La guerra de las islas

La profunda crisis pol¨ªtica que vive Canarias tras el cese del Gobierno de centro derecha de Fernando Fern¨¢ndez Mart¨ªn, del CDS, es el ¨²ltimo episodio del eterno pleito insular entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria por la capitalidad del archipi¨¦lago, actualmente compartida. Esta rivalidad secular, que dificulta la gobernabilidad de las islas, se ha reavivado ahora ante dos pol¨¦micas iniciativas parlamentarias favorables a una universidad plena para Las Palmas, interpretadas en Tenerife como un expolio de la universidad de La Laguna.

Varias decenas de miles de manifestantes salieron a la calle en ambas ciudades con intenciones contrapuestas. En este ambiente de crispaci¨®n social, la autonom¨ªa se ve amenazada por el fantasma de la divisi¨®n provincial. El PSOE, la principal fuerza pol¨ªtica de la comunidad, intenta salvar el escollo con una oferta de "paz institucional".Quienes proclaman el fracaso del Estatuto, seis a?os despu¨¦s de su implantaci¨®n, desde dentro y fuera de los partidos, abogan por volver al esp¨ªritu del decreto de Primo de Rivera, que hace m¨¢s de medio siglo escindi¨® al archipi¨¦lago en dos provincias: Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro) y Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote).

En v¨ªsperas del debate final en el Parlamento de las dos iniciativas de ley para la universidad de Las Palmas ya se aprecian claros s¨ªntomas de dicho peligro de segregaci¨®n y la idea de dos futuras autonom¨ªas parece complacer a sectores ciudadanos con gran protagonismo p¨²blico. Entre tanto, las direcciones de las fuerzas pol¨ªticas se apresuran a espantar de sus filas el virus divisionista reafirmando su vocaci¨®n regional. La derrota parlamentaria de la cuesti¨®n de confianza de Fern¨¢ndez Mart¨ªn, a la que se someti¨® voluntariamente el pasado mi¨¦rcoles, alimenta a¨²n m¨¢s tales desconfianzas. Los insularistas de las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), con fuerte arraigo en Tenerife, provocaron su ca¨ªda al asumir de manera inflexible la defensa de la universidad de La Laguna.

Los jirones del pleito

Las voces que piden la doble autonom¨ªa se apoyan en la falta de acogida popular al Estatuto (aprobado por la v¨ªa del art¨ªculo 143 y reforzado con una ley especial de transferencias), que no fue refrendado. El Gobierno aut¨®nomo tia previsto en la reforma de la ley de Cabildos prohibir la posibilidad de que dichos entes se mancomunen en contra de la unidad del archipi¨¦lago, evit¨¢ndose as¨ª el restablecimiento del modelo pol¨ªtico del archipi¨¦lago anterior a la autonom¨ªa.

En realidad, los partidos sufren en carne propia los jirones del pleito insular. Manuel Hermoso, l¨ªder de las AIC (nacionalismo insularista), se vio obligado, en una reciente sesi¨®n parlamentaria sobre la cuesti¨®n universitaria, a asegurar que jam¨¢s respaldar¨ªa una tentativa divisionista a pesar de que en sus filas amplios sectores alientan dicha idea. A su federaci¨®n pol¨ªtica interinsular, que es contraria a dos universidades provinciales (Las Palmas y La Laguna) y tiene el control pol¨ªtico de Tenerife, se le hab¨ªa atribuido la creaci¨®n de un Comit¨¦ Popular que en octubre recogi¨® m¨¢s de 120.000 firmas para la convocatoria de un refer¨¦ndum a favor de dos autonom¨ªas. Esta organizaci¨®n ciudadana ha publicado en la Prensa esquelas por la "muerte de la universidad de La Laguna" y ha calificado como traidores a los pol¨ªticos tinerfe?os que apoyen a Las Palmas.

Esta pugna ha desatado un cisma en AP, uno de los partidos que formaba el pacto de gobierno de centro-derecha, junto al CDS, AIC y Agrupaci¨®n Herre?a Independiente (AHI). Tres diputados aliancistas de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria se han negado a suscribir el medio centenar de enmiendas presentado por los tres restantes miembros del Grupo Popular en la C¨¢mara, todos ellos de la provincia tinerfe?a, en contra de la creaci¨®n de una universidad plena en Las Palmas, que absorber¨ªa los centros existentes en dichacapital, dependientes en la actualidad de la universidad de La Laguna (Tenerife).

En el CDS se produjo a comienzos de noviembre una dimisi¨®n sonada, la de su portavoz parlamentario, Juan Manuel Fern¨¢ndez del Torco, magistrado de profesi¨®n, que ha vuelto a la judicatura. "Me fui para no incurrir en indisciplina de partido", declar¨®. Fern¨¢ndez del Torco no comparte la postura de los centristas.

En medios pol¨ªticos se interpret¨®, tambi¨¦n, que la baja anterior como diputado regional del senador socialista por Tenerife Alberto de Armas se deb¨ªa a razones similares, extremo desmentido por el ex presidente del Gobierno y secretario regional del PSOE, Jer¨®nimo Saavedra, asegurando que se debi¨® a la duplicidad de cargos.

Universidad en La Laguna

En Las Palmas, una de las dos capitales canarias, con algo m¨¢s de 500.000 habitantes, unas 300.000 personas (seg¨²n los organizadores de la manifestaci¨®n) pidieron en la calle una universidad completa. Hace escasos d¨ªas se celebr¨® un acto multitudinario similar en Tenerife en defensa de la universidad de La Laguna. Las Palmas cuenta con una Polit¨¦cnica y Tenerife, desde 1701, con la universidad de La Laguna (estudios human¨ªsticos y cient¨ªficos), las dos de ¨¢mbito regional. Este reparto de ense?anzas ser¨¢ modificado si prosperan las dos propuestas legislativas presentadas en el Parlamento por el Cabildo de Gran Canaria y una comisi¨®n promotora popular. El Estatuto canario contempla la posibilidad de discutir iniciativas de ley populares avaladas por 150.000 firmas. Las AIC se quedaron solas frente al resto de la C¨¢mara al oponerse a dichos proyectos.

Fern¨¢ndez Mart¨ªn hab¨ªa manifestado antes de su cese que la inestabilidad pol¨ªtica insular, avivada por la amenaza divisionista, exig¨ªa cerrar filas en el pacto que le apoyaba o "regresar a la oposici¨®n".

M¨¢s dr¨¢sticos son algunos diputados que reconocen que la tensi¨®n que domina la vida pol¨ªtica insular invita, en ocasiones, a "marcharse a casa". No es s¨®lo el pleito insular. Un esc¨¢ndalo inmobiliario, cuyas implicaciones pol¨ªticas son investigadas por el Parlamento, y constantes litigios en la C¨¢mara y en los tribunales, han alimentado un clima de desencanto en una convulsa legislatura.