Polic¨ªas recuperados

LA RECUPERACI?N para puestos operativos de responsabilidad de Modesto Garc¨ªa, hist¨®rico dirigente del sindicalismo policial y persona p¨²blicamente comprometida desde antiguo en la lucha por la democracia, y de otros polic¨ªas progresistas que hab¨ªan sido marginados durante la etapa de Jos¨¦ Barrionuevo al frente del Ministerio del Interior, no es s¨®lo un acto de justicia hist¨®rica. Tambi¨¦n es un indicio de que el actual ministro del Interior, Jos¨¦ Luis Corcuera, en algo ha cambiado la pol¨ªtica de personal y la forma de llevar los asuntos de un departamento ministerial tan complicado. No era l¨®gico, y desde luego ten¨ªa muy dif¨ªcil justificaci¨®n, que polic¨ªas que desde las postrimer¨ªas del franquismo ven¨ªan luchando en el arriesgado medio policial por el advenimiento de un r¨¦gimen de libertades en Espa?a fueran postergados en su promoci¨®n profesional e incluso perseguidos por un Gobierno que en su programa electoral defend¨ªa la adopci¨®n de una serie de medidas tendentes a la democratizaci¨®n y racionalizaci¨®n de las estructuras policiales.No se trata ahora de enjuiciar hist¨®ricamente la Pol¨ªtica policial, y en general de orden p¨²blico, que llev¨® a cabo el partido socialista en el per¨ªodo 1983-1986 y los comportamientos del equipo pol¨ªtico que en aquellos a?os rigi¨® los destinos del Ministerio del Interior. Basta comprobar que el choque entre lo prometido en su programa electoral por los socialistas y la dura realidad fue especialmente visible en ese ministerio, hasta el punto de provocar la dimisi¨®n, en enero de 1984, de Carlos Sanju¨¢n, primer subsecretario socialista en este departamento, que simbolizaba en aquellos momentos la pol¨ªtica del cambio en el ¨¢rea policial. Aparte de enfrentamientos personales, que los hubo y en abundancia, entre los integrantes de la c¨²pula de Interior de entonces, lo que realmente se libraba en aquellos momentos era una ¨¢spera batalla sobre el modelo policial -militar, civil o una mezcla de ambos modelos- que deb¨ªa existir en un Estado democr¨¢tico y sobre su ritmo de implantaci¨®n y desarrollo.

La aprobaci¨®n, en marzo de 1986, de la ley org¨¢nica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cerr¨®, si no pol¨ªticamente s¨ª al menos legalmente, la pol¨¦mica suscitada en torno a esta cuesti¨®n fundamental para el funcionamiento del Estado democr¨¢tico. Muchos han considerado que la organizaci¨®n policial consagrada en dicha ley queda lejos de las primitivas reformas propuestas por el PSOE, entre ellas, la racionalizaci¨®n de las estructuras policiales, con vistas a un mayor rendimiento; la especializaci¨®n de las diferentes polic¨ªas, el reforzamiento de la dependencia de la Guardia Civil del Ministerio del Interior, la coordinaci¨®n de la polic¨ªa del Estado y de la Guardia Civil con las polic¨ªas auton¨®micas y municipales, nuevos sistemas de selecci¨®n y formaci¨®n de personal y el amparo del derecho de sindicaci¨®n. La reivindicaci¨®n de este derecho fue precisamente una de las causas que m¨¢s influyeron en la marginaci¨®n de polic¨ªas sindicalistas y progresistas en la etapa de Barrionuevo al frente de Interior y lo que motiv¨® que las relaciones entre ambas instancias se saldaran con un rosario de conflictos y tensiones.

Puede ser que este grupo de polic¨ªas, apartados, sancionados y perseguidos en aquella etapa, y ahora felizmente recuperados, no fueran humana y profesionalmente mejores ni peores que muchos de sus compa?eros promocionados por el anterior ministro del Interior. Pero es seguro que eran entonces, y lo siguen siendo ahora, m¨¢s respetuosos con la legalidad constitucional que algunos polic¨ªas aupados en los ¨²ltimos a?os a puestos operativos de gran responsabilidad tras haberse dedicado en la dictadura a perseguir dem¨®cratas. Con su vuelta a los cauces normales de promoci¨®n policial y el ascenso de algunos de ellos a puestos de responsabilidad operativa se rescata un capital humano y profesional que estaba siendo injusta y absurdamente dilapidado.