Constituci¨®n y democracia

A DIEZ A?OS de la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n, el r¨¦gimen parlamentario por ella consagrado, incluyendo sus reglas de procedimiento y hasta sus s¨ªmbolos y ritos, ha entrado a formar parte de los h¨¢bitos de los ciudadanos. Las amenazas involucionistas que hace una d¨¦cada se cern¨ªan sobre la democracia espa?ola, y que se encarnar¨ªan en un intento de golpe militar tres a?os despu¨¦s, han desaparecido en lo fundamental. Naturalmente, la democracia no supone la supres¨ª¨®n de los conflictos, sino precisamente la posibilidad de plantearlos y resolverlos pac¨ªficamente, sin poner en riesgo las libertades. El que este aniversario coincida con un momento de aguda conflictividad social, sin que de ello se deriven riesgos para el r¨¦gimen de libertades garantizado por la Carta Magna, ilustra la fortaleza y arraigo del sistema institucional inaugurado entre nosotros hace 10 a?os.Sin embargo, diversos s¨ªntomas revelan el crecimiento en el seno de la sociedad de un movimiento de queja, o al menos de desencanto, respecto al insuficiente despliegue de las posibilidades abiertas por la Constituci¨®n en relaci¨®n a valores como la igualdad o la solidaridad. La despolitizaci¨®n y ausencia de afanes participativos de la juventud, en contraste con la realidad sociol¨®gica de la Espa?a de los setenta, es uno de los reflejos m¨¢s preocupantes de este desencanto. Pero no es menos significativo el hecho de que el relativo desapego de esos sectores hacia la vida pol¨ªtica no se manifieste, como anta?o, en una contraposici¨®n entre la libertad y la igualdad. Por el contrario, la aspiraci¨®n a una mayor equidad se expresa hoy en t¨¦rminos de igualdad de libertad: ¨¦sta es la unidad de medida de aqu¨¦lla.

Este desencanto no es ya el autoproclamado -hace precisamente una d¨¦cada- por quienes, por efecto de su formaci¨®n y experiencias de radicalizaci¨®n juvenil, confundieron el plano de lo privado con la esfera de lo p¨²blico y creyeron de buena fe que la democracia garantizaba la felicidad. El desenga?o actual tiene m¨¢s que ver con la existencia dentro del sistema democr¨¢tico de tendencias que desmienten parcialmente sus propios presupuestos: un sistema de partidos y una legislaci¨®n electoral que sustituyen la responsabilidad de los elegidos ante sus electores por la responsabilidad de esas personas ante los aparatos de las formaciones pol¨ªticas; la sustituci¨®n del Parlamento como c¨¢mara de debate pol¨ªtico abierto por otros foros no sometidos al control de la opini¨®n p¨²blica y en los que el protagonismo de los grupos particulares de inter¨¦s es creciente; la sustracci¨®n de un n¨²mero creciente de asuntos al control de la oposici¨®n so pretexto de las razones de Estado.

Tambi¨¦n es cierto que la salud de las instituciones y de la democracia misma dependen en buena medida de la capacidad de los gobernantes para promover una difusi¨®n social del poder mediante la articulaci¨®n de la sociedad a trav¨¦s de sus asociaciones intermedias. La realidad de la Espa?a actual constituye una prueba de lo que resta por hacer en esa direcci¨®n. Pero si algo nos ha ense?ado la pr¨¢ctica de la democrac¨ªa es que su principal valor, la tolerancia, implica tambi¨¦n la convivencia racional con la imperfecci¨®n. La existencia de deficiencias en el funcionamiento pr¨¢ctico del sistema parlamentario no significa que se haya borrado la frontera entre un r¨¦gimen democr¨¢tico y uno que no lo es. La posibilidad que tienen los ciudadanos de cambiar la mayor¨ªa parlamentaria y el Gobierno cada cuatro a?os es la principal garant¨ªa contra eventuales abusos por parte del poder.

A 10 a?os vista, nadie puede negar hoy que la Constituci¨®n de 1978 es un cauce v¨¢lido para la convivencia pac¨ªfica y democr¨¢tica de los ciudadanos. El que algunas de sus potencialidades no hayan llegado a desarrollarse no contradice, sino todo lo contrario, su validez. Esas imperfecciones podr¨ªan, por otra parte, subsanarse mediante una reforma cuyos mecanismos est¨¢n previstos en el propio texto. Si la mayor¨ªa de los con stitucionalistas, as¨ª como las principales fuerzas pol¨ªticas, se muestran poco partidarias, de momento, de abordar esa reforma es porque consideran improbable reproducir hoy un consenso tan amplio como el que fue posible hace una d¨¦cada. Ha de tenerse en cuenta que cualquier reforma deber¨¢ ser apoyada, para prosperar, por una mayor¨ªa cualificada (de tres quintos) de ambas c¨¢maras.

El principal error pol¨ªtico cometido en el proceso de elaboraci¨®n de la Constituci¨®n fue la exclusi¨®n de los nacionalistas vascos de la ponencia redactora del proyecto que le sirvi¨® de base. El intento de rectificaci¨®n posterior no fue suficiente para convencer al nacionalismo vasco moderado de la voluntad integradora de los constituyentes, y las presiones del radicalismo resultaron decisivas en la decantaci¨®n final del PNV en favor de la abstenci¨®n. Con todo, abstenci¨®n no equivale -como se pretendi¨® demag¨®gica e interesadamente a posteriori- a rechazo: el 70% de los ciudadanos vascos que ejercieron en 1978 su derecho al voto dieron su apoyo al texto sometido a refer¨¦ndum. Y si es cierto que el 55% del censo se abstuvo, no lo es menos que en las primeras elecciones auton¨®micas celebradas con posterioridad, en las que ninguna fuerza nacionalista propugnaba la abstenci¨®n, ¨¦sta alcanz¨® un porcentaje del 40%. Por lo dem¨¢s, la aprobaci¨®n, en 1979, del Estatuto de Gernika, nacido del despliegue de las expectativas auton¨®micas abiertas por la Carta Magna, supuso en la pr¨¢ctica la plena legitimaci¨®n retrospectiva de ¨¦sta en Euskadi.

As¨ª lo ha entendido Euskadiko Ezkerra, partido que hace 10 a?os propugn¨® el voto negativo y que ahora, en gesto que le honra y cuya importancia pol¨ªtica no podr¨ªa ser subestimada, proclama no s¨®lo su acatamiento sino su apoyo expl¨ªcito al marco de libertades que la Constituci¨®n de 1978 garantiza.