La CE inicia un procedimiento de infracci¨®n contra Espa?a por la 'rebeli¨®n fiscal' de Canarias
La Comisi¨®n Europea ha decidido iniciar un procedimiento de infracci¨®n contra Espa?a por la negativa del Gobierno aut¨®nomo de Canarias a rebajar el arbitrio insular conforme a lo previsto en el tratado de adhesi¨®n. La carta de emplazamiento (mise en demeure) que desencadenar¨¢ el proceso ser¨¢ enviada en los pr¨®ximos d¨ªas, seg¨²n inform¨® el director general de la Uni¨®n Aduanera y Fiscalidad Indirecta de la CE, el portugu¨¦s Emilio Rui Vilar. La decisi¨®n ha sido comunicada verbalmente al representante permanente de Espa?a ante la CE, Carlos Westendorp.
El origen del conflicto entre Espa?a y la CE radica en la decisi¨®n del Gobierno aut¨®nomo canario de suspender el desarme del arbitrio insular que se aplica contra las importaciones. Sobre este impuesto -"discriminatorio", de acuerdo al criterio de la Comunidad Europea- existe la obligaci¨®n de desmantelamiento gradual hasta su total desaparici¨®n en enero de 1993. Este compromiso est¨¢ asumido en el acta de adhesi¨®n de Espa?a a la CE.La negativa a aplicar a partir del 1 de enero el 15% de rebaja en la tarifa del arbitrio prevista para este a?o responde a una rebeli¨®n fiscal canaria para presionar a la Administraci¨®n central a que negocie una mejora de las condiciones del archipi¨¦lago dentro de la Comunidad.
El director general de la Uni¨®n Aduanera y Fiscalidad Indirecta de la CE, Rui Vilar, llam¨® en los primeros d¨ªas de enero al representante espa?ol en Bruselas, Carlos Westendorp, y le emplaz¨® a que el Gobierno tomara las medidas oportunas. El embajador pidi¨® tiempo para recabar una respuesta, sobre todo con la intenci¨®n de no estropear la puesta en escena de la presidencia espa?ola de la CE. El 17 de enero, el ministro de Exteriores, Francisco Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, present¨® los objetivos del semestre ante el Parlamento Europeo, y el d¨ªa 23, los titulares de Exteriores y de Agricultura inauguraron el mandato con la presidencia de sendos consejos de ministros comunitarios.
Tribunal de Justicia
Pasado el plazo de tregua, Rui Vilar volvi¨® a ponerse en contacto anteayer con Westendorp y le comunic¨® que la Comisi¨®n Europea enviar¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas la carta de emplazamiento al Gobierno.
"La situaci¨®n", declar¨® el director general de la CE a este peri¨®dico, "es de infracci¨®n evidente, y como no hay perspectiva de evoluci¨®n positiva, la Comisi¨®n Europea tiene la obligaci¨®n de iniciar el procedimiento de infracci¨®n".
El Gobierno, de no poner remedio a la situaci¨®n, contar¨¢ con un plazo para presentar sus alegaciones, transcurrido el cual la comisi¨®n emitir¨¢ un dictamen motivado. De no alcanzarse un acuerdo, la salida ¨²ltima ser¨¢ elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la CE.
Fuentes de la Administraci¨®n manifestaron que se han mantenido contactos con las autoridades canarias para buscar una soluci¨®n a "esta salida de pata de banco". Representantes del Gobierno canario, encabezados por su presidente, Lorenzo Olarte, han negociado estos d¨ªas en Madrid, y para el 6 de febrero est¨¢ prevista una visita al archipi¨¦lago del secretario de Estado de Hacienda, Jose Borrell.
Competencias auton¨®micas
Aunque el Gobierno tiene la obligaci¨®n de cumplir el acta de adhesi¨®n, ya que "un tratado internacional es de aplicaci¨®n directa, igual que cualquier ley org¨¢nica", su actitud de prudencia obedece al inter¨¦s de no crispar el problema con un conflicto a?adido de competencias auton¨®micas. Los juristas no se ponen de acuerdo sobre si el arbitrio es un tributo nacional o s¨®lo insular, mientras el art¨ªculo 37.2 del Estatuto de Autonom¨ªa de Canarias confiere al Ejecutivo aut¨®nomo competencias de gesti¨®n e inspecci¨®n fiscal. Al parecer, el Gobierno aut¨®nomo, antes de lanzar su reto, estaba bien asesorado.
Cuando tom¨® la decisi¨®n, el nuevo presidente auton¨®mico, Lorenzo Olarte, no hizo sino cumplir la amenaza anunciada en noviembre por su antecesor en el cargo, tambi¨¦n del CDS, Fernando Fern¨¢ndez. "Si no suprimen las barreras contra nuestros productos, nosotros levantaremos barreras contra ellos", anunci¨® este ¨²ltimo entonces.
El Parlamento de Canarias aprob¨® el pasado 8 de marzo un memor¨¢ndum en el que se exige mantener el estatuto especial en la CE, que deja a las islas fuera de la Uni¨®n Aduanera, de la pol¨ªtica comercial y de la aplicaci¨®n del IVA.
E[ ingreso en la Pol¨ªtica Agr¨ªcola Com¨²n (PAC) es contemplado ¨²ltimamente como una posibilidad. Los canarios piden mantener la salvaguardia de importar los productos comunitarios a precios m¨¢s baratos, benefici¨¢ndose de las restituciones comunitarias a la exportaci¨®n, pero no estar sometidos a contingentes y otras trabas para la venta de sus productos. El Gobierno se ha negado hasta el momento a respaldar estas tesis en Bruselas porque considera que es "pedir imposibles".
Sobre la "situaci¨®n canaria", la Comisi¨®n Europea est¨¢ elaborando un informe que en principio deber¨ªa comenzar a discutirse durante este semestre de presidencia espa?ola.
Reforma fiscal
Los Gobiernos central y canario mantienen, al margen, un contencioso sobre la reforma del r¨¦gimen econ¨®mico y fiscal del archipi¨¦lago. La recaudaci¨®n del arbitrio insular se estimaba en 1986 entre 40.000 y 50.000 millones de pesetas anuales. Canarias plantea a Hacienda la compensacion por su desaparici¨®n, pero no hay acuerdo sobre las cifras.
Hasta ahora se ha procedido al desmantelamiento parcial de la tarifa general (entre un 1% y un 5%) del arbitrio. Los descrestes -un 10% en marzo de 1986 y un 15% en enero de 1987 y 1988- se hab¨ªan realizado sin problemas mediante una circular de orden interno emitida por el Gobierno aut¨®nomo. "Hubo s¨®lo que hacer una correcci¨®n para extender ese desarme a productos importados de la EFTA (Asociaci¨®n Europea de Libre Comercio) y no s¨®lo de la CE". Desde el pasado 1 de enero, esa orden para recortar un nuevo 15% y situar la rebaja en un 52,5% del total no se ha producido. Existe adem¨¢s un arbitrio espec¨ªal, de entre un 6% y un 24% de tarifa, que se aplica a la importaci¨®n a 24 productos considerados sensibles para los intereses econ¨®micos canarios. Esta tarifa especial deber¨¢ desaparecer de golpe tambi¨¦n en 1993.
Hacienda estima que la recaudaci¨®n no se ha visto afectada por la reducci¨®n, puesto que las importaciones canarias procedentes de la CE han crecido espectacularmente. Han pasado de 65.000 millones de pesetas en 1985 a 337.500 en 1987. Es justamente este a?o cuando iba a empezar a notarse el declive en la recaudaci¨®n.
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