Moscoso cambia de opini¨®n

LO MENOS que puede decirse de la orden dada por el fiscal del Estado a su subordinado presente en el proceso de no oponerse a la libertad provisional de los polic¨ªas Amedo y Dom¨ªnguez es que representa un paso atr¨¢s en la vacilante actuaci¨®n del ministerio p¨²blico en el sumario sobre los cr¨ªmenes de los GAL. Si la iniciativa hubiera partido del fiscal que est¨¢ personado en la causa o de su superior jer¨¢rqu¨ªco en el tribunal al que est¨¢ asignado, la decisi¨®n habr¨ªa sido acordada en el marco profesional que les es propio. Pero tal y como se ha producido, merece todas las sospechas acerca de las presiones gubernamentales que se hayan hecho al efecto por encima de cualquier consideraci¨®n de car¨¢cter legal.Que se sepa, no existe ning¨²n dato nuevo que invalide las razones que llevaron al tribunal a confirmar el auto de prisi¨®n dictado por el juez en el momento de concluir su labor investigadora. Salvo que se estime que tienen valor procesal las cartas en las que se vuelven atr¨¢s los tres mercenarios portugueses de los GAL que identificaron a Amedo y Dom¨ªnguez como sus jefes ante los jueces, cartas que han salido a la luz p¨²blica precisamente en el momento en que la Audiencia est¨¢ a punto de tomar una decisi¨®n sobre el procesamiento de los polic¨ªas. Todav¨ªa no existe ninguna certeza sobre la autenticidad de dichas misivas, ni se ha procedido a ninguna valoraci¨®n judicial sobre su contenido. Por eso, la precipitaci¨®n con que ha actuado el fiscal general del Estado revela un inter¨¦s concreto en favor de los funcionarios implicados, inter¨¦s que desborda el estricto marco legal del caso.

Javier Moscoso ha justificado su actuaci¨®n diciendo que quiere asumir personalmente la responsabilidad en un asunto tan controvertido y en que la prisi¨®n preventiva debe acordarse siempre con criterios restrictivos. Sin embargo, no es s¨®lo ahora cuando el caso Amedo es controvertido: lo viene siendo desde sus comienzos, y ello no fue ¨®bice para que el fiscal del Estado confiara hasta ahora en la capacidad profesional del fiscal encargado del caso. Incluso en su d¨ªa hizo gala ante las c¨¢maras de televisi¨®n de no haberle dado jam¨¢s instrucciones. Algo ha debido de suceder entonces para que sea el propio Moscoso el que asuma ahora el protagonismo del ministerio p¨²blico en el caso Amedo y modifique tan ostentosamente su opini¨®n y anterior proceder.

En cuanto a los criterios restrictivos con que debe acordarse la prisi¨®n preventiva, el fiscal del Estado tiene toda la raz¨®n. Pero el propio ministerio fiscal viene oponi¨¦ndose, con buen criterio, a la libertad provisional de los integrantes de bandas terroristas que son acusados de delitos como los que son imputados a Amedo y Dom¨ªnguez, y a los que corresponden altas penas de prisi¨®n. Por lo dem¨¢s, la propia bondad de la doctrina expuesta por el fiscal del Estado no impide que en estos momentos existan en las prisiones espa?olas 13.000 reclusos preventivos, la mayor parte de ellos con cargos de menor entidad que los que se imputan a Amedo y Dom¨ªnguez.

Esta irrupci¨®n de Moscoso en el tema Amedo es esclarecedora respecto del destino de dicho proceso si hubiera correspondido al ministerio fiscal su investigaci¨®n. E ilustra as¨ª sobre los prop¨®sitos del Gobierno en su intento de que sean los fiscales quienes asuman las tareas de instrucci¨®n que, en averiguaci¨®n del delito, corresponden hoy felizmente a los jueces.