Las autonom¨ªas necesitar¨¢n permiso del Gobierno central para su acci¨®n exterior

El ministerio para las Administraciones P¨²blicas dispone de un proyecto de decreto por el cual las comunidades aut¨®nomas tendr¨¢n reconocida capacidad de iniciativa en la acci¨®n exterior, pero necesitar¨¢n permiso del Gobierno, en unos casos, y consulta formal en otros, para iniciativas relacionadas con la actividad en el exterior.El Gobierno prepara un conjunto de medidas destinadas a enfriar" la alta temperatura alcanzada por el problema auton¨®mico. En las ¨²ltimas semanas, ese problema ha afectado a cuestiones que desde el Gobierno se considera b¨¢sicas para la estructura del Estado, como la supresi¨®n de los gobiernos civiles, el intento de constituir una provincia ¨²nica en Catalu?a o la proliferaci¨®n de iniciativas de las comunidades aut¨®nomas en el exterior.

Una de las medidas estudiadas por el Ejecutivo es el proyecto de decreto, por el cual se exige la autorizaci¨®n del Gobierno pura que las comunidades aut¨®nomas puedan establecer oficinas en el exterior.

Un alto cargo del Ministerio para las Administraciones P¨²blicas lo ilustra con un ejemplo: "Resulta absurdo que se necesite la autorizaci¨®n del Consejo de Ministros para instalar a un agregado de Pesca en la embajada de Espa?a en Rabat, y sin embargo las autonom¨ªas abren oficinas en el exterior sin comunic¨¢rselo siquiera al Gobierno de la naci¨®n".

El Ejecutivo tiene igualmente el prop¨®sito de requerir una cooperaci¨®n "m¨¢s leal" de las autonom¨ªas en cuanto a viajes de sus presidentes y el env¨ªo de delegaciones al exterior, as¨ª como ofrecer la infraestructura de las embajadas para las gestiones que aquellas necesiten en otros pa¨ªses.

Un reciente compromiso de la Generalitat de Catalu?a con el gobierno de Israel, para abrir mercados en Europa a los agrios de dicho pa¨ªs, ha sido la gota que colma el vaso", seg¨²n el alto cargo de Administraciones P¨²blicas antes mencionado. El Gobierno est¨¢ dispuesto a un rearme en materia de relaciones exteriores, por entender que la Constituci¨®n atribuye esa competencia al Estado en exclusiva.