Tomas y Valiente: "La garant¨ªa de los derechos ciudadanos es prioritaria"

Francisco Tom¨¢s y Valiente, valenciano, de 55 a?os fundador del Tribunal Constitucional y desde hace dos a?os y medio su presidente, considera prioritaria, "por encima de todas las dem¨¢s consideraciones, la defensa y garant¨ªa de los derechos fundamentales de los ciudadanos". En esta l¨ªnea, y en contraste con la opci¨®n gubernamental en pro de la seguridad, manifestada en los casos el Nani [desaparici¨®n de un detenido en manos de la polic¨ªa] o Amedo [indicios de implicaci¨®n del aparato policial en los delitos terroristas del GAL], Tom¨¢s y Valiente estima que en el conflicto entre seguridad y libertad el alto tribunal deber¨¢ pronunciarse "en favor de la libertad".

En relaci¨®n con la sentencia del alto tribunal de 12 de julio ¨²ltimo, por la que se permite recusar para el juicio al juez que instruy¨® la causa penal, Tom¨¢s y Valiente considera que una de las soluciones para preservar la imparcialidad del juzgador es la sustituci¨®n del juez por el fiscal en la instrucci¨®n penal, aunque reconoce los riesgos de esta reforma.

Pregunta. El cumplimiento de esta sentencia est¨¢ colapsando la administraci¨®n de justicia. ?Era tan importante preservar la apariencia de imparcialidad del juez en una situaci¨®n judicial con tantas otras deficiencias?

Respuesta. Yo creo que s¨ª, en primer lugar porque para este tribunal, dentro del sistema jur¨ªdico de la Constituci¨®n, debe prevalecer, por encima de todas las dem¨¢s consideraciones, la defensa y la garant¨ªa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Adem¨¢s, era necesario, porque tenemos 10 o 12 recursos de amparo en los que ciudadanos concretos nos plantean ese problema. Antes de resolver uno a uno esos recursos, cosa que haremos de inmediato, era razonable solventar las cuestiones planteadas por dos jueces, a fin de tener formado un criterio que permitiera resolverlos todos ellos de la misma manera.

P. La sustituci¨®n del juez por el fiscal en la instrucci¨®n o investigaci¨®n penal ?puede ser el eje de la reforma legislativa que piden ustedes en su sentencia?

R. Dentro de la l¨ªnea sostenida por el tribunal de potenciar el juicio oral, esa es una de las posibilidades, con tal de que las decisiones sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos, particularmente la libertad, est¨¦n siempre en manos de los jueces.

Riesgo de parcialidad

P. ?Pero no existe m¨¢s riesgo de parcialidad si dirige la instrucci¨®n el fiscal, parte en el proceso?

R. Hay otras posibilidades, como desdoblar los ¨®rganos judiciales, de manera que unos jueces instruyan y otros juzguen, pero la idea defendida por el fiscal general del Estado no me parece disparatada en modo alguno. Creo que tiene sus problemas y tendr¨ªa alg¨²n riesgo, como el que usted apunta, pero en definitiva, significar¨ªa acercarnos a un modelo de proceso anglosaj¨®n o puramente acusatorio, que es uno de los que caben en la Constituci¨®n.

P. A los 10 a?os de la elaboraci¨®n de la Constituci¨®n democr¨¢tica, ?c¨®mo ve la asimilaci¨®n de los principales valores constitucionales por el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial?

R. En l¨ªneas generales, el balance es muy positivo. Lo que ocurre es que la Constituci¨®n ha sido innovadora respecto a la situaci¨®n jur¨ªdico-pol¨ªtica anterior y ha obligado a cambiar muchas cosas. Con motivo de la sentencia que est¨¢bamos comentando hace un momento se han producido las necesidades de cambio y esto genera unas veces resistencias, otras malhumor y desorientaci¨®n o genera una lentitud de reacci¨®n por parte de los poderes p¨²blicos. Cuando se producen esos movimientos s¨ªsmicos da la sensaci¨®n de que mejor ser¨ªa que no se aplicara la Constituci¨®n. Yo naturalmente pienso que est¨¢ para ser aplicada.

P. ?Pero se comparte desde el poder esta actitud?

R. En general, los poderes p¨²blicos se han tomado muy en serio la primac¨ªa de la Constituci¨®n. Es cierto que en los primeros a?os, desde el poder judicial se dijo, incluso en alguna sentencia, que la Constituci¨®n s¨®lo conten¨ªa principios gen¨¦ricos, que hasta que no estuvieran reflejados en verdaderas leyes, no hab¨ªa que aplicar. Yo creo que esta actitud ha desaparecido. Por su parte, el legislador ha adaptado muchas leyes a la Constituci¨®n y ha mantenido siempre la voluntad de respetarla.

P. ?Y el poder ejecutivo?

R. En la pura acci¨®n de gobierno, hay actos a veces contrarios a la Constituci¨®n, contra los cuales muchas veces los ciudadanos reaccionan y dan lugar a sentencias de amparo. Creo que el Gobierno actual, como los anteriores, manifiesta no s¨®lo con palabras, sino con actos, la voluntad de cumplir la Constituci¨®n.

Libertad y seguridad

P. ?No cree que asuntos como el caso Nani, el caso Amedo y algunas resistencias a determinadas ¨®rdenes judiciales muestran una propensi¨®n del Gobierno a la seguridad, en perjuicio de valores como la libertad o la justicia, considerados superiores por la Carta Magna?

R. De este problema que usted plantea entre seguridad y libertad, naturalmente yo siempre creo que el tribunal deber¨¢ pronunciarse, en la medida de lo posible, en favor de la libertad, que efectivamente es un valor superior del ordenamiento jur¨ªdico. Considero, sin embargo, que la seguridad es otro valor importante en la convivencia social y que es l¨®gico que, sobre todo determinadas instituciones de la administraci¨®n, persigan la seguridad, que no es un concepto abstracto, sino la seguridad de los ciudadanos. Creo que es inevitable que surjan conflictos entre una valoraci¨®n y otra, que deben ser resueltos de forma singularizada por el poder judicial y en ¨²ltimo t¨¦rmino por este tribunal.