El inconfesado temor a la cr¨ªtica

Los deseos de aprobar una ley de protecci¨®n del Gobierno no responden sino a un deseo oculto del Ejecutivo por defenderse de las cr¨ªticas de la Prensa. El autor del art¨ªculo considera que tras ello se esconde la convicci¨®n de que la muerte del mensajero resulta m¨¢s satisfactoria que el an¨¢lisis del mensaje.

El anuncio hecho por el presidente del Gobierno, en su ¨²ltima reun¨ª¨®n formal con los medios de comunicaci¨®n, de enviar al Parlamento un proyecto de ley del Gobierno, o de protecci¨®n del Gobierno, trae a la memoria, inevitablemente, aquella otra ley que se empez¨® a gestar en julio de 1931 y que fue aprobada por el Parlamento el 21 de octubre del mismo a?o, con el nombre de ley de Defensa de la Rep¨²blica, presentada el d¨ªa antes a las Cortes Constituyentes por el presidente del Gobierno y ministro de la Guerra, Manuel Aza?a, que la justific¨® diciendo: "... que es obligaci¨®n del ministerio de proveer a la Rep¨²blica de todos los medios necesarios para defenderse en cualquier eventualidad y en cualquier peligro, acomodados al volumen de las necesidades y a la intensidad de los peligros...". La discusi¨®n parlamentaria fue ciertamente m¨ªnima y tan s¨®lo se record¨®, por los opositores al Gobierno, la innecesariedad de la ley y su parecido con la ley alemana de Defensa de la Democracia de 1922 y con la ley de Terrorismo de 1908, firmada por Maura. No obstante, el diputado Royo Villanova plante¨® la cuesti¨®n de fondo de la ley, el problema que se ocasionar¨ªa a la libertad de Prensa, puesto que no s¨®lo iba a interferir en la labor intelectual de la Prensa, sino tambi¨¦n en la estabilidad industrial y laboral de la empresa period¨ªstica y de sus trabajadores.La ley, que cubr¨ªa su tr¨¢mite parlamentario al tiempo que las Cortes Constituyentes redactaban lo que ser¨ªa la Constituci¨®n republicana del 9 de diciembre de 1931, al establecer lo que se consideraba como actos de agresi¨®n a la Rep¨²blica, iba dirigida en primer lugar a los periodistas -"son actos de agresi¨®n la difusi¨®n de noticias que puedan quebrantar el cr¨¦dito o perturbar la paz o el orden social"-; despu¨¦s, a los funcionarios -"son actos de agresi¨®n la falta de celo y la negligencia de los funcionarios p¨²blicos en el desempe?o de sus servicios"-; a los militares -"incitaci¨®n a la indisciplina o al antagonismo entre institutos armados"-, y por ¨²ltimo, claramente, a los sindicalistas, al decretar los requisitos precisos para la regulaci¨®n de las huelgas obreras.

Aplicaci¨®n de la ley

La aplicaci¨®n de la ley fue, como ya se preve¨ªa, el instrumento del Gobierno contra los medios de comunicaci¨®n. Es m¨¢s, promulgada la Constituci¨®n republicana en diciembre de 1931, la libertad de expresi¨®n que en ella se recog¨ªa qued¨® anulada al quedar vigente, en contra de lo prometido por Aza?a en el Parlamento, la ley de Defensa de la Rep¨²blica. Este ataque a la Prensa empezar¨ªa, tres d¨ªas despu¨¦s de publicarse la ley, con sanciones a los diarios El Defensor de Cuenca y Abc de Madrid, y seguir¨ªa con Solidaridad Obrera de Barcelona y Mundo Obrero y El Debate de Madrid. Este ¨²ltimo, en enero de 1932 sufr¨ªa una suspensi¨®n indefinida. Ante los permanentes ataques a la libertad de Prensa se cre¨® en Madrid -febrero de 1932-, por los representantes de 16 diarios madrile?os, la Liga Defensora de la Libertad de Prensa, cuyo fin concreto fue la supresi¨®n de la ley de Defensa. Por ¨²ltimo, cabe recordar que esta ley, de triste recuerdo, ser¨ªa derogada en julio de 1933, al promulgarse la de Orden P¨²blico.Ciertamente, y obvio es decirlo, la Espa?a de 1988 poco tiene en com¨²n con la de 1931. El Gabinete del presidente Gonz¨¢lez no es aquel segundo Gobierno republicano que, presidido por Aza?a, hab¨ªa tomado posesi¨®n el d¨ªa 15 de octubre, y la situaci¨®n de ambas sociedades no tienen puntos concretos de referencia; sin embargo, la idea que, al parecer, imperaba en el actual presidente era la de una necesaria protecci¨®n del Gobierno, que no del Estado, y si se contempla esa necesidad es porque hay, al menos en teor¨ªa, alguien que le ataca, y por alguna causa. ?ste es el nudo gordiano de la cuesti¨®n. De qui¨¦n y contra qu¨¦, o contra qui¨¦n, tiene que defenderse o protegerse un Gobierno sustentado desde hace seis a?os por una absoluta mayor¨ªa parlamentaria, sin una oposici¨®n coherente que le controle y cuyas cr¨ªticas a su gesti¨®n, a falta de otras v¨ªas, vienen siendo suscitadas en la calle.

Analicemos por qui¨¦n se puede sentir acosado el Gobierno. Problemas prioritariamente tr¨¢gicos como el paro o el terrorismo no son motivo de acoso, porque la propia sociedad que los sufre entiende plenamente la dificultad que supone su resoluci¨®n, y aunque se levanten voces proponiendo medidas alternativas o criticando las que toma el Ejecutivo, lo cierto es que la contextualizaci¨®n del problema es asumido por los ciudadanos, al tiempo que por el Gobierno, que ya convive con esas cuestiones como males end¨¦micos y de dif¨ªcil resoluci¨®n. Nada hay peor que acostumbrarse a una enfermedad curable, porque se acepta con la naturalidad impropia de lo antinatural. Los funcionarios y los trabajadores, que tanto preocupaban a Aza?a, no parece ser que desvelen el sue?o de nuestros gobernantes. Los primeros ya han soportado una ley de jubilaci¨®n anticipada y otra sobre incompatibilidades, y se est¨¢n acomodando a que su sueldo sea inferior cada a?o, al ser la subida menor que la del ¨ªndice del coste de la vida. En lo que hace a los trabajadores, al faltarles una unidad de intereses por las discordias entre las dos grandes centrales sindicales, est¨¢n entretenidos en discutir m¨¢s sobre problemas internos que por la lucha de sus reivindicaciones, hasta el punto que al Gobierno le parece que es indiferente, al igual que el a?o pasado, el formalizar la concertaci¨®n social. Nada hay que decir de los militares, ya que Serra y su equipo han conseguido que el miedo anunciado de hace 10 a?os se quede en un di¨¢logo sobre el ¨¦xtasis de lo inexistente.

Entonces, ?qu¨¦ le preocupa al Gobierno?, ?contra qui¨¦n se exige, asimismno, protecci¨®n? Le preocupan los medios de comunicaci¨®n, sus formas y hasta sus mensajeros. A los administradores p¨²blicos les molesta que la Prensa, y los medios de comunicaci¨®n privados en general, no alaben suficientemente lo que dicen que hacen. No entienden que los medios no lanzan aleluyas. Que no es noticia fundamental el que realicen el trabajo que les corresponde, porque para eso est¨¢n, y que s¨ª son noticias los dislates y las paranoias impropias del cargo. Al Gobierno le molesta que se hable del posible campo de tiro de Anchuras, cuando no ha sabido consultar al pa¨ªs qu¨¦ tipo de Ej¨¦rcito quiere tener para el a?o 2000. Le preocupan m¨¢s los ecos de las huelgas de funcionarios docentes con las que acab¨® el curso que sus propias reivindicaciones. Consideran ataque el que unos periodistas provoquen la intervenci¨®n judicial en el caso Amedo en lugar de plantearse c¨®mo est¨¢n los desag¨¹es del edificio gubernamental. Maldec¨ªan a la Prensa que a diario segu¨ªa los vericuetos del juicio en el caso el Nani, que sacaba a la luz p¨²blica los abusos del poder policial, puesto que la ley debe ser igual para todos y no caben los ciudadanos fuera de toda sospecha.

Las miserias del poder

El Gobierno se siente atacado por los medios de comunicaci¨®n. Y esto tambi¨¦n requiere una reflexi¨®n, sobre todo cuando la absoluta mayor¨ªa parlamentaria permite la innecesariedad de pactar medidas de gobierno con otras fuerzas pol¨ªticas. Sin embargo, los problema! se producen y deben tener el tratamiento que las circunstancias requieren, y si el partido gobernante no permite, en uso de la m¨¢s estricta legalidad, que determinadas cuestiones se debatan o investiguen por quienes tienen la representaci¨®n del pueblo, pues ser¨¢n los medios de comunicaci¨®n quienes, otra vez, y sin que ¨¦sa sea su verdadera misi¨®n, se arroguen funciones que no le son propias, sustituyendo la ineficacia de los poderes p¨²blicos. Sabemos que es dif¨ªcil hacer cualquier ejercicio de humildad cuando se tiene una cuota tan amplia de poder, pero es m¨¢s costoso que la humildad nos la impongan a tener que leer cada ma?ana las miserias del poder. El problema de los desag¨¹es de cualquier edificio es que al estar por debajo, cuando se estropean, pueden hacer que el edificio se derrumbe.La promulgaci¨®n de esa ley, que se anuncia o amenaza seg¨²n quien la contemple, ser¨ªa un error grave por muchas razones. En primer lugar, para la fiabilidad de la gesti¨®n del propio Gobierno. Es dif¨ªcil entender que el poder precise de una ley que le proteja precisamente de quienes le han dado su confianza en las urnas, porque ninguna ley posible va a legitimar las actuaciones que la sociedad no encuentre correctas. Aterra pensar que un Gobierno que cuenta hoy, l¨®gicamente, con el aparato administrativo, con instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, y que adem¨¢s dirige la ¨²nica televisi¨®n que hay, necesite de una ley que le ampare a¨²n m¨¢s. En segundo lugar, porque probablemente habr¨ªa que modificar la propia Constituci¨®n, salvo que se pretendiera elevar a la categor¨ªa de ley la simple chapuza administrativa. Por ¨²ltimo, el error m¨¢s grave estar¨ªa en que esa ley condicionara las libertades de expresi¨®n y de informaci¨®n, porque entonces se habr¨ªa herido de muerte el sistema democr¨¢tico, cuyo pilar fundamental son precisamente esas libertades. Si en la mente de alg¨²n gobernante est¨¢ el conseguir por la v¨ªa legal, que no leg¨ªtima, amordazar a los medios de comunicaci¨®n, es que no merece ser gobernante.

Por cierto, y a nosotros ?qui¨¦n nos protege del Gobierno?

es catedr¨¢tico de Historia y Teor¨ªa de las Libertades P¨²blicas en la Informaci¨®n de la facultad de Ciencias de la Informaci¨®n de la universidad Complutense.