El Defensor del Pueblo advierte contra las leyes especiales sobre las sectas

La comisi¨®n parlamentaria que investiga el fen¨®meno de las sectas religiosas choca con el amparo constitucional que tienen las libertades en este pa¨ªs para poner en marcha medidas restrictivas. El defensor del pueblo, Alvaro Gil Robles, que fue convocado ayer por esta comisi¨®n, consider¨® que la legislaci¨®n vigente es suficiente para reprimir todos los il¨ªcitos penales que puedan darse, y pidi¨® prudencia a los parlamentarios si es que est¨¢n pensando proponer medidas restrictivas.

Aun as¨ª, y a pesar de que a su instituci¨®n s¨®lo han llegado ocho denuncias, reconoci¨® que las sectas constituyen un fen¨®meno social que preocupa cada vez m¨¢s a amplios sectores de la sociedad.El sentir generalizado que se expres¨® ayer en esta comisi¨®n, tras la intervenci¨®n del Defensor del Pueblo, va encaminado no a que se creen nuevas leyes, sino a que las existentes sean m¨¢s operativas, y a que la Administraci¨®n muestre una especial diligencia cuando tenga denuncias en torno a estas sectas.

El Defensor del Pueblo asegur¨® que todas las denuncias que ha recibido en esta materia han sido enviadas al ministerio fiscal. "En lo que no puedo entrar es en supuestos de personas mayores de edad que son libres para pertenecer a una secta o a lo que quieran", dijo. En ese momento, Gil Robles afirm¨® que ten¨ªa muchas dudas respecto a proponer una legislaci¨®n m¨¢s restrictiva".

Cabe destacar que algunas de las quejas que han llegado a Gil Robles denuncian los efectos en miembros de sectas del proceso de desprogramaci¨®n al que han sido sometidos no por su consentimiento, sino por la acci¨®n de los familiares que esperaban volverles a la normalidad. Los miembros de la comisi¨®n convinieron en que las diversas asociaciones de desprogramadores existentes deben ser tambi¨¦n objeto de regulaci¨®n legal. Seg¨²n Gil Robles, la propia denominaci¨®n de desprogramaci¨®n le produce verdaderos escalofr¨ªos. Las denuncias que est¨¢n llegando a la comisi¨®n por los m¨¦todos presuntamente utilizados por estos desprogramadores tratan a ¨¦stos, parad¨®jicamente, como si tambi¨¦n actuaran a modo de secta.

Manuel Garc¨ªa Fonseca (IU), Salvador Carrera (CiU), Emilio Olabarr¨ªa (PNV), Antonio Garrosa (CDS), Pilar Salarrullana (Democracia Cristiana), y Juan Manuel del Pozo (PSOE) mantuvieron unos criterios muy similares en cuanto a la necesidad de que la Administraci¨®n tuviera una actitud m¨¢s vigilante respecto a las denuncias sobre las sectas.

El liberal Jos¨¦ Manuel Botella, llevado por los principios que defiende, apel¨® a la libertad de la persona para pertenecer o no a la organizaci¨®n que estime conveniente, y se mostr¨® muy preocupado ante posibles medidas restrictivas "contra algo que est¨¢ legalizado y que no tiene ninguna denuncia fundada". "No pertenezco a ninguna secta, ni las defiendo", aclar¨®, "y no me gustar¨ªa que un hijo m¨ªo perteneciera a alguna de ellas, pero se trata de su libertad y desde luego empieza a aterrorizarme lo que este Parlamento pueda hacer".