Concesiones a los aliados

EL ANUNCIO de que han sido superados los ¨²ltimos escollos que dificultaban la firma de un nuevo acuerdo defensivo entre Espa?a y EE UU es una buena noticia. No pod¨ªa mantenerse indefinidamente una situaci¨®n de incertidumbre, de desconfianza mutua, de roces que estorbaban la relaci¨®n con uno de nuestros principales aliados. La satisfacci¨®n de los dos Gobiernos y de los de sus amigos occidentales es palpable. Podr¨ªa decirse que la diplomacia espa?ola ha conseguido que Washington acepte y respete los intereses estrat¨¦gicos de Madrid, pero en realidad la formulaci¨®n de esos intereses ha ido cambiando a lo largo de la negociaci¨®n para aproximarse sutilmente a los argumentos de la parte contraria. Madrid ha comprendido, haciendo gala de pragmatismo, que su condici¨®n de aliado comporta concesiones. El Gobierno ha cre¨ªdo que era preciso que su filosof¨ªa estrat¨¦gica variara para aproximarse a la de sus aliados. Pero es detestable que no lo reconozca y que pretenda convencer de lo contrario.Cabe preguntarse si el precio pagado para normalizar nuestras relaciones con EE UU es el de haber dejado sin efecto las intrincadas matizaciones puestas a nuestra presencia en la OTAN. Dicho de otra forma: si el Gobierno de Madrid ha renunciado sin m¨¢s a la no nuclearizaci¨®n de Espa?a. Una de las condiciones propuestas en el refer¨¦ndum de marzo de 1986 fue la "prohibici¨®n de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio espa?ol". Independientemente de que, como ha asegurado el Ejecutivo en los ¨²ltimos d¨ªas, el refer¨¦ndum fuera meramente consultivo y su resultado pueda ser ignorado por el Parlamento o por el propio Gobierno, es notable que la Oficina del Portavoz asegure que el nuevo "convenio recoge los compromisos contenidos en el refer¨¦ndum". Es notable porque no es cierto. El nuevo texto asegura que la introducci¨®n, almacenamiento y transporte quedan "supeditados al consentimiento del Gobierno espa?ol". Quiere ello decir que el Gobierno espa?ol, presionado o no por el de Washington, puede decidir la entrada de armamento nuclear sin que, para ello, tenga siquiera que informar a los ciudadanos. En una palabra: puede evitar la prohibici¨®n que emana del refer¨¦ndum. El Ministerio de Exteriores se?ala que los acuerdos se firman entre Gobiernos y no con las Cortes, pero que eso no significa que el Ejecutivo, planteada la cuesti¨®n, no deba consultar al Parlamento. Sin embargo, una vez ratificado por el legislativo el texto del acuerdo, el Gobierno quedar¨¢ legalmente habilitado para utilizar esa cl¨¢usula que le permite cambiar la pol¨ªtica de no nuclearizaci¨®n sin una ulterior intervenci¨®n, del Parlamento.

El Gobierno, por otra parte, ha tratado de explicar que Espa?a no se compromete por escrito a no inspeccionar la carga de los buques militares norteamericanos que atraquen en puertos espa?oles. Eso es dudoso. No preguntar sobre la carga de los buques aliados es un pacto verbal frecuente en Europa y que en Espa?a se aplica desde el primer convenio de 1953. Se trata de una pr¨¢ctica que se justifica en base a razones de seguridad estrat¨¦gica, que pretenden desconcertar al enemigo sobre la real ubicaci¨®n del armamento nuclear instalado en barcos de guerra. Pero para que no quedasen dudas, Estados Unidos ha logrado introducir ahora -y esta vez por escrito- en un anexo del convenio el compromiso de que, en la autorizaci¨®n que se conceda a los buques de uno y otro pa¨ªs, no se cuestionar¨¢ el tipo de armas que lleven y no se exigir¨¢ que en la correspondiente documentaci¨®n figure la naturaleza de la carga.

El texto que finalmente ha sido acordado refleja, con los matices apuntados y la excepci¨®n del eventual compromiso sobre inspecci¨®n de buques, las propuestas finales adelantadas por Espa?a en el mes de julio. Ello incluye f¨®rmulas transadas, y probablemente equidistantes de ambos intereses, sobre el r¨¦gimen econ¨®mico de las bases y sobre el tema de las competencias jurisdiccionales. Lo que nadie ha explicado fehacientemente es por qu¨¦ no se firm¨® entonces. En cualquier caso, el pacto no supone un maquillaje cosm¨¦tico a una situaci¨®n heredada y sugiere una relaci¨®n defensiva distinta a la mantenida hasta ahora. En cuanto al incumplimiento reiterado (o al mero cumplimiento simb¨®lico) del resultado de un refer¨¦ndum imposible de cumplir, poco m¨¢s queda que comentar.