso a la propuesta del PSOE, pero aquella misma tarde se?al¨® al centrista Jos¨¦ Pedro P¨¦rez Llorca la conveniencia de que se incluyera una referencia a la futura ley Reguladora del Patrimonio Nacional. Uni¨®n de Centro Democr¨¢tico hizo suya la propuesta y se produjo uno de los numerosos consensos obtenidos durante la elaboraci¨®n del texto constitucional.

La intervenci¨®n de Hern¨¢ndez Gil dio pie a que se interpretara que exist¨ªa acuerdo con la Zarzuela. En todo caso, el entonces diputado del PSOE Alfonso Guerra explic¨® a los periodistas que para que los socialistas aceptaran otra configuraci¨®n del Patrimonio Nacional ser¨ªa preciso garantizar el cese de Fernando Fuertes de Villavicencio, que ven¨ªa presidiendo el organismo desde tiempos de Franco.