El embrollo canario

EL GOBIERNO acord¨® ayer plantear conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional si en el plazo de un mes el Ejecutivo canario no responde al requerimiento que se le formula para que cumpla la normativa comunitaria sobre rebaja de aranceles para mercanc¨ªas procedentes de la CE. Se abre un plazo de 30 d¨ªas para que los Gobiernos central y aut¨®nomo canario negocien una regla que permita conjugar la defensa de los intereses locales con los compromisos contra¨ªdos por Espa?a en el acta de adhesi¨®n a las Comunidades. Es de esperar que esa negociaci¨®n permita desterrar definitivamente los fantasmas de intervenciones m¨¢s en¨¦rgicas del Estado, contempladas en la Constituci¨®n para casos excepcionales, y que podr¨ªan suponer un preocupante antecedente.El archipi¨¦lago, que forma parte a todos los efectos de la CE, dispone de un estatuto fiscal especial por el que no se aplica el IVA, a fin de salvaguardar las ventajas de su posici¨®n como puerto franco. A cambio, sus productos agrarios, orientados preferentemente a la exportaci¨®n, est¨¢n sometidos a contingentes y aranceles que los sit¨²an en desventaja respecto a pa¨ªses competidores, como Israel o Marruecos. Este modelo fue elegido por los propios canarios frente a otras posibilidades barajadas en v¨ªsperas del ingreso de Espa?a en las Comunidades. Con ello se favorec¨ªa al sector servicios en perjuicio de otros de la econom¨ªa insular. En la negociaci¨®n previa al ingreso en la CE, Espa?a se comprometi¨® a suprimir paulatinamente, antes de 1993, los arbitrios que han de pagar las mercanc¨ªas comunitarias, principal fuente de financiaci¨®n de municipios y cabildos insulares.

La mayor¨ªa de los partidos canarios, con independencia de su ideolog¨ªa, ha hecho frente com¨²n en la defensa de un status que pretend¨ªa compaginar las ventajas de la adhesi¨®n con las del aislamiento, utilizando para ello argumentos en los que se mezcla el amparo de intereses leg¨ªtimos con demagogias particularistas. Esta mixtura ha envenenado la discusi¨®n, impidiendo un planteamiento racional del problema. Ante la falta de acuerdo, el Gobierno canario decidi¨® unilateralmente no aplicar la reducci¨®n arancelaria de un 15%, que ten¨ªa que haber entrado en vigor el pasado 1 de enero. Inmediatamente, Bruselas advirti¨® de la irregularidad al Gobierno espa?ol, que, por cierto, ha de pagar a las arcas comunitarias la parte proporcional del IVA correspondiente a Canarias.

Durante m¨¢s de un mes, y coincidiendo con el inicio del semestre de presidencia espa?ola, se ha asistido a una escalada de amenazas y desatinos. El nuevo presidente canario, el centrista Lorenzo Olarte, hab¨ªa solicitado hace un mes una entrevista con el presidente del Gobierno. Desde la Moncloa se adujo la apretada agenda de Felipe Gonz¨¢lez, proponi¨¦ndose un encuentro con el ministro Almunia. Olarte ha respondido que su misma apretada agenda le impide aceptar esa entrevista. Este m¨¦todo, naturalmente, es inservible para conocer qu¨¦ se discute, aunque ponga a prueba el protocolo del Estado de las autonom¨ªas. Tambi¨¦n es cierto que la amenaza del Gobierno central de aplicar el art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n, en virtud del cual una comunidad aut¨®noma podr¨¢ ser obligada "al cumplimiento forzoso" de determinadas obligaciones, no ha contribuido a clarificar la discusi¨®n.

M¨¢s all¨¢ del caso concreto, el conflicto canario plantea uno de los puntos d¨¦biles de la actual estructuraci¨®n territorial del Estado. A saber, la ausencia de una instancia que armonice los intereses particulares con los generales. Sin esa instancia -por ejemplo, el Senado-, los defensores de los particularismos jugar¨¢n siempre con ventaja frente a quien pretenda representar los intereses generales del Estado. En igualdad de condiciones, ?qu¨¦ partido vasco va a atreverse a defender un aumento del cupo o qu¨¦ partido canario va a aceptar defender ante sus electores medidas de racionalizaci¨®n fiscal que pongan en peligro ciertos privilegios hist¨®ricos?