Barranco lleva la contrataci¨®n de una empresa de un ex concejal del PSOE a la comisi¨®n de vigilancia

El alcalde de Madrid, Juan Barranco, llevar¨¢ a la comisi¨®n de vigilancia de la contrataci¨®n -en la que est¨¢n representadas todas las fuerzas pol¨ªticas del Ayuntamiento- el expediente del contrato adjudicado directamente el 13 de enero, a propuesta de Emilio Garc¨ªa Horcajo, responsable de seguridad y Polic¨ªa Municipal, a favor de la empresa que result¨® estar presidida por el ex concejal socialista Miguel Lara. Responsables del Ayuntamiento indicaron ayer que el contrato qued¨® sin efecto el pasado viernes, 28 d¨ªas despu¨¦s de la adjudicaci¨®n, y que as¨ª le fue comunicado al Centro Democr¨¢tico y Social (CDS), partido del que surgi¨® la denuncia y que, sin embargo, no difundi¨® la nueva decisi¨®n del equipo de gobierno.

El primer teniente de alcalde, Luis Larroque, reconoci¨® que el 13 de enero la Comisi¨®n de Gobierno tom¨® la decisi¨®n de adjudicar directamente un contrato a la Compa?¨ªa Espa?ola para el Tratamiento, Asesoramiento y Servicios de Seguridad (Cetas de Seguridad). Esta decisi¨®n se apoy¨® en un informe t¨¦cnico que recomendaba la contrataci¨®n por adjudicaci¨®n directa "por razones urgentes de seguridad" y consideraba que la propuesta m¨¢s ventajosa era la de esta empresa. Cetas de Seguridad cobrar¨ªa 49.999.835 pesetas por realizar una inspecci¨®n en 825 edificios municipales y ver su estado de seguridad en cuanto a incendios.Seg¨²n la versi¨®n del primer teniente de alcalde, cinco o seis d¨ªas despu¨¦s de la adjudicaci¨®n, Emilio Garc¨ªa Horcajo tuvo conocimiento de que un ex concejal del PSOE, Miguel Lara, pod¨ªa formar parte del consejo de administraci¨®n de la empresa adjudicataria. Tras comprobar en el Registro Mercantil que Lara presid¨ªa la empresa, el pasado d¨ªa 3 Larroque solicit¨® al secretario general del Ayuntamiento un informe que fue entregado tres d¨ªas despu¨¦s. En ¨¦l se indica que el expediente analizado es legal y no se ve defecto alguno en su tramitaci¨®n, al estar justificada la urgencia, haberse solicitado propuestas a m¨¢s de tres empresas y ser adecuado el informe t¨¦cnico. "Acaso haya un punto que no queda claro en el expediente y es el de la acreditaci¨®n de la personalidad jur¨ªdica de los ofertantes", dice el informe. El secretario indica que en las adjudicaciones directas, al contrario de los concursos, los documentos acreditativos, se entregan al formalizar el contrato.

Ese mismo d¨ªa Garc¨ªa Horcajo, aduciendo la necesidad de coordinar todos los sistemas inform¨¢ticos en marcha, indica que el plan de seguridad en edificios municipales debe ser acometido en su totalidad y no de una forma parcial, por lo que "se hace necesario dejar sin efecto la adjudicaci¨®n y convocar concurso p¨²blico". As¨ª fue recogido por la secci¨®n de asuntos generales del Ayuntamiento el d¨ªa 8, el mismo d¨ªa en que el Centro Democr¨¢tico y Social puso en conocimiento de este peri¨®dico la investigaci¨®n realizada por el grupo hasta ese momento. En ella se inclu¨ªa una petici¨®n al Registro Mercantil del d¨ªa 2 de febrero sobre la inscripci¨®n de Cetas de Seguridad.

Urgencia

Debido a la falta de tiempo para incluir la anulaci¨®n en el orden del d¨ªa de la comisi¨®n de gobierno, fue presentada con car¨¢cter de urgencia el mismo viernes antes de las nueve de la ma?ana. La comisi¨®n dej¨® sin efecto la adjudicaci¨®n y convoc¨® un concurso p¨²blico por un precio tipo de licitaci¨®n de 50 millones de pesetas, al tiempo que aprobaba los pliegos de condiciones. Acabada esta comisi¨®n, Larroque comunic¨® el acuerdo adoptado a Javier Soto, portavoz adjunto del CDS, aunque ning¨²n miembro de este grupo inform¨® sobre esta novedad hasta ayer, cuando ya hab¨ªa sido publicada su propia denuncia.

"El equipo de gobierno dej¨® sin efecto la adjudicaci¨®n de una forma aut¨®noma y tras un an¨¢lisis complejo. Esta decisi¨®n fue tomada mucho antes de que el tema se convirtiera en un problema pol¨ªtico. Nos anticipamos as¨ª, en una posici¨®n de extremo rigor, a la elaboraci¨®n de una legislaci¨®n estatal que regule estas situaciones", dijo Larroque. "La legalidad seguramente est¨¢ de parte del adjudicatario, pero nos pareci¨® que hab¨ªa razones suficientes para dejar sin efecto el acuerdo y asumir las responsabilidades que se deriven de ello, incluidas las econ¨®micas. En el caso de que hubiera una reclamaci¨®n de la empresa y los servicios jur¨ªdicos municipales no pudieran defender la decisi¨®n del equipo de gobierno, los miembros de ¨¦ste nos har¨ªamos cargo de la indemnizaci¨®n. No puede quedar la m¨ªnima duda de que las adjudicaciones municipales se hacen de una forma transparente", dijo. Larroque a?adi¨® que no se hab¨ªa dado publicidad al tema porque prefirieron llevarlo "con una relativa discrecci¨®n".

Larroque dijo que el alcalde, Juan Barranco, ya hab¨ªa dado ¨®rdenes para que se enviara el expediente a la Comisi¨®n de Vigilancia de la Contrataci¨®n con el fin de que se analicen los pasos dados. La comisi¨®n deber¨¢ estudiar adem¨¢s una propuesta que regule definitivamente los criterios a aplicar en este tipo de contratos, los l¨ªmites de un exconcejal y el tiempo en el que estar¨¢ afectado. Los tres grupos de la oposici¨®n criticaron ayer con dureza la citada adjudicaci¨®n directa y pidieron que el expediente sea estudiado urgentemente por la Comisi¨®n de Vigilancia de la Contrataci¨®n.