Privilegio de los fuertes

CON EL indulto concedido ayer por el Gobierno al ex general golpista Alfonso Armada las instituciones democr¨¢ticas no s¨®lo no se debilitan, sino que se refuerzan y prestigian, dando con un acto as¨ª un ejemplo de su legitimidad y de su superioridad moral sobre quienes intentaron destruirlas con las armas que les fueron confiadas precisamente para su defensa. No ha lugar, pues, para que los dem¨®cratas espa?oles, es decir, la inmensa mayor¨ªa, se sientan alarmados porque el Gobierno de la naci¨®n haya considerado llegado el momento de realizar tal gesto de benevolencia.Porque no debe quedar ninguna duda de que el indulto del ex general Armada es un acto de pura gracia, es decir, no obligado por exigencia alguna de justicia. Una decisi¨®n, adem¨¢s, que dif¨ªcilmente podr¨ªa calificarse de imprudente o irresponsable. Porque no s¨®lo hay argumentos bastantes para estimar que se ha producido en un momento adecuado -suficiente alejamiento hist¨®rico de la intentona golpista del 23-F, asentamiento de las instituciones democr¨¢ticas y de la autoridad del Rey y retroceso palpable del peligro involucionista en el seno del Ej¨¦rcito-, sino que responde a todas las condiciones legales previas para su concesi¨®n. El informe sobre la conducta observada por Armada durante estos siete a?os y medio ha sido favorable y la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, que en estricta justicia deneg¨® en agosto pasado su libertad condicional, se ha pronunciado posteriormente a favor del indulto s¨®lo "por razones de equidad". En todo caso, es importante se?alar que el dictamen de esta Sala -presidida por un magistrado de reconocida solvencia profesional y de indudable talante democr¨¢tico- ha resaltado el hecho de que en sus varias solicitudes de indulto el ex general Armada siempre expres¨® "su respeto y acatamiento a la legalidad constitucional". Tal vez ninguna de estas razones, ni tampoco la avanzada edad o la enfermedad del indultado, ser¨ªan suficientes, tomadas independientemente, para conceder el indulto. Pero contempladas conjuntamente justifican, desde una perspectiva humanitaria, la decisi¨®n que ha adoptado el Gobierno.

La sociedad espa?ol a tiene derecho a preguntarse cu¨¢l es el grado de firmeza que pueda tener el acatamiento del antiguo general golpista a la Constituci¨®n. En principio, y de acuerdo con el discreto comportamiento del encausado durante todo este tiempo, no hay razones de peso para dudar de que esa voluntad no sea sincera y, en todo caso, se trata de un compromiso p¨²blicamente adquirido no s¨®lo ante las instituciones del Estado, incluido el Rey como jefe de las Fuerzas Armadas, sino ante todo el pueblo espa?ol. La naturaleza pol¨ªtica del delito de rebeli¨®n militar -el m¨¢s grave crimen, como ha dicho el Tribunal Supremo, que puede cometer un profesional de la milicia- hace ineludible, en el supuesto de concesi¨®n del indulto a quien ha sido declarado reo del mismo, un compromiso claro e inequ¨ªvoco de adhesi¨®n a las normas constitucionales y de renuncia a la fuerza de las a7nas como garant¨ªa de no reincidencia. Esa condici¨®n queda cumplida en este caso.

En la reciente historia espa?ola, el indulto a los protagonistas de otras intentonas golpistas no hizo sino alimentar, las tendencias intervencionistas del Ej¨¦rcito, la ¨²ltima de las cuales sumi¨® al pa¨ªs en una espantosa guerra civil. Ser¨ªa descabellado, sin embargo, establecer cualquier paralelismo entre aquellos tiempos y los actuales. Ya se ha dicho en muchas ocasiones: la indulgencia es privilegio de los fuertes.