El valor del consenso

DOS INSTITUCIONES altamente representativas del Estado democr¨¢tico -el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial- han renovado recientemente su composici¨®n. En el primero, la reelecci¨®n de su actual titular, Francisco Tom¨¢s y Valiente, por otros tres a?os, ha sido acompa?ada de la designaci¨®n como vicepresidente de Francisco Rubio y Llorente, un magistrado de la primera hora, con criterio y de reconocida influencia en la instituci¨®n, cuyos votos particulares, como el famoso a favor de la televisi¨®n privada, siempre han sido estudiados con inter¨¦s. Adem¨¢s, al alto tribunal -renovable por tercios de sus 12 miembros cada tres a?os- han llegado tres nuevos magistrados (el cuarto de los renovados repite el mandato para el que fue elegido en febrero de 1986). Por su parte, el Consejo General ha cubierto tres vacantes producidas entre sus 20 vocales por el fallecimiento de uno de ellos y la jubilaci¨®n de otros dos.Ni la duraci¨®n del mandato de los miembros de las dos instituciones -nueve a?os en una y cinco en la otra- ni el sistema de elecci¨®n -parcialmente parlamentaria en una y totalmente en la otra- son exactamente iguales. Sin embargo, el consenso pol¨ªtico juega necesariamente en la designaci¨®n parlamentaria de los integrantes de ambas instituciones: de ocho de sus 12 miembros en el caso del Tribunal Constitucional (la elecci¨®n de los otros cuatro se la reservan a partes iguales el Ejecutivo y el Consejo General de Poder Judicial), y de todos ellos en el caso del ¨®rgano de gobierno de las jueces.

En el actual relevo es f¨¢cilmente observable la proporci¨®n casi matem¨¢tica con que se ha procedido de acuerdo con el equilibrio existente entre la mayor¨ªa y la oposici¨®n: los socialistas colocan a dos candidatos suyos en cada una de las instituciones, y la derecha conservadora, a uno. Aunque el empe?o del Partido Popular en proponer para el ¨®rgano de gobierno de los jueces al magistrado ultraconservador Roberto Garc¨ªa Calvo rompe de alguna manera el esp¨ªritu del consenso respetado hasta ahora en la elecci¨®n de instituciones b¨¢sicas del r¨¦gimen democr¨¢tico.

La etapa que se abre con la nueva renovaci¨®n parcial del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial deber¨ªa estar marcada por su definitivo asentamiento institucional. Tom¨¢s y Valiente y Rubio y Llorente, al frente de un Tribunal Constitucional mayoritariamente abierto al progreso, tienen la ocasi¨®n de reforzar la meritoria labor de este ¨®rgano institucional a favor de una mayor penetraci¨®n de los valores constitucionales en el tejido social y pol¨ªtico. Labor que no deber¨ªa quebrarse ante la raz¨®n de Estado como ha ocurrido, por ejemplo, en cuestiones como la legislaci¨®n ant¨ªterrorista y la objeci¨®n de conciencia.

La aportaci¨®n de tres nuevos vocales al Consejo General del Poder Judicial se produce en'un momento de mayor equilibrio interno, tras la sacudida que supuso en 1985 el cambio de elecci¨®n corporativa de sus miembros por la parlamentaria. A un primer per¨ªodo marcado por el seguidismo ledesmista de algunos de sus componentes -lo que contribuy¨® a extender la sensaci¨®n de enfeudamiento del ¨®rgano de gobierno de los jueces en el Ejecutivo- ha sucedido una etapa en la que el Consejo General del Poder Judicial parece haber asumido con determinaci¨®n el papel institucional que le corresponde. La conexi¨®n con la soberan¨ªa popular a trav¨¦s de la elecci¨®n parlamentaria de sus miembros le coloca en la mejor posici¨®n para ejercer su tarea con sentido de Estado y ser sensible, al mismo tiempo, a las demandas sociales. Ello aleja del ¨®rgano de gobierno del poder judicial. la tentaci¨®n de convertirse en una especie de ejecutiva de un sindicato gremialista, cerrado sobre s¨ª mismo, exclusivamente reivindicativo y siempre insatisfecho con la pol¨ªtica judicial dise?ada desde el Ejecutivo.