La tradici¨®n tolerante

LA APERTURA de negociaciones entre el Estado y los jud¨ªos y protestantes espa?oles con vistas a la firma de sendos convenios de cooperaci¨®n es un hecho relevante en el proceso hacia la consolidaci¨®n efectiva de la libertad e igualdad religiosas que se inici¨® en Espa?a con la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n en 1978. Es tambi¨¦n un acto de justicia hist¨®rica para con dos colectivos confesionales espa?oles (250.000 protestantes y 12.000 jud¨ªos) que han estado en el punto de mira de la intolerancia pol¨ªtica y religiosa en Espa?a. Hasta ahora s¨®lo la Iglesia cat¨®lica mantiene con el Estado convenios de esta naturaleza, firmados con la Santa Sede en 1979 bajo la forma jur¨ªdica de tratados internacionales.Aunque s¨®lo sea un simple azar de la historia, no es ocioso subrayar la coincidencia de los contactos iniciados la semana pasada entre representantes del Ministerio de Justicia y de las dos confesiones religiosas con los preparativos para la celebraci¨®n de la efem¨¦ride de 1992. Adem¨¢s de rememorar el descubrimiento de Am¨¦rica y ser un a?o ol¨ªmpico, tambi¨¦n es el a?o en que se cumple el quinto centenario de la expulsi¨®n de 300.000 jud¨ªos espa?oles fuera de su patria, en una de las operaciones de mayor desplazamiento coactivo de masas que recuerda la historia. Pero no menos penosa que la de los jud¨ªos ha sido la historia de los protestantes espa?oles, desde los autos de fe propiciados por la Contrarreforma cat¨®lica en el siglo XVI hasta la intolerancia del siglo XIX, tornada en acoso y hostigamiento en el apogeo del nacionalcatolicismo en los a?os cuarenta y cincuenta del presente siglo.

Despu¨¦s de tan largos per¨ªodos de intolerancia e incluso de persecuci¨®n abierta, el actual Estado democr¨¢tico espa?ol reconoce oficialmente el notorio arraigo en la historia y en la sociedad espa?olas de las religiones jud¨ªa y protestante. El anterior ministro de Justicia, Fernando Ledesma, cuando ya hace m¨¢s de un a?o anunci¨® la buena disposici¨®n del Gobierno a establecer convenios de cooperaci¨®n con los protestantes y jud¨ªos espa?oles, calific¨® este hecho de "recuperaci¨®n de la memoria hist¨®rica de nuestro pa¨ªs, de recuperaci¨®n de la mutua convivencia y de la tolerancia que caracterizaron, durante tanto tiempo, el car¨¢cter y genio espa?oles".

En las negociaciones iniciadas estos d¨ªas se aborda un amplio abanico de cuestiones que afectan a la vida de estas comunidades religiosas, entre ellas, el reconocimiento de los efectos civiles del matrimonio celebrado seg¨²n el rito jud¨ªo o protestante, el estatuto de los ministros de culto, el respeto a las festividades religiosas, la asistencia religiosa a hospitales, centros penitenciarios y durante el servicio militar, y, en el caso de la comunidad jud¨ªa, la conservaci¨®n del valioso patrimonio hist¨®rico-art¨ªstico dejado por sus antepasados. En el tema siempre vidrioso de la financiaci¨®n estatal de sus actividades, los jud¨ªos y protestantes espa?oles rechazan tanto la ayuda directa del Estado por la v¨ªa de la dotaci¨®n presupuestar¨ªa como el llamado impuesto religioso, mediante la declaraci¨®n de los contribuyentes en el impuesto sobre la renta. En este terreno, adem¨¢s de las normales exenciones tributarias que corresponden a entidades con fines no lucrativos, las comunidades jud¨ªa y protestante espa?olas pretenden que el Estado considere deducibles, a los efectos del impuesto, las cantidades donadas por particulares para su mantenimiento.

Que todos estos temas se negocien en el ¨¢mbito oficial, que sus resultados se plasmen en los correspondientes convenios y que, llegado el caso, ¨¦stos sean aprobados por el Parlamento es una demostraci¨®n de lo mucho que se ha avanzado en la aceptaci¨®n del modelo constitucional en relaci¨®n con el fen¨®meno religioso.