M¨¦xico en estado de beligerancia

La transmisi¨®n del mando federal abre una etapa in¨¦dita y gr¨¢vida de riesgos para el futuro de M¨¦xico. Por primera vez en la historia reciente un presidente de la rep¨²blica fu¨¦ cuestionado directamente y su legitimidad puesta en deuda en el mismo acto de toma de posesi¨®n. El 1 de diciembre Carlos Salinas asumi¨® el poder ejecutivo, pero de modo alguno el liderazgo nacional ni las potestades y prerrogativas de las que tradicionalmente disfrutaron sus predecesores.Los parlamentarios de la oposici¨®n (Partido Acci¨®n Nacional y Frente Democr¨¢tico Nacional), que ocupan cerca de la mitad de los esca?os del nuevo Congreso, pero que obtuvieron una votaci¨®n notoriamente superior a la que recibieron sus hom¨®logos del PRI, reivindicaron disposiciones. vigentes, aunque nunca observadas, del reglamento interior del Congreso para demandar su participaci¨®n durante el acto de protesta en pie de igualdad respecto del nuevo presidente, al que adem¨¢s consideran un impostor. En efecto, las reglas escritas no hacen menci¨®n de la presencia del mandatario saliente en la ceremonia inaugural y prescriben que una vez tomada la protesta de ley el presidente entrante abandonar¨¢ el recinto, lo que excluye cualquier discurso o mensaje que ¨¦ste quisiera pronunciar. Se adopt¨® otro protocolo por el que tuvo que respetarse el principio de la equivalencia de los poderes, con lo que se escucharon tambi¨¦n sendos pronunciamientos de las dos formaciones opositoras.

Ante la inminencia del esc¨¢ndalo, el partido gobernante debi¨® aceptar, a rega?adientes, la propuesta y encarar el desaf¨ªo de un debate p¨²blico que a lo largo de toda la campa?a electoral rehuy¨® sistem¨¢ticamente. No obstante, los discursos contestatarios fueron pronunciados previamente a la llegada de De la Madrid y Salinas y fueron televisados a la naci¨®n as¨ª como escuchados en vivo por los invitados a la ceremonia, incluyendo los jefes de Estado y Gobierno extranjeros.

Este hecho, que podr¨ªa considerarse normal en una democracia evolucionada, da prueba de una transformaci¨®n profunda en el equilibrio real de fuerzas del pa¨ªs y desmiente de modo irrefutable a los propagandistas del Gobierno, empe?ados en sostener que lo ocurrido en los comicios del 6 de julio fue fruto de una coyuntura pasajera y que todo ha vuelto a la normalidad: que el antiguo r¨¦gimen mantiene intacta su capacidad para reabsorber disidencias, ahogar inconformidades y reducir las oposiciones a meras instancias testimoniales y finalmente legitimadoras del sistema. Lo que refutan los opositores, e hicieron valer sus mensajes al Congreso, es precisamente a legitimidad del nuevo Gobierno. Con matices distintos y tal vez con prop¨®sitos divergentes , tanto Acci¨®n Nacional como las organizaciones de izquierda y centro izquierda que se coligaron para sostener la candidatura de Cuauht¨¦moc C¨¢rdenas afirmaron que el proceso electoral y la calificaci¨®n misma de los resultados estuvieron en tal medida plagados de irregularidades y son tan claramente violatorios del mandado constitucional que Salinas de Gortari ser¨¢ un presidente iled¨ªtimo y deber¨¢ ser tratado, por tanto, como una autoridad de facto.

Esta tesis podr¨ªa ser considerada como una argucia t¨¢ctica o como una posici¨®n negociadora si no correspondiera a un sentimiento generalizado y vehemente de los mexicanos y si no hubiese sido avalada por art¨ªculos y ensayos de los m¨¢s acreditados juristas e intelectuales del pa¨ªs. En todo caso, los representantes de m¨¢s de la mitad del electorado sostienen firmemente que Salinas ser¨¢ un presidente inconstitucional, y la mayor parte a?ade que no podr¨¢ legitimarse ni con las mejores acciones de gobierno debido al origen en extremo viciado del poder que ostenta.

Nos encontramos as¨ª frente a una versi¨®n muy mexicana del estado de beligerancia admitido por el derecho internacional. Esto es, la relaci¨®n obligada entre partes que no se reconocen necesariamente ni la legitimidad ni la soberan¨ªa que cada uno invoca para s¨ª. S¨®lo que no se trata de una beligerancia armada, ya que el poder constituido no desea perder la poca autoridad moral que le queda aplastando al contrario, y las fuerzas opositoras han rechazado expl¨ªcitamente la v¨ªa insurreccional, que llevar¨ªa de inmediato a la represi¨®n y a la p¨¦rdida de las posiciones que lograron conquistar por el sufragio.

M¨¦xico oscila entre dos posibles desenlaces de su actual drama pol¨ªtico: o bien el aparato del Estado insiste en restaurar sus antiguos privilegios, reafirmando el anacr¨®nico sistema de partido dominante o diezmando por todos los medios imaginables a sus contrarios (lo que hasta ahora ha sido su pretensi¨®n evidente), o bien se ve forzado a c2der ante el descontento social, la movilizaci¨®n popular y la opini¨®n p¨²blica internacional y procede a un cambio radical de las reglas del juego que propiciar¨ªa un genuino pluralismo pol¨ªtico.

La primera v¨ªa se inscribe en la l¨®gica de sus compromisos financieros internacionales y de la propia debilidad del grupo gobernante, que lo inducen a endurecer los controles sociales y a reforzar con autoritarismo el maltrecho ego del Estado. La segunda exige una revisi¨®n a fondo de las relaciones econ¨®micas en lo externo y en lo interno, as¨ª como la congruencia, hasta ahora inexistente, entre el discurso modernizante y su condici¨®n inescapable: la democratizaci¨®n del pa¨ªs.

Cabe esperar que a la postre se imponga la opci¨®n del respeto al sufragio y de la libertad de los individuos frente a las corporaciones, por demostrarse en los hechos que encierra la ¨²nica salida posible a la crisis y es requisito indispensable de la gobernabilidad. Confiemos en que ese camino se encuentre con los menores costes y en los plazos m¨¢s breves.